Defender la igualdad de las personas trans frente a quienes niegan su existencia

Cada 20 de noviembre celebramos el Día de la Memoria Trans, una conmemoración impulsada por la activista Gwendolyn Ann Smith en memoria de Rita Hester, mujer trans asesinada tal día como hoy en 1998. Desde entonces, esta fecha sirve para concienciar a toda la sociedad sobre la discriminación y la violencia que todavía sufren en el mundo las personas por su condición transexual o transgénero. Personas a las que se les niega el alquiler de una vivienda por su forma de ser, que tienen que aguantar insultos en el autobús, agresiones en la calle, acoso en las redes sociales, discriminación laboral y humillaciones en los momentos más inesperados de su vida cotidiana. Personas valientes, a las que, sin duda, les sería más fácil callar y mantenerse en la invisibilidad, pero que han tomado el camino de la libertad, la autenticidad y el compromiso consigo mismas. Y no podemos dejarlas solas.

En España, por desgracia, las personas trans no son ajenas a esta discriminación cotidiana que se traduce en desigualdad de oportunidades. El 85% de las personas trans están en paro y tienen muy difícil encontrar un empleo. La violencia también es una realidad habitual para este colectivo. Según un estudio de la FELGTB, el 58% del alumnado trans ha sido víctima de acoso escolar, agresiones o vejaciones en la escuela. Esta violencia a veces tiene desenlaces fatales, del que nuestro país es triste ejemplo: según el proyecto Trans Respect, España es el segundo en Europa con más personas trans asesinadas desde que hay registros.

Este año, no obstante, la conmemoración de este día tiene tintes, si cabe, todavía más agridulces. Aunque, por eso mismo, también es más necesaria que nunca. Porque durante estos meses hemos sido testigos de declaraciones que creíamos enterradas en el pasado, pero que hemos descubierto con asombro, y mucha tristeza, que siguen muy presentes entre determinados sectores políticos y sociales. No deja de ser paradójico que el mismo año en el que ha cosechado el éxito una serie como Veneno, creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi, que describe la vida y dificultades de la polifacética Cristina Ortiz Rodríguez, una de las personalidades trans que más notoriedad pública alcanzó gracias a la televisión, se produzca en paralelo un cuestionamiento abierto y hasta agresivo de las personas trans. Y no hablamos sólo de que se atreva a poner en duda su derecho a la igualdad de trato, sino que, incluso, hay quien se atreve a negar la realidad trans en sí misma.

Sinceramente, nunca pensé que llegaría a escuchar por parte de representantes políticos algunas de las declaraciones que se han escuchado estos últimos meses en relación a las personas trans. Como tampoco jamás hubiera esperado ver la firma de una vicepresidenta –y anterior ministra de Igualdad– y de un ministro del PSOE en un libelo, porque sólo así puede calificarse, contra las personas trans. Un documento que surgía, cito literalmente, frente a la “polémica creciente respecto a la utilización y la confusión, en ocasiones interesada, de algunos conceptos fundamentales en el feminismo, como son el sexo y el género”. El texto señalaba expresamente al colectivo trans, cuyas ideas, afirmaba, van “ganando terreno en el mundo académico y activista”. Algo peligroso, daba a entender el documento, puesto que el movimiento trans, supuestamente, “niega la existencia del sexo biológico, por lo que desdibuja y difumina la realidad de las mujeres”.

Ahora bien, el argumentario socialista no se quedaba en el debate teórico: su toma de posición tenía implicaciones prácticas claras con respecto al encaje de las personas trans en el orden jurídico y social. No cabe ser más contundente cuando el argumentario del PSOE sentencia: “Estamos en contra de los posicionamientos que defienden que los sentimientos, expresiones y manifestaciones de la voluntad de la persona tienen automáticamente efectos jurídicos plenos. El denominado ”derecho a la libre determinación de la identidad sexual“ o ”derecho a la autodeterminación sexual“ carece de racionalidad jurídica”. Por si esto fuera poco, a continuación se ofrecen ejemplos rocambolescos de algunos “riesgos” que entrañaría el reconocimiento del derecho a la libre determinación de la identidad de género. “¿Podría un hombre maltratador señalar que se siente mujer y por tanto no poder ser juzgado por este delito? ¿Cómo afecta a las políticas de paridad y de representación equilibrada?”. Frente a una realidad que cada día excluye de la sociedad a 10.000 personas trans en toda España, estas son las grandes preocupaciones del PSOE, que otrora fue pionero en promover el matrimonio igualitario en España. Ver para creer que, con respecto a los derechos de las personas trans, PSOE y Vox piensen exactamente lo mismo. Ver para creer que los prejuicios y el dogmatismo dominen el debate de las ideas en un partido que se dice progresista, pero en el que Carmen Calvo acaba pontificando sobre quién puede ser mujer y quién no, quién puede ser madre y quién no, qué mujeres tienen derecho a decidir y cuáles no, como en el caso de la gestación subrogada altruista y garantista.

Flaco favor hacen quienes redactan y avalan con su firma este argumentario a la causa de la igualdad en general y de la lucha por los derechos de las personas trans en particular, cuando pintan la realidad de su identidad de género como algo que cualquiera puede convenir por puro capricho. Por no hablar de la poca confianza que tienen en el criterio de nuestra Justicia y sus profesionales, capaces de caer sin más en una manipulación tan frívola y burda.

