España es uno de los países de la UE con mayor aversión fiscal entre sus élites. Esta anomalía, muy propia de sociedades de origen católico en contraposición con las sociedades de origen protestante, se plasma en grandes bolsas de fraude fiscal y en una presión sin pausa hacia las autoridades fiscales, regionales y nacionales para eliminar, o reducir al máximo, toda la carga fiscal de los percentiles más altos de renta.
La traducción numérica es que España recauda siete puntos porcentuales menos en impuestos respecto al PIB que la media de la UE, y está muy alejada de los mejores países en materia de servicios públicos y equidad, como pueden ser Noruega, Suecia, Dinamarca o Reino Unido. Este desfase y retraso en conciencia fiscal se deja notar en todos los indicadores de igualdad y/o de segregación económica y social. Somos, con diferencia, uno de los países más desiguales, gracias en parte al fuerte liderazgo que la Comunidad de Madrid ejerce en fomentar y presumir de una sociedad segregada, donde la riqueza se concentra cada vez en menos manos. Por dar alguna cifra, el 54% del patrimonio neto de las familias en España está en manos del 10% más rico y el 70% de la desigualdad en la riqueza se origina a través de la herencia.
Esta propensión hacia la concentración de riqueza en pocas manos, que conlleva inexorablemente una desigualdad en renta, se asienta sobre la idea de que la riqueza no debe gravarse, dejando toda la tarea de redistribución al gasto mediante una recaudación fiscal cada vez más asimétrica y menguante, lo que se traduce en un país cuyos trabajadores sufragan los servicios públicos de las élites en términos relativos. La progresiva eliminación de los impuestos sobre sucesiones, generando una guerra fiscal cada vez más cruenta entre territorios para atraer a los que se van a morir pronto, y la práctica desaparición del impuesto de patrimonio en casi todas las CCAA, permiten a las grandes fortunas, y sobre todo rentistas improductivos, asentarse en los territorios wealth friendly donde no tributarán por la riqueza. Así mismo, podrán eludir y esconder las rentas que pudieran ser objeto de gravamen, vía constitución de sociedades, con el aplauso de los gestores políticos regionales, muchos economistas liberales y supuestos socialistas, y sobre todo la cúpula empresarial que, a su vez, tiene alergia a retribuir con justicia a sus trabajadores y a permitir la conciliación de las familias trabajadoras.
El señuelo que venden los propagandistas de la desfiscalización generalizada es que en Europa prácticamente no hay gravamen sobre el patrimonio. Pero, buceando entre lo que no cuentan ciertos medios oficiales, se pueden encontrar algunas falacias o medias verdades. Por ejemplo, Francia ha transformado el llamado impuesto sobre la riqueza en un gravamen sobre la fortuna inmobiliaria para patrimonios por encima de 800.000 euros, con una exención del 30% para vivienda propia o un 75% si eres propietario de un bosque. En Italia hay dos gravámenes sobre el patrimonio financiero (IVAFE) e inmobiliario fuera de Italia (IVIE), con un tipo del 0,2% sobre patrimonio financiero y un 0,76% sobre el inmobiliario. En Países Bajos, hay un impuesto a la riqueza (ahorro, propiedades e inversión), con un gravamen del 1,2% anual para un patrimonio superior al millón de euros, siendo este impuesto independiente del IBI. En Bélgica se tramita un impuesto a las fortunas superiores al millón de euros. Lo mismo existe en Hungría (que incluye barcos y aviones privados). Finalmente, Noruega grava un 0,85% a la riqueza (patrimonios por encima de 1,5 millones de coronas) y Suiza lo hace a nivel cantonal.
Como colofón, ya hay en estudio a nivel europeo para el establecimiento de un impuesto sobre la riqueza armonizado, que se recaudaría a nivel supranacional para acometer inversiones sostenibles, especialmente en el ámbito social y medioambiental.
Como casi siempre, España va a la contra y ya se ha iniciado la carrera definitiva para eliminar todo vestigio de gravamen sobre la riqueza, una vez que la tutora más aventajada, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha dejado las arcas públicas sin apenas ingresos provenientes de la riqueza y ha establecido ahora el modelo regresivo de, a mayor renta y riqueza, más oportunidades de obtener financiación pública para la educación o sanidad. Esta prerrogativa constitucional de descentralización fiscal está resultando letal para la equidad fiscal y social, ya que se ha probado con éxito que, a mayor desequilibrio e inequidad, mayor concentración de voto en quienes lo facilitan, desmovilizando completamente a los grandes perdedores de estas políticas que, en el caso de Madrid, quedan fuera de la M30 y apenas son vistos por los habitantes de los barrios más acomodados.
Por lo tanto, y teniendo en cuenta la situación actual y las expectativas futuras, nos encaminamos a un modelo fiscal cada vez más regresivo, con un déficit crónico de financiación de muchos servicios públicos y en el que el código postal será la señal inequívoca de quién paga todos sus impuestos o quién puede eludir tanto la renta, como la riqueza. Si a esto añadimos que el ascensor social vía educación se gripó, España se encamina hacia una polarización económica sin precedentes, sin que los rehenes políticos puedan revertir la situación. Este modelo fiscal a la carta podría reconducirse si se estableciese una armonización por parte del Estado para que todos los territorios tuviesen el mismo esfuerzo fiscal y no se produjesen arbitrajes con el padrón y la residencia fiscal.
Pero lo que es urgente es tratar de introducir un impuesto que grave la riqueza global y se acaben los paraísos fiscales dentro del propio país. La lucha contra la segregación económica y social debería ser el principal objetivo político, pero para ello es crucial que las élites económicas sean solidarias, como lo son en otros países, y dejen de boicotear cualquier medida de justicia social aludiendo a un supuesto infierno fiscal. Les invito a que viajen y estudien otros modelos fiscales en Europa y aprendan, además de idiomas, a ser de verdad patriotas y corresponsables con su país.
Existe una alternativa al impuesto a la riqueza y es el impuesto al suelo o Land Tax, tributo que desarrollo en el libro Vivienda, la revolución más urgente de Alternativas Económicas. Este gravamen sobre la tierra, similar al que ya tienen en el Reino Unido y Dinamarca, permitía recaudar una cantidad muy respetable y además no distorsiona las decisiones de consumo e inversión, lo que evitaría las guerras fiscales por atraer rentistas poco productivos, y sustituiría figuras impositivas como patrimonio, IBI o plusvalías. Como siempre, hay que atreverse a cambiar e innovar y tejer alianzas entre las diferentes clases sociales, que sí existen, como ya ocurre en otras latitudes.
En conclusión, se va a generalizar la creencia de que las élites no deben pagar impuestos sobre riqueza, ni sobre herencias, permitiendo la elusión fiscal en renta y sociedades, lo que nos deja un espacio de lo común cada vez más empobrecido, con una población desmoralizada y alejada de las instituciones. Urge, por tanto, la homogeneización de los tributos transferidos o la recentralización fiscal para evitar veleidades como las de Madrid o Andalucía. Pero sobre todo, hay que concienciar que la fiscalidad es crucial para remediar la segregación social y económica. Tal vez la introducción del impuesto sobre el suelo podría ser la clave, dada su neutralidad y gran capacidad recaudatoria. En España se podrían recaudar 100.000 millones al año. Estúdienlo.