Las “coincidencias nefastas” en el 'caso De Miguel'
El ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, primero como responsable de la Industrialdea del Valle de Ayala y desde 2007 como diputado alavés de Administración Local y Equilibrio Territorial (Urbanismo), tenía una relación “profesional” con Sergio Fernández Oleaga, de la empresa Stoa, que se forjó en unas obras que esta compañía realizó en Amurrio para el Industrialdea. En la fase de investigación Fernández Oleaga se refirió a quien todos conocen como Txitxo como “padrino”, forzado porque así consta en una de las grabaciones aportadas por la denunciante del 'caso De Miguel', Ainhoa Alberdi. Ahora, en el juicio, Fernández Oleaga ha matizado que lo dijo “en el sentido de que tiene un buen concepto” por el trabajo realizado en Amurrio, no porque se valiese de su influencia para obtener contratos a cambio de comisiones.
Según el abogado del ingeniero, Francisco Javier Villarrubia, todos los vínculos de su cliente con De Miguel aparecidos en el sumario del caso son “coincidencias nefastas” que “hábilmente” han sido “utilizadas” por la Fiscalía para construir su petición de 12 años de cárcel. Fernández Oleaga, sin embargo, se ha acogido a su derecho a no contestar a las preguntas del ministerio fiscal para rebatir esas acusaciones y ha optado por limitarse a exponer su versión a preguntas de letrado, aunque éste ha bromeado que ha introducido también cuestiones “comprometidas” para esclarecer los hechos.
Stoa aparece por vez primera en el 'caso De Miguel' cuando la denunciante, Alberdi, asegura que una de las condiciones que impuso el político para que su empresa Urbanorma Consulting recibiera en 2006 el contrato de ampliación del parque tecnológico de Miñano fue que subcontratara a Fernández Oleaga. El ingeniero ha negado que la mano de Txitxo estuviera detrás y que aquel trabajo le fue adjudicado de manera ordinaria. No ha mencionado que se barajaron tres ofertas para aquellos trabajos de levantamiento topográfico, que las otras dos eran de las empresas que comparten oficina y socios con Stoa (ARK y Okandi) y que fue el propio Fernández Oleaga el que aportó esos datos, aunque llegaron con membretes diferentes, firmas diferentes y propuestas de precio diferentes. Sí ha tenido que reconocer que, eso sí, Stoa no realizó ese trabajo, ya que a su vez lo subcontrató a Garoa. Lo hizo porque su topógrafo tenía mucha carga de trabajo, según ha alegado para rechazar que aquello constituyera una irregularidad.
Fernández Oleaga dirigía y dirige Stoa, cuyos medios humanos ha detallado el empresario. Colabora además con las mencionadas ARK y Okandi, vinculadas a Ion Buesa, exrepresentante del PNV en las Juntas Generales de Álava. Sin embargo, decidió constituir una sociedad con De Miguel llamada Marratik, domiciliada en el mismo lugar que Kataia Consulting, la principal empresa del entramado que controlaba el político y que es objeto de investigación. Según le ha explicado a su abogado, “la idea era hacer lo mismo” que en Stoa. Es más, “la parte técnica la iba a hacer Stoa”. ¿Y De Miguel? Iba a poner su “facilidad para tratar con industriales”.
Su abogado, sin embargo, no ha incluido entre su batería de preguntas “comprometedoras” que, como se supo en la fase de instrucción dirigida por el juez de Vitoria Roberto Ramos, el político “no quería aparecer en la escritura” y se presentó en la notaría con otro amigo, el también imputado Iñaki San Juan, que nada tiene que ver con el Urbanismo y que se sienta en el banquillo porque sus empresas Errexal y Ortzi Muga, que también tienen lazos con Kataia Consulting, recibieron contratos 'a dado' desde la Dirección de Juventud del Gobierno vasco. Fernández Oleaga ha repetido en varias ocasiones que Marratik no llegó a operar nunca y que, de hecho, se desactivó porque De Miguel pasó a ser diputado.
El punto crítico para Fernández Oleaga es el contrato que recibió Stoa entre finales de 2008 y principios de 2009, correspondiente a la segunda fase de la ampliación de Miñano y que todavía hoy continúa vivo aunque, según el acusado, sin que esté facturando cantidad adicional alguna. Al contrario que en la primera fase, el contratista principal iba a ser Stoa y la empresa de Alberdi, ahora rebautizada como Alberdi & Vicinay, la subcontrata. Según la denunciante, en aquellas fechas De Miguel le exigió pasar por caja y pagarle una comisión de 100.000 euros por el contrato. Como se negó, relata, ordenó a Stoa que no contase con ella en Miñano.
A partir de ahí, la adjudicación, realizada con un concurso, entró en un remolino de vicisitudes. Fernández Oleaga hizo una “columpiada” y presentó por hacer “corta-pega” un presupuesto de unos 350.000 euros cuando, si se atiende al desglose, pretendía cobrar 500.000, que no habría sido la mejor oferta económica. La empresa Lugarfive hizo ademán de recurrir y, según la Ertzaintza y la Fiscalía, los gestores de Miñano manipularon los expedientes del concurso para justificar que Stoa tuviese la mayor puntuación. La acusación argumenta que en aquellas fechas Stoa ingresó unos 3.500 euros en las cuentas de otra mercantil de De Miguel, Eskalmelo, una presunta comisión.
El acusado lo ha negado con rotundidad y ha dicho desconocer que Eskalmelo fuese una empresa de De Miguel. En realidad, él asegura haber contratado al socio del político en esta mercantil, Eduardo Pérez, para realizar unos trabajos de levantado de tapas de alcantarilla en municipios del norte de Álava. Sin embargo, no se facturaron a la empresa de Pérez y sí a Eskalmelo, que nunca tuvo medios ni materiales ni humanos para hacer lo que técnicamente Fernández Oleaga ha llamado un GIS. El acusado ha negado el “triángulo” entre su persona, Pérez y De Miguel y es ahí donde su letrado Villarrubia se ha referido a las “nefastas coincidencias” de fechas y personas.
De hecho, ha insistido en que esos trabajos con Pérez están publicados en la 'web' de la Diputación. Si se consulta el municipio de Arrazua-Ubarrundia, por ejemplo, consta que Stoa y Geotech realizaron ese mapeo. Se dan tres nombres de profesionales que trabajaron en ello. Sin embargo, ni Pérez ni Eskalmelo aparecen ahí.
Lo que siguió después fueron meses de negociaciones en los que, finalmente, Stoa y Lugarfive llegaron a un acuerdo para trabajar conjuntamente en Miñano, aunque Alberdi seguía reclamando su participación. El presidente del tribunal, Jaime Tapia, ha manifestado que “produce cierta sorpresa” que haya un concurso y “por la parte de atrás” se altere el resultado del concurso con “naturalidad”. Fernández Oleaga ha indicado que el parque tecnológico lo autorizó plenamente.
