Un acuerdo necesario y positivo

El pasado día 30 de diciembre se hicieron públicos tres pactos muy importantes para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El primero, el preacuerdo entre el PSOE y ERC, por el que esta formación se abstendrá en la votación de investidura; el segundo, el pacto entre el PSOE y el PNV; y, por último, el acuerdo fijando los ejes prioritarios de actuación para una coalición progresista entre el PSOE y Unidas Podemos, apoyada por otras fuerzas regionales y nacionalistas. La concentración de estos tres hechos el mismo día supone tomar la iniciativa política y es punto de partida de una investidura ya garantizada.

La respuesta de las derechas ha sido fulminante y en términos muy duros, tildando a Pedro Sánchez de traidor, felón, rompedor de España con tal de mantenerse en el poder e incluso, llegando al paroxismo, asimilándolo a un promotor de campos de exterminio que los demás socialistas fingimos no ver.

¿Por qué reaccionan así las derechas, cuando ni pueden formar gobierno ni han aportado nada para facilitar la investidura? Una de las razones, sin duda, es la confirmación de que no habrá nuevas elecciones y quedan fuera de un poder que consideran por naturaleza propio.

Pero hay dos perspectivas que generan aquella reacción y que derivan de unos planteamientos antitéticos a lo que constituyen objetivos estratégicos de la nueva coalición.

El primero de estos objetivos, que justifica el carácter necesario del acuerdo, es la reducción de las desigualdades sociales, la lucha contra todo tipo de discriminación, especialmente la de género, y la mejora de las condiciones de vida de toda la ciudadanía afrontando el resto de la revolución digital, abordando las ingentes reformas que este país necesita y que pasan por revocar muchas de las medidas más regresivas para los trabajadores y pensionistas y de las decisiones autoritarias que llevó a cabo el Gobierno de Rajoy. Señalaré, entre todas, cinco de las más significativas:

- Frente a la reforma laboral del PP, al servicio del poder empresarial, se derogarán los aspectos más lesivos, retomando la centralidad del diálogo social, devolviendo la prioridad a la negociación colectiva sectorial, recuperando la ultraactividad de los convenios, limitando la subcontratación y modificando tanto la regulación del despido por causas económicas y organizativas como la capacidad de modificación unilateral de las condiciones de trabajo por parte de las empresas.

Todas estas cuestiones buscan recomponer, aunque sea parcialmente, el difícil equilibrio en las relaciones laborales que el PP rompió a favor de los empresarios. Y a ello se une el compromiso de incremento del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) hasta llegar al 60% del salario medio, conforme establece la Carta Social Europea. Por cierto, que el acuerdo no recoge la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que criminaliza el ejercicio del derecho de huelga, ausencia que supongo será involuntaria y seguirá este siendo un objetivo del nuevo Gobierno.

- Frente a la reforma de las pensiones del PP, que introducía el llamado factor de sostenibilidad y preveía un incremento anual de sólo el 0,25%, lo que significaba su disminución en términos reales entre el 25% y el 35% durante la vida de un jubilado, el nuevo Gobierno garantizará su revalorización por el IPC y la sostenibilidad del sistema con nuevos ingresos presupuestarios. Resulta patético que el PP anuncie que va a recurrir ante el Tribunal Constitucional –no sabemos con qué fundamento- que el Gobierno en funciones no haya actualizado las pensiones, porque cuando haya presentado su recurso ya se habrá aprobado por el nuevo Gobierno la subida en cuantía muy superior al 0,25% que el de de Rajoy acordó.

- Frente al discurso permanente y lamentable del PP y del resto de las derechas sobre bajadas de impuestos –que nos alejan cada vez más de la media europea y en la práctica han consistido en bajarlos a los más ricos en las Comunidades de Madrid, Andalucía y Castilla León-, el Acuerdo de Gobierno plantea una reforma fiscal justa y progresiva que permita hacer frente al sostenimiento del Estado de Bienestar, con incrementos impositivos a las rentas más altas –superiores a 130.000 euros, lo que afectará a algo menos de 100.000 declarantes- y a las grandes empresas, incluidos los bancos, además de la nueva fiscalidad verde, recuperar la llamada tasa Google y el impuesto a las transacciones financieras. Todo ello con el compromiso de mantenimiento de los acuerdos de responsabilidad fiscal de España con la UE. Frente al mantra neoliberal de las derechas, esta reforma si tiene algún defecto es probablemente su insuficiencia.

- Objetivo fundamental del nuevo Gobierno será la lucha contra el cambio climático y por una transición energética justa, con un ambicioso objetivo de que en el año 2050 la generación de electricidad sea 100% renovable, en la línea de la actual Comisión Europea. Por el contrario, recordemos la posición histórica del PP de descrédito del cambio climático con el desprecio de Aznar (“científicamente cuestionable”, afirmaba), lo que explicaba “el primo” de Rajoy o, para ir a lo inmediato, la reciente y frívola declaración de la Presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, sobre que el cambio climático no produce muertes, contra las evidencias y datos de la OMS, el CSIC y los propios datos oficiales sobre Madrid que señalan que entre 3.000 y 4.000 personas mueren cada año por esta causa.

- Y frente a las políticas de desmantelamiento del patrimonio público de vivienda que desarrolló el PP en Madrid, Comunidad y Ayuntamiento, vendido a fondos buitre que han ido desahuciando a sus ocupantes, el nuevo Gobierno fomentará la promoción de viviendas públicas en alquiler, y orientará las viviendas protegidas de iniciativa privada sólo a este fin, a la vez que limitará las subidas de los alquileres para garantizar a los ciudadanos con menos medios el derecho constitucional a la vivienda.

Todo ello junto al compromiso con el feminismo y la igualdad de género, la igualdad salarial y la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad, recordando la Ley de Violencia de Género de la que estos días se ha celebrado el 15 aniversario, Ley que tanto criticó el PP.

Pero además de este conjunto de objetivos políticos, tan ajenos al mundo de la derecha, hay otro acuerdo que ha hecho que las derechas recuperen un lenguaje de extrema dureza: el alcanzado con ERC para posibilitar, con su abstención, la investidura y más tarde el presupuesto. Se trata, sin duda, de un acuerdo complicado, que algunos socialistas no ven con claridad, pero necesario, pues no había alternativa real que posibilitara la investidura, y que en mi opinión es sin duda positivo.

La cuestión catalana viene de lejos. El llamado encaje de Cataluña en España nunca ha sido fácil y hoy en este territorio existe un conflicto político que tiene que ver con ese encaje y cuya expresión más importante no se llama Puigdemont ni Torra, sino la existencia de dos millones de catalanes y catalanas que apoyan posiciones independentistas, cuando hace pocos años apenas llegaban a la mitad. El objetivo de una política al servicio de la unidad de España debe ser convencer a una parte muy importante de esos ciudadanos de que es posible y positivo sentir la doble identidad, catalana y española, como la han vivido siempre, y eso no pasa por la represión, sino, como expresa el Acuerdo PSOE-UP, impulsando “la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual”.

¿Cuál es la posición de las derechas en relación con el conflicto catalán? La han expresado nítidamente cuando apostaban por un 155 permanente, es decir, por acabar con el autogobierno de Cataluña. Tras la STC 89/2019, que subraya el carácter excepcional de la aplicación del Art. 155 CE, quedó claro que la solución actual de las derechas para Cataluña es claramente inconstitucional, a pesar del abuso del lenguaje “constitucionalista”. Ninguna otra opción encima de la mesa para dar una salida política y constitucional, incluida su reforma, al problema catalán distinta del españolismo esencialista que ha hecho revivir el independentismo.

La perspectiva futura para los socialistas, aún no posible, es la reforma federal de la Constitución y la del propio Estatuto de autonomía de Cataluña en clave de plurinacionalidad, que permita, en un momento determinado, una votación por los catalanes y catalanas de un acuerdo que profundice en el autogobierno de Cataluña.

Este es el sentido de celebrar una consulta en Cataluña sobre los acuerdos de la mesa de negociación entre el Gobierno y la Generalitat, no el de que los catalanes voten sobre independencia sí o no, sino que lo hagan sobre un acuerdo previo de reforma del Estatut y fortalecimiento del autogobierno. Nada nuevo. Cualquier otra interpretación que hacen las derechas, además de interesada es simplemente falsa.

Diálogo político, tender puentes, buscar espacios de entendimiento, contra el frentismo de muchos, en uno u otro lado, este es, en mi opinión, el mejor camino, y a ello contribuirá sin duda el acuerdo con ERC.