Captura de pantalla: el aborto en España
Cuando se cumplen ocho años desde la aprobación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), distintas voces del ámbito político y el feminismo reivindican que la prestación sanitaria de aborto provocado sea realizada directamente desde los centros públicos de salud.
Como no podía ser de otro modo, los y las profesionales que realizan mayoritariamente las interrupciones del embarazo en los centros concertados y acreditados para la IVE en España, no pueden sino respetar esta legítima reivindicación. Si bien piden a las/os portavoces de estas asociaciones y partidos políticos que en la consecución de sus legítimos objetivos no se desvirtúe, la mayor parte de las veces por omisión, la realidad del aborto.
Al amparo de la actual normativa, la prestación sanitaria de aborto provocado en España es un recurso seguro, accesible y sin coste alguno para la mujer. Hoy la IVE se realiza a través de un sistema de concertación entre los centros acreditados y las administraciones sanitarias autonómicas. Circunstancia que ha facilitado que el aborto provocado deje de ser una intervención privada para consolidarse como una prestación financiada públicamente y reconocida por el Sistema Nacional de Salud. Un sistema que garantiza la accesibilidad para aquellas mujeres que quieren interrumpir su embarazo durante las primeras catorce semanas (más del 90% del total) y que permite hablar de una tasa de morbimortalidad prácticamente nula.
Dicho lo anterior, también debemos señalar que a partir de las catorce semanas de gestación se registran algunas dificultades de acceso al no existir centros especializados en todas las autonomías, en gran medida porque los requisitos técnicos, sanitarios y humanos que se exigen a los centros de IVE son inasumibles y desproporcionados para una intervención de aborto en el segundo trimestre. Estos casos, si bien minoritarios, son especialmente importantes porque algunas de las mujeres afectadas, en la mayor parte de los casos por patologías fetales, se han visto obligadas a salir fuera de su comunidad, tras ser desatendidas, e incluso juzgadas y cuestionadas en sus decisiones, por el sistema público de salud. No cabe duda alguna que debemos denunciar estas situaciones que han ocurrido en comunidades como Galicia o Murcia; pero no podemos generalizar la parte por el todo por muy injusta que sea la experiencia.
Por otra parte, y con el afán de trasladar la práctica de la IVE a los centros públicos, distintas administraciones sanitarias (como la catalana) están generalizando la técnica farmacológica en detrimento de la instrumental. El método farmacológico, un método seguro si cuenta con supervisión médica, es un instrumento útil para “minar” la objeción profesional (que no de conciencia) del personal médico y sanitario; ya que podría suponer una implicación mínima de los/as profesionales en el proceso de aborto, dado que es la mujer la que con esta técnica “prácticamente realiza por sí sola su interrupción”.
Sin embargo, desde ACAI queremos advertir que de generalizarse esta tendencia impulsada por la industria farmacéutica, se perdería una técnica segura, la instrumental, elegida hoy por el 80% de las usuarias. Al tiempo, se estaría desoyendo una de las principales recomendaciones de la OMS y otros organismos internacionales, quienes advierten de la necesidad de que los/as profesionales que realicen abortos se formen en todas las técnicas de IVE para garantizar la libertad de elección, atender las diferentes situaciones médicas y personales de las mujeres, así como, las posibles complicaciones del método farmacológico, incluido su fracaso (situado entre el 2% y el 8%). En definitiva, es imprescindible que el personal médico y sanitario se forme en todas las técnicas y no solo en aquella cuya “prescripción” no les genera problemas profesionales que no morales.
Por otra parte, para ACAI, imponer, limitar o generalizar uno de los dos métodos de IVE sobre el otro, es mermar el empoderamiento de la mujer, ya que es ella la que debe decidir no solo si interrumpe o no su embarazo, sino el método con el que desea hacerlo de acuerdo a su situación médica y personal.
Para que el aborto provocado sea realizado directamente por la Sanidad Pública es imprescindible que haya voluntad política para que así sea y que se destinen partidas presupuestarias a este fin. Recursos para crear unidades multidisciplinares especializadas en aborto provocado, integradas por profesionales motivados/as que no solo no sean contrarios/as a la intervención, sino que estén dispuesto/as a preservar la intimidad y el acompañamiento que hoy son garantizados a la mujer; y sobre todo un personal médico dispuesto a ser formado en todas las técnicas de IVE no solo para garantizar la seguridad de la mujer sino y sobre todo, su libertad de elección.
