Las diversas incidencias ocurridas con las vacunas han puesto en evidencia ante la opinión pública lo que es el modo habitual de funcionamiento de la Big Farma. Generalmente la investigación se realiza en gran parte utilizando fondos públicos (en el caso de las vacunas más del 90% de la inversión la ha realizado el sector público), luego las empresas patentan las vacunas como si las hubieran realizado ellas solas, y de inmediato les colocan precios abusivos (se calcula que el precio de venta de las vacunas esta entre 6 y 10 veces su precio de coste de producción), luego negocian sin transparencia alguna ocultando a la ciudadanía, que a la postre es la que las paga con sus impuestos, al menos en los países más potentes económicamente, los intríngulis de los contratos, los precios y las condiciones en que estos se realizan. Para mayor escarnio, en cuanto tienen una oportunidad, a pesar de haber recibido el dinero antes de entregar las vacunas, aprovechan para vender a precios mas altos la producción a terceros países incumpliendo los plazos de suministro, es decir todo un poema de prácticas irregulares y de abusos. Obviamente ello ha sido posible por una actitud permisiva de los países más ricos, especialmente de la UE.
No es de extrañar que los beneficios de las empresas se hayan disparado y que ahora, cuando ven un atisbo de peligro en sus fenomenales beneficios, cuando se plantea el levantamiento de las patentes, pongan el grito en el cielo y hablen de los esfuerzos realizados en innovación y de quiebra de la confianza.
El problema de las patentes y los sistemas internacionales que las protegen, es una realidad incuestionablemente lesiva para el acceso de la población a los medicamentos necesarios, que debería cambiarse, y que es factible hacerlo a escala internacional, precisando de actuaciones coordinadas y muy complejas, en las que hay que ir dando pasos, y la pandemia ha puesto en evidencia su importancia y urgencia, cuando menos en el caso de las vacunas, en las que no cabe ningún tipo de dudas.
El asunto viene de antiguo, y ya ha pasado con anterioridad en varias ocasiones, con menos relevancia pública, lo que obliga a la búsqueda de soluciones para hacer sostenible esta situación a la vez que se garantiza a todas las personas el acceso a los medicamentos que necesitan. Por eso desde 2005 en la FADSP venimos señalando la conveniencia de poner en marcha una empresa pública de fabricación de medicamentos. ¿Cuáles son los motivos para esta propuesta? Los resumo a continuación:
Garantizar la seguridad de los medicamentos. Con frecuencia las farmacéuticas intentan maximizar los beneficios mediante la “externalización” de la producción de los medicamentos, en países donde los controles de calidad son menos rigurosos, lo que produce potenciales riesgos sobre los usuarios (hace poco sucedió con el Valsartan que hubo que retirar apresuradamente de las farmacias). Una industria pública aseguraría que los criterios económicos no se impongan sobre la seguridad de los enfermos.
Acabar con los desabastecimientos. A pesar de su inmensos beneficios las farmacéuticas tienen a dejar de producir aquellos medicamentos que aun siendo efectivos tienen una baja rentabilidad (se ha denunciado en España el desabastecimiento de 170 medicamentos, cuyo suministro no se asegura por las farmacéuticas porque tienen precios muy bajos y/o porque han desarrollado alguna alternativa de eficacia similar pero de mayor precio), lo que evidencia el poco aprecio de las empresas por la salud de la población. Además este fenómeno está también originado por las exportaciones de los medicamentos a terceros países que tienen mayores precios (lo mismo que ahora ha pasado con las vacunas) que es una práctica frecuente de las farmacéuticas que ahora ha hecho visible la pandemia. Una empresa pública acabaría con estas situaciones, garantizando la accesibilidad de todos los medicamentos de eficacia probada, aunque tengan poca o nula rentabilidad empresarial, eliminando de paso las maniobras especulativas de las farmacéuticas.
Reenfocar la investigación. Las farmacéuticas dirigen una parte muy sustancial de la investigación hacia por un lado áreas de gran rentabilidad económica, no necesariamente social, y hacia pequeñas modificaciones de moléculas preexistentes que les permitan nuevas patentes a precios muy superiores sin añadir un valor terapéutico significativo (los conocidos como me-too). Una industria publica valdría para cambiar esta situación y potenciar la investigación hacia enfermedades prevalentes desatendidas, y hacia áreas ahora casi abandonas por sus elevados costes y escasa rentabilidad (el mejor ejemplo es el poco esfuerzo que se hace en la búsqueda necesaria de nuevos antibióticos ante la utilización inapropiada de los mismos).
Mejorar la transparencia. Las empresas farmacéuticas frecuentemente distorsionan el acceso a las informaciones sobre efectos adversos, limitaciones, etc, de sus medicamentos. Una empresa pública serviría para dar transparencia de todas las actuaciones, problemas y efectos adversos relacionados con la producción y utilización de los medicamentos.
Favorecer el control de los precios. Desde una empresa pública se mejoraría la relación entre los precios reales de producción y dispensación, tanto por los precios de sus productos, como por su influencia sobre los competidores no públicos. Por ejemplo en Brasil una iniciativa empresarial pública proponía la producción de Sofosbuvir a un precio 5,81 veces inferior del que factura Gilead (que por cierto vendió el producto en ese país a 16.000 reales, unos 4.000€ al cambio, mucho más barato que en España).
Es evidente que la presencia de una empresa farmacéutica pública daría un gran margen de negociación al gobierno a la hora de acordar y/o pactar precios y condiciones con las farmacéuticas, un margen hasta ahora inexistente, debido en gran parte en la ausencia real de alternativas. Ahora mismo uno de los argumentos que utilizan los defensores de las patentes en las vacunas son las dificultades de conseguir una producción alternativa, y aunque es obvio que estas se magnifican de manera interesada, también lo es que se precisa de una experiencia y un equipamiento suficiente para su producción, y que no es lo mismo por ejemplo la vacuna de Astra Zeneca que utiliza una tecnología bien conocida y resultaría poco complicada de elaborar, que la de Pfizer que usa una en la que hay menos experiencia y sería más complejo producirla. Pero en cualquier caso la presencia de una industria pública farmacéutica convierte esa alternativa en una realidad factible.
Obviamente una empresa farmacéutica pública debería focalizarse no solo en garantizar el suministro de medicamentos necesarios, sino también en asegurar el de las innovaciones necesarias con mayor impacto social y económico, el caso de las vacunas es paradigmático, si bien una industria pública debería comenzar por un listado limitado de medicamentos, porque se trata de un sector que precisa inversiones y experiencia para poder desarrollarse que no pueden improvisarse de la noche a la mañana. Estamos ante una inversión para el futuro que nos garantizaría una política farmacéutica independiente de los intereses económicos, y atenta solo a las necesidades de salud y al acceso universal a los medicamentos.
Finalmente debemos tener en cuenta que en nuestro país existe un dispositivo público, el Centro Militar de Farmacia de la Defensa, que posee instalaciones y personal cualificado para constituir un embrión de esta empresa pública farmacéutica, que a día de hoy se encuentra totalmente infrautilizado, pero que prestó un gran servicio durante la pandemia, al que habría que dirigir parte de los fondos provenientes de la UE para ampliarlo y mejorar su capacidad de producción.
Hay razones suficientes para poder avanzar en esta iniciativa, que por supuesto sería mejor si se lograra a nivel de la UE, que puede ser clave a medio plazo para garantizar la sostenibilidad de la Sanidad Pública y el acceso de la población a medicamentos que precisa para mantener su salud, porque es previsible que en no demasiado tiempo volvamos a enfrentarnos a nuevas crisis sanitarias.