El Gobierno vasco se agarra a “nueve procesos judiciales” favorables para evitar acusar en el ‘caso Margüello’
La Fiscalía de Bizkaia se quedará sola como acusación en el juicio del ‘caso Margüello’, de presuntas irregularidades en la externalización de servicios sanitarios durante la etapa de Gabriel Inclán (PNV) como consejero del ramo. Donde el ministerio público ve “prevaricación en concurso medial con malversación”, “fraudes ilegales contra la Administración” y “negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos” que sumarían un quebranto económico de 6,8 millones, los servicios jurídicos del Ejecutivo no aprecian delitos porque es “absolutamente imprescindible tomar en consideración los nueve pronunciamientos judiciales que se han producido en los últimos diez años” y que no aprecian irregularidades. Según el portavoz del Gobierno y responsable político de los servicios jurídicos como consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, los letrados autonómicos, eso sí, reclamarán “hasta el último céntimo” de los 6,8 millones que la Fiscalía plantea restituir si “hipotéticamente” la sentencia estima que se han producido delitos.
El ‘caso Margüello’ fue denunciado en 2009 por el entonces consejero de Sanidad del PSE-EE, Rafael Bengoa. Tras varios años de investigación, el procedimiento se cerró en 2016 con tres ex altos cargos de Inclán acusados: el viceconsejero Rafael Cerdán, el director territorial de Sanidad en Bizkaia, José Ramón Elorriaga, y el principal protagonista de la trama, el director de calidad de Cruces, José Carlos Margüello. Según la Fiscalía, los dos primeros cargos beneficiaron a sabiendas a dos empresas vinculadas con Margüello y en las que la cuarta imputada, María Nieves Fernández, ejercía como testaferro.
La fiscal-jefe de Bizkaia, Carmen Adán, emitió un duro escrito de acusación contra los cuatro imputados, a los que solicitaba penas de hasta 11 años de prisión por estos hechos. La estimación económica de este fraude en la contratación se fijó en 6,8 millones de euros.
El Ejecutivo vasco, personado en la causa, no solicitará penas de prisión, ya que se limitará a ejercer como “actor civil perjudicado”. Es el mismo papel que el Gobierno del PNV ha ejercido en el ‘caso De Miguel’, el mayor sumario de corrupción conocido en Euskadi y que, entre sus derivadas, tenía acreditadas irregularidades en contratos del área de Cultura y de Industria.
Según Erkoreka, preguntado por los periodistas al respecto en su rueda de prensa semanal, los letrados del Gobierno han tenido en cuenta dos procedimientos penales archivados con anterioridad y siete contenciosos-administrativos. Nueve causas, ha repetido el portavoz gubernamental, que indicarían que no habría irregularidades en estas contrataciones sanitarias. El propio consejero actual de Salud, Jon Darpón, se adhirió en su momento a un escrito que renegaba de las actuaciones políticas y judiciales en torno al ‘caso Margüello’.
“En este tipo de procedimientos, el criterio del Gobierno es siempre el de sus servicios jurídicos. Y en este caso han considerado absolutamente imprescindible tomar en consideración los nueve pronunciamientos que se han producido en los últimos diez años”, ha enfatizado Erkoreka. Incluso ha citado un caso que acabó en el Tribunal Supremo y que obligó a Sanidad a pagar a las empresas investigadas 1,6 millones de euros por los servicios que habrían prestado.
No obstante, Erkoreka ha remarcado que siguiendo el mandato del Parlamento –una comisión de investigación especial acreditó las irregularidades- el Gobierno se mantendrá personado en la causa para “preservar” el interés público, para “impedir” que se produzca un “daño patrimonial” si “hipotéticamente” el tribunal da la razón a la Fiscalía. “El sentido es el de exigir la devolución del Gobierno de hasta el último céntimo de euro”, ha indicado el consejero-portavoz.