La realidad es que, detrás de toda esta terminología pseudofeminista, lo que se esconde es una negación de sustancialidad a la identidad de género de las personas trans que, en último término, supone una negación de la propia existencia de una realidad trans por la que nadie habría de sufrir discriminación alguna. ¿De verdad quienes han redactado esto conocen a alguna persona trans? ¿Si fuese así, con qué ligereza podrían afirmar que la realidad de la identidad que viven y sienten es algo etéreo? ¿Que no es real? ¿O que quizá lo es, pero están confundidos? Y aquí, en este punto, es donde estos críticos confluyen con quienes señalan a las personas trans como meras trastornadas.  

Sorprende igualmente también que Unidas Podemos, formación que siempre había mantenido una postura clara a favor de los derechos de las personas trans, no haya tenido el interés ni el valor de desautorizar este argumentario y desmarcarse públicamente de la postura de su socio de coalición. Tan sólo hemos visto piruetas dialécticas y, más recientemente, una bomba de humo en forma de consulta pública de una supuesta “Ley Trans”. Un artificio que cabe presumir que nunca pasará, en el mejor de los casos, de su consideración en el Consejo de Ministros. Salvo que lo que finalmente se apruebe sea una propuesta en la que, en coherencia con el argumentario socialista, no aparezca por ningún lado “el denominado ”derecho a la libre determinación de la identidad sexual“ en tanto ”carece de racionalidad jurídica“.

Quisiera ser muy clara en este punto. Ciudadanos no estará nunca del lado de quienes pretendan negar a las personas trans algo tan básico como su propia existencia. Porque nosotros siempre estaremos al lado de la libertad y de la igualdad de todas las personas: mujeres, trans, y todos aquellos que, por razón de su sexo, su orientación sexual, su identidad o expresión de género o sus características sexuales sufran cualquier tipo de rechazo, discriminación o violencia. No vamos a tolerar la trampa dialéctica que algunos pretenden imponer: nadie pierde cuando se lucha por la igualdad. Es una causa de toda la sociedad y en la que todos ganan siempre. Porque, parafraseando a un referente en la defensa de la Igualdad, Pedro Zerolo, con quien tuve el honor de compartir espacios de trabajo años atrás, antes de entrar en política: en nuestro mundo caben las personas trans y, aunque nos pese, también las personas tránsfobas, incluso aquellas que se definen como “feministas”. Pero en el de estas últimas, y a la luz de su argumentario, en el del PSOE de ahora, no parece que quepan las personas trans, y quizá tampoco quienes defendemos su derecho a poder vivir conforme a la identidad que ellos mismos sienten.

Este 20 de noviembre, como decía en un principio, tenemos mucho que reivindicar para continuar esta lucha por la igualdad de todos. Y desde Ciudadanos llevamos mucho tiempo reclamando la necesidad de una Ley estatal e integral para la Igualdad Social de las personas LGTBI, de despatologización de la realidad trans y de protección frente la discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales. Una ley que establezca un marco jurídico homogéneo que establezca una garantía común de derechos y libertades en todo el país. Que aborde esta realidad de la diversidad sexual y de género desde un enfoque integral, transversal, abierto y plural. Que reconozca, en primer término, el derecho de toda persona a la libre determinación de su identidad y a la libre expresión de su género sentido, como parte inalienable de su derecho constitucional al libre desarrollo de su personalidad.

Porque en esta materia queda también un importante camino por recorrer, lo que no implica en ningún caso ignorar los avances que se han producido en este tiempo. Desde 2009, 12 Comunidades Autónomas ya han aprobado sus propias legislaciones en materia de igualdad de trato y no discriminación de personas LGTBI y para la despatologización de la realidad trans. Estas normas establecen, entre otras garantías, la prohibición de tratamientos de aversión, conversión o contracondicionamiento de la orientación sexual o de la identidad o expresión de género. España no es el único país en el que se realizan estas terapias, de ahí que otros países también hayan aprobado leyes para su prohibición, siendo el más reciente de ellos Alemania, que este mismo año aprobó una ley en este sentido.

Si bien todas las leyes autonómicas contemplan algún tipo de reproche a este tipo de prácticas que nos retrotraen a tiempos más oscuros, sólo en cuatro esta prohibición se acompaña de sanciones. Una de ellas es la Comunidad de Madrid, cuya norma se aprobó gracias al impulso decisivo de mi partido, Ciudadanos. Esta comunidad puede alegar con orgullo ser la primera en haber impuesto este tipo de sanciones: en abril de 2019, con una multa que ascendió a los 45.000 euros a una clínica que ofrecía “curar” la homosexualidad. Prueba del compromiso de Ciudadanos con esta causa, la multa fue anunciada por el ya vicepresidente autonómico, Ignacio Aguado. El desenlace, no obstante, entraña una lección: pagada la multa, la clínica se trasladó a Toledo, en la vecina Castilla-La Mancha, para poder continuar con sus pseudoterapias y escapar de la sanción. ¿Qué partido gobierna allí con mayoría absoluta? En efecto, el PSOE. Qué mejor ejemplo para demostrar por qué necesitamos una Ley estatal.