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Un tercer caso de plagio cerca a Sánchez Robles

Javier Beramendi con Xabier Sánchez Robles, a la entrada del juzgado

Iker Rioja Andueza

El exdirector de Juventud del Gobierno vasco, Xabier Sánchez Robles (PNV), se enfrenta en el juicio del 'caso De Miguel' a penas de hasta 18 años de prisión por las adjudicaciones 'a dedo' que salieron de su oficina entre 2005 y 2009 y que recayeron en tres empresas muy concretas vinculadas al ex 'número dos' de su partido en Álava, Alfredo de Miguel, y que se llaman Errexal, Kataia Consulting y Ortzi Muga. Se le acusa de haber beneficiado a esa trama mercantil, principalmente porque contratos que suman unos 210.000 no consta que se realizaran, según certificó el propio Ejecutivo. La estrategia de defensa de Sánchez Robles, cuyo letrado es Javier Beramendi, se fundamentó en aportar una serie de documentos para probar que todos los informes contratados se contrataron. Lo ha hecho en dos tandas, primero en 2012, cuando declaró como imputado, y ahora antes del juicio, cuando ha reentregado ese material con sellos aparentemente oficiales del Gobierno vasco.

Eldiarionorte.es pudo comprobar que una memoria aportada por Sánchez Robles sobre un curso de dinamización juvenil contratado por unos 20.000 euros a Errexal y que, según el calendario de la 'web' del Observatorio Vasco de la Juventud nunca se llevó a cabo, estaba plagiada de los manuales de una academia de Galicia con dos décadas de experiencia en la materia. Asimismo, el acusado hizo suyo un documento entregado en 2011 por De Miguel como supuesta justificación de un trabajo de Kataia Consulting para el Gobierno. Ese documento copia fragmentos de dos textos de una conocida ONG que, además, fueron realizados en fechas posteriores a marzo de 2007, cuando aparentemente se entregó el informe original. Sánchez Robles reenvió al juzgado la carátula de esa prueba con un sello de esa fecha sobre el que pesan sospechas de falsificación.

Ahora este periódico ha hallado indicios de un tercer plagio entre el material aportado por exdirector de Juventud. Afecta a la tercera de las empresas bajo sospecha, Ortzi Muga, que recibió en 2007 la encomienda de elaborar un “estudio” sobre políticas de vivienda en Europa. El documento enviado por Sánchez Robles al juzgado toma prestados párrafos literales de otro informe que él mismo encargó en 2005 y que se titula 'El acceso de la juventud a la vivienda Euskadi en el contexto de la Unión Europea'. Ese documento, a diferencia del aparentemente elaborado por Ortzi Muga, está accesible en Internet, tiene registro y está archivado en el Servicio Central de Publicaciones del Gobierno vasco. Suma más de 300 páginas.

La Fiscalía ya hizo mención a este trabajo de 2005 en la sesión del juicio del pasado martes. El fiscal, Josu Izaguirre, subrayó lo innecesario de contratar en 2007 un informe a una empresa sin experiencia ni trabajadores después de haber elaborado en 2005 un amplio trabajo sobre la misma materia.

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