Catalunya y más allá: ¿qué hay después del estado-nación?

La crisis catalana ha tenido el innegable mérito de confirmar que el tradicional estado nación europeo ya no es una forma política adecuada para nuestro tiempo. 

El estado nación es una invención histórica contingente y relativamente reciente. Surge en el periodo entre la Paz de Westfalia en 1648 y la revolución francesa en el 1789, y se convierte en el principal modelo de organización política internacional durante el siglo XX. Con el cambio de milenio, el estado nación ha entrado en una crisis existencial. Una que avanza desde abajo y desde arriba. 

Por una parte, las naciones europeas se muestran cada vez más incapaces de enfrentarse a los nuevos retos que conllevan la innovación tecnológica, las migraciones, el cambio climático o los flujos financieros. Aún más, la perseverancia de las divisiones nacionales y los vetos recíprocos suponen un estrechamiento de los espacios democráticos para la ciudadanía. Es algo que se hace evidente en la Unión Europea, donde la incapacidad para construir una democracia transnacional se traduce en políticas económicas disfuncionales, en falta de políticas de migración eficaces y en competición fiscal entre estados. 

Por otro lado, el estado nación está siendo cuestionado desde abajo. Desde Barcelona a Nápoles, la ciudadanía reclama cada vez más el derecho a participar directamente en las decisiones que le afectan. Las recientes experiencias municipalistas de España atestiguan esta demanda. La Unión Europea lo llama subsidiariedad. Uno de los pensadores más aclamados del municipalismo, Joan Subirats, lo llama soberanía de proximidad. 

“Recuperar el control” fue uno de los eslóganes del Brexit que también se hace eco estos días en Cataluña. Recuperar el control no pasa por encerrarse en la fórmula del estado-nación ni por reproducir sus estructuras autoritarias e identitarias a nivel regional. 

Es indiscutible que un referéndum vinculante en Catalunya es una necesidad democrática ahora mismo. Sin embargo, está en nuestras manos utilizar esta crisis para ayudar a que aparezcan más y mejores opciones democráticas. Debemos evitar que el desafío al que se enfrenta el Estado Español derive, por un lado, en la continuación del estatus quo constitucional, y, por el otro, en la reproducción de un mismo estado nación, a menor escala, que replique las mismas estructuras obsoletas, la misma concepción identitaria y las mismas políticas neoliberales. 

Concretamente, necesitamos revisar la división de poderes entre los distintos niveles: local, estatal y europeo. Ya es hora de que se den mayores competencias a los municipios, favoreciendo una democracia de proximidad real. Esto es tan cierto para España como para un posible estado catalán: ¿fortalecerá sus municipalidades y plataformas ciudadanas o reproducirá la misma lógica de arriba a abajo del estado nación tradicional? 

Algunas competencias deberían hacerse claramente europeas, promoviendo una verdadera democracia transnacional. No se puede “recuperar el control” y devolver la soberanía a la ciudadanía sin construir un espacio público europeo. Es suficiente pensar en el drama de la enorme evasión fiscal de las multinacionales y los gigantes del web, una práctica permitida por la falta de armonización fiscal europea. 

Finalmente, otras competencias han de ser compartidas por ambos niveles de administración: local y europeo. Por ejemplo, en la gestión de la situación de los refugiados, donde ciudades como Madrid o Barcelona quieren acogerlos - y cumplir así la legislación europea - pero el gobierno de España, igual que el de Polonia o Hungría, bloquea las reubicaciones. En el marco de un programa europeo, las ciudades deberían tener poder y competencias para acoger a personas refugiadas independientemente del gobierno nacional. ¿Por qué puede Rajoy - o un futuro presidente de Cataluña - frustrar la voluntad de acogida de Barcelona? La antigua candidata a la presidencia alemana Gesine Schwan ya ha puesto sobre la mesa una idea en esta dirección. 

Sin embargo, más allá de reorganizar las competencias, tenemos que imaginar una actualización de nuestras constituciones. Necesitamos permitir no solo más autonomía, sino una representación institucional apropiada para comprometer a las autoridades locales a tomar parte en las decisiones políticas a todos los niveles. 

Pensemos en una Cámara que represente las áreas metropolitanas en los parlamentos nacionales. Y lo mismo a nivel europeo: si el Consejo Europeo sirve para representar a los gobiernos nacionales y el Parlamento Europeo sirve para representar los intereses comunes de lxs ciudadanxs, es la hora de que haya una Cámara Europea de las Autonomías que represente los territorios y ciudades de Europa y actúe como un aval democrático de, entre otras cosas, la solidaridad fiscal. Deberíamos tomar la idea de Benjamin Barber de un parlamento global de alcaldes y alcaldesas, y situarla en el debate sobre la reforma de la UE, reformando el Comité Europeo de las Regiones. 

Uno de los motivos de la crisis de la democracia europea es nuestra incapacidad colectiva para imaginar y poner en práctica nuevos modelos políticos y democráticos. Vivimos en una era excepcional de cambio acelerado. En tiempos como estos debemos tener el valor y la ambición de abandonar nuestras antiguas convicciones e instituciones y comenzar a preparar el mundo de mañana.