Aborto provocado: una prestación esencial en tiempos de pandemia

Para los/as profesionales de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, ACAI, la pandemia y la consecuente declaración del estado de alarma han supuesto un desafío muy importante; ante nosotros/as se abría el reto de asegurar la prestación sanitaria de aborto provocado con los mismos parámetros de seguridad, médica y jurídica, confidencialidad y libertad para la mujer. Y decimos asegurar y preservar porque en ningún momento nos planteamos la posibilidad de cerrar nuestros centros, al menos, no por nuestra voluntad. 

Tal y como declara la Organización Mundial de la Salud, y tal y como pensamos nosotros/as, la prestación de IVE es una prestación esencial y sabíamos, sabemos, que en coherencia con este planteamiento las clínicas acreditadas debían permanecer abiertas para atender a las mujeres que solicitaran una intervención de aborto provocado. En este sentido, tanto desde la derivación pública como desde los centros acreditados se ha luchado por garantizar el recurso, y ello pese al cierre o la concentración de algunos centros públicos, las bajas del personal médico, sanitario y administrativo y la falta o escasez de equipos de protección y medicamentos esenciales que hemos ido consiguiendo y asegurando con muchas dificultades. 

Había, hay, que asegurar a las mujeres la apertura de los centros IVE, porque el aborto es una prestación esencial, de urgencia, que no puede posponerse, que debe ser atendida con prontitud y por todo ello, teníamos, tenemos, que seguir estando al otro lado, asegurar a las mujeres que su derecho, reconocido en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, va a ser facilitado. Porque además, no debemos olvidar que el aborto provocado es una prestación sanitaria del Sistema Nacional de Salud, financiada por este, garantizada por nuestra Sanidad Pública mediante un sistema de concertación.

Todo el personal médico, sanitario y administrativo que está trabajando en los centros IVE asociados en ACAI, lo está haciendo con máxima precaución, en conformidad con las pautas de seguridad establecidas por el Ministerio de Sanidad. Entre otras medidas, se utilizan equipos de protección individual, se están espaciando las citas para reducir la presencia simultánea en los mismos espacios y se reduce la presencia de acompañantes. Al mismo tiempo, y para facilitar la movilidad de las mujeres y el personal médico y sanitario, se han elaborado documentos válidos jurídicamente que justifican sus desplazamientos. 

Con el objetivo de facilitar el acceso, reducir el número de desplazamientos y disminuir los riesgos, se solicitó al Ministerio de Sanidad que, durante el Estado de Alarma, la informativa presencial de la mujer previa a la IVE pudiera hacerse por medios telemáticos. Dicha opción finalmente se dejó en manos de las Comunidades Autónomas, siendo tan solo Cataluña y Galicia, las comunidades que decidieron habilitar esa posibilidad. 

En relación al número de abortos provocados realizados desde la declaración del estado de alarma, podemos decir que en general se está manteniendo más o menos estable, con ligeras variaciones territoriales. Durante la primera quincena, en Madrid, la comunidad más afectada por la pandemia, la afluencia de mujeres disminuyó en torno a un 20% aproximadamente, sin embargo, a día de hoy el número de IVE parece estar recuperándose en este territorio. 

Como eslabón básico del proceso, hemos compartido, compartimos con las mujeres sus miedos e inquietudes, hemos atendido a mujeres que han retrasado su intervención ante la expansión de la pandemia, la angustia de esas mujeres que no quieren que la intervención sea conocida por el entorno con el que convive, su desconocimiento de la apertura de los centros o la ralentización en la derivación pública por falta de personal, afectado por la pandemia, el cierre de centros o las limitaciones propiciadas por el estado de alarma. 

Hemos acompañado, seguimos acompañando, todas esas dificultades y temores y es intención de los centros de IVE y de sus profesionales continuar facilitando a las mujeres esta prestación sanitaria. Porque los derechos sexuales y reproductivos no pueden dar un paso atrás en nuestro país, porque la seguridad jurídica y médica de las mujeres debe ser preservada y porque su libertad de elección debe ser siempre considerada; tanto en relación a si interrumpe o no su gestación, como en relación al método que ella elige de acuerdo a sus circunstancias médicas y personales.