Bajar el precio de la luz es posible; acabar con la pobreza energética, también

El impacto del reciente temporal Filomena, combinado con las restricciones de movimiento por la pandemia, han provocado una subida extraordinaria del precio de la luz, poniendo encima de la mesa una de las manifestaciones específicas más crudas de la situación en la que viven miles de familias en nuestro país: la pobreza energética, entendida como aquella que padecen quienes no son capaces de procurarse un acceso normalizado a los suministros energéticos básicos.

Se trata de un fenómeno que, lamentablemente, no resulta desconocido en nuestro país. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, en el año 2019 el 7,6% de la población española tuvo problemas para mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno, mientras que un 6,6% de la población pagó con algún retraso las facturas de suministros de la vivienda. Los datos oficiales apuntan a que entre 3,5 y 8 millones de personas en España se encuentran en situación de pobreza energética. En su mayoría, como señala la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, familias con bajo nivel de ingresos y menores a cargo, muchas monoparentales, y jubilados.

A la hora de valorar estas estadísticas se debe tener en cuenta que una parte importante de esta pobreza energética está invisibilizada. Además de las familias cuya incapacidad para hacer frente al coste de los suministros es evidente, como sucede en casos de impagos, hay muchas otras que simplemente consumen unos niveles de energía insuficientes porque no pueden permitirse otra alternativa. Pero el lado más desgarrador lo forman las personas que directamente no cuentan con un acceso a la red de suministros, normalmente residentes en infraviviendas o asentamientos chabolistas.

En este sentido, resulta imposible no pensar en la indignante situación en la que todavía hoy están viviendo más de 1.400 menores y sus familias en la Cañada Real, que llevan más de 100 días –todas las Navidades y todo el temporal– sin luz. Uno de los ejemplos más claros de cómo, demasiadas veces, muchos inocentes pagan las consecuencias de los actos de tan sólo por unos pocos culpables, y para el que desde Ciudadanos hemos exigido al Gobierno una actuación inmediata.

Más allá de las estadísticas, es fundamental ponerse en el lugar de una familia que no tiene luz en su hogar, y cómo esa simple circunstancia impide realizar actividades básicas de la vida diaria que muchos, por suerte, damos por descontado: calentar un vaso de leche, ducharