En los últimos diez años nuestros índices de calidad de salud han caído de forma generalizada. ¿Ha sido la crisis? Los recortes y la austeridad han influido, y mucho, pero es una pescadilla que se muerde la cola. Porque uno de los procesos que la ha empeorado es, precisamente, haber hecho negocio con ella en los momentos previos a la crisis. Por eso es entendible que se haya degradado especialmente en las comunidades autónomas que el Partido Popular gobernó sin freno –Baleares, la Comunidad de Valencia y Madrid– y donde el negocio de la construcción alcanzó a la sanidad.
El caso de Madrid es significativo porque el proceso no ha terminado aún. En plena vorágine de despilfarro, mientras ya estaban en marcha las radiales (5.000 millones de euros) o el soterramiento de la circunvalación M-30 (3.500 millones de euros), Esperanza Aguirre aprobó un plan de construcción de siete nuevos hospitales (2.300 millones de euros) mediante un sistema que en el Reino Unido había fracasado.
Los hospitales los hacían las constructoras y se les pagaban mediante un canon durante treinta años a modo de arrendamiento en el que no se incluye la construcción sino servicios no sanitarios; desde la desratización a la centralita telefónica pasando por la jardinería. Es como pedir un crédito hipotecario al banco para comprar una casa y luego pagarlo con las facturas de la luz, del agua o del gas. Si lo haces así tienes que multiplicar por siete u ocho el precio de los insumos para que alcance a cubrir la construcción y nunca sabes lo que llevas pagado. Eso pasa con estos siete hospitales.
El sistema es muy oscuro y lleva a los madrileños a pagar unas obras por un valor reconocido inicial de 640 millones de euros una cantidad cercana a los 3.000 millones –los 2.300 iniciales se han convertido en 3.000–; casi cinco veces más. ¿Cómo es posible? Porque el canon se calcula con una fórmula ininteligible que oculta un análisis racional. Me permito reproducirla porque aclara la oscuridad –la sensación es la de un garbanzo que se mueve en tres cubiletes–.
El hecho real es que a día de hoy, diez años después de su apertura, los hospitales estarían pagados; sin embargo se deben 20 años de “hipoteca” más y unos 1.200 millones de euros limpios a las constructoras. Desde el punto de vista económico es un desastre y desde el punto de vista moral, una estafa.
Dar forma a esta operación requería “hospitalizar” un sistema sanitario que hasta ese momento funcionaba bien y se asentaba sobre los dos pilares que recomiendan los organismos internacionales: territorializada, dando respuesta a las necesidades locales –impulsando la atención primaria y los ambulatorios– y pública, que la hacía más eficiente y barata. Era mejorable, pero funcionaba.
La “hospitalización” permitía construir y privatizar la gestión. Poder hacerlo requería algo más, pasar de los territorio a un Área única que aparentemente permitía que cualquier madrileña pueda elegir médico y centro, pero que en realidad facilitaba construir hospitales en los lugares más convenientes. Si se superpone el mapa del voto en las elecciones autonómicas la Comunidad de Madrid del año 2003 y con dónde ubicaron los hospitales, se encuentran algunas relaciones. Donde el PP perdía las elecciones se construyó. Así que entre dos de éstos nuevos hospitales hay una distancia de 10 km, sin embargo hay zonas separadas 150 km sin hospital.
Después de miles de millones invertidos en ladrillo hospitalario, el sistema ha despedido a 5.000 trabajadores, hay menos camas por habitante, una lista de espera récord con unos tiempos de espera casi inasumibles, plantas completas de hospitales públicos cerradas y la caída de techos o inundaciones de quirófanos semanales por falta de inversión y mantenimiento. En términos sanitarios hemos perdido una década, pero hemos retrocedido dos.
Es un fracaso económico y sanitario. ¿Por qué hacerlo entonces? La respuesta puede encontrarse en el sumario que acaba de abrir el juez Velasco sobre si el Partido Popular financió alguna de las campañas electorales con el 1% que los pliegos de éstos hospitales tenían que dedicar a publicidad. Otra pista puede ser que al menos nueve de las empresas que participan en las concesionarias –Begar, Cofely, OHL, Cantoblanco,…– aparecen en los sumarios de la trama Púnica, Gürtel o Bárcenas. No hay otras respuestas posibles.
Diez años después lo que toca desde este punto es mejorar la salud de los ciudadanos. Eso pasa por las políticas que está haciendo el Gobierno valenciano recuperando los hospitales privatizados por el modelo Alzira o lo que se está haciendo en la Comunidad Madrid mediante trabajo parlamentario para que se revisen los contratos de los siete hospitales de nueva construcción para dejar de pagar una obra ya amortizada y destinar esos 1.200 millones por pagar a personal, a centros de salud y a mantener los hospitales tradicionales que se están cayendo.
Hay otra manera de gestionar la sanidad y hay recursos para hacerlo, sólo se trata de pensar en la salud.