Ni el macrojuicio de corrupción sobrevive a la huelga de jueces y fiscales
La huelga de jueces y fiscales en España ha tenido una importante afección en el día a día de los juzgados vascos. Simbólicamente, el paro ha detenido incluso el macroproceso de corrupción que se sigue en la Audiencia Provincial de Álava contra el exdirigente del PNV Alfredo de Miguel y otros 25 imputados, que estas semanas vive uno de sus momentos álgidos al analizar el fallido 'pelotazo' urbanístico en Zambrana, valorado en 65 millones y que presuntamente reportó pingües comisiones al entorno de De Miguel. Según datos oficiales, un 43,51% de los togados no han acudido a su puesto, 104 de 239.
“Se han suspendido la mayoría de procedimientos”, explicaba a mediodía un magistrado con plaza en Vitoria y que hasta ahora había participado religiosamente en los paros parciales de las últimas semanas. Aner Uriarte, decano de Bilbao, ha expresado igualmente que “decenas de juicios” han quedado paralizados. Esta convocatoria, respaldada por todas las principales asociaciones profesionales de jueces y fiscales, aspira a que el Ministerio de Justicia atienda viejas reclamaciones de la judicatura, desde mejores condiciones laborales hasta nuevas inversiones en el tercer poder del Estado. Otro de los puntos de la plataforma es lograr más medios contra la corrupción.
La suspensión del 'caso De Miguel' habría sido impensable si la huelga fuera de funcionarios. La última orden de servicios mínimos del Gobierno vasco -de cara a la huelga feminista del 8 de marzo- estipulada que se tendrían que celebrar sí o sí los juicios penales con peticiones de penas superiores a un año. En este asunto, sólo Alfredo de Miguel se enfrenta a 54 años de cárcel.
La “solidaridad” del presidente del Superior
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, no ha hecho huelga porque lo “impide” su “posición institucional”, pero a través de un comunicado conjunto de los 17 máximos responsables judiciales autonómicos ha mostrado su “solidaridad” con el “intento” de las asociaciones profesionales de “mejorar la situación actual” de la Justicia. Según este comunicado, las reivindicaciones son “justas y legítimas” porque la Administración de Justicia sufre “graves carencias” que “han desembocado en una situación insostenible”. La fiscal superior, Carmen Adán, ha mantenido una postura similar en esta jornada.
La convocatoria de huelga de 2008 es especial, según han coincidido varios de los participantes. Los ministros Mariano Fernández Bermejo, Francisco Caamaño y Alberto Ruiz Gallardón ya vivieron distintas movilizaciones, pero la de ahora contra Rafael Catalá es la primera unitaria del conjunto de agrupaciones profesionales. Las asociaciones no descartan una convocatoria indefinida si la situación no cambia.
Formalmente, estos altos funcionarios no tienen reconocido el derecho a la huelga, como ocurre en otros sectores como la Policía o los parlamentarios. De hecho, en la última movilización de estas características el Ministerio de Justicia ni siquiera pudo descontar la parte proporcional del sueldo, como ocurre con el resto de trabajadores. Eso habría sido tanto como reconocer 'de facto' esa prerrogativa.
