La asistencia humanitaria, en la UCI

El pasado 25 de julio, mi compañero Javid Abdelmoneim, responsable médico en Gaza, entró en la sala de urgencias del Hospital Nasser (Jan Yunis) para revisar que no quedase allí ningún paciente. Detrás de una cortina, había una niña sola, muriéndose. No había nadie. Aún respiraba, pero la habían dejado morir porque en Gaza el sistema no da abasto. Y ese es el resultado: una niña de ocho años que muere sola en una camilla de urgencias.

No es un episodio aislado. Hay cientos de ellos cada día. Ver morir a familiares, recibir amenazas y tener que huir a la fuerza. Exactamente, 310 millones de personas necesitan asistencia y protección humanitaria hoy en el mundo, un 3,6% de la población. De ellas, más de 258 millones padecen inseguridad alimentaria aguda y 1 de cada 73 se encuentra en situación de desplazamiento forzado debido a conflictos, factores económicos o el cambio climático.

Los conflictos son cada vez más y con consecuencias devastadoras para la población. Según el Institute for Economics and Peace, se ha alcanzado el pico más alto de conflictos desde la II Guerra Mundial, con 56 guerras y 92 países involucrados. Sudán, tras el golpe de Estado en abril de 2023, y la guerra de Israel contra Gaza son, entre otros, escenarios terribles de violencia con números imparables de víctimas civiles. Sudán sufre la mayor crisis actual de desplazamiento forzado del mundo. Y en Gaza, el número de muertos asciende a más de 40.000.  

La acción humanitaria es más necesaria que nunca, pero nos enfrentamos a graves problemas de fondo para llevarla a cabo. El primero, la falta de financiación. Según Naciones Unidas, en 2023 solo se cubrió un tercio de los 57.000 millones de dólares necesarios, el peor déficit en años. Esto se concreta en una realidad aplastante: nuestros equipos en República Democrática del Congo, Chad, Níger, Afganistán o Burkina Faso, entre otros, ven cada día menos actores y recursos humanitarios.  

El bloqueo para acceder a las poblaciones es el segundo gran problema y una constante en nuestro trabajo: trabas administrativas, burocráticas, o directamente negativas en firme a que trabajemos. En ocasiones, porque somos testigos incómodos de lo que ocurre. En otras, simplemente, en el caos del conflicto, la acción humanitaria no es la prioridad para las partes enfrentadas. 

Sudán es un claro ejemplo de ello. El país concentra el 40% de las personas que necesitan ayuda humanitaria en África oriental y meridional, y ha experimentado un brusco aumento de las necesidades, pasando de 16 millones de personas en necesidad de ayuda humanitaria en 2023 a los 30 millones de este año. El pasado 4 de agosto lanzamos un mensaje desesperado: MSF disponemos de alimentos terapéuticos para tratar solo durante dos semanas más a niños con desnutrición en el campo de desplazados de Zamzam. Mientras, tres de nuestros camiones llenos de suministros médicos, incluidos alimentos terapéuticos, llevaban más de un mes bloqueados en la ciudad de Kabkabiya por las Fuerzas de Apoyo Rápido.

A la falta de financiación y los problemas de acceso, se suma un tercer factor: somos testigos de cómo el derecho internacional humanitario es pisoteado una y otra vez. Los ataques contra civiles, instalaciones sanitarias y trabajadores humanitarios son recurrentes. En lo que va de año, y según la OMS, se han producido más de 710 ataques a instalaciones, bienes y personal sanitario en 13 países. Es más, en las dos últimas décadas, tal y como indica Naciones Unidas, el número total de personal humanitario fallecido o herido se ha quintuplicado. El personal nacional se llevó la peor parte, copando el 86% del total. 

Es intolerable. Como venimos repitiendo en la campaña #NuestraLíneaRoja: destruir un hospital, el último reducto de humanidad en un conflicto, no hace más que aumentar el número de muertes privando a los pacientes de atención sanitaria.  

Se criminaliza a la acción humanitaria porque denunciamos violaciones del derecho internacional humanitario, pero también porque operamos en zonas controladas por grupos armados no estatales o regímenes bajo algún tipo de régimen de sanciones. Sucede lo mismo con poblaciones enteras por el simple hecho de estar bajo el control de esos grupos o regímenes, como el caso de Afganistán. 

La Resolución 2664 de la ONU busca mitigar esos efectos negativos, asegurando que las sanciones no interfieran con las actividades humanitarias y el bienestar de la población. Es un avance crucial para proteger a las poblaciones y la acción humanitaria. En diciembre de este año, el Consejo de la Unión Europea debe renovar su adopción, pero esto dependerá de cada Estado, pues cada uno debe transponerla a la legislación nacional. El lunes es el día Mundial de la Asistencia Humanitaria, pedimos a todos los Estados miembros, y en especial a España, que la adopten. En medio de tantas sombras, sigue habiendo ocasiones donde la acción humanitaria se puede reforzar. Y esta es una de ellas.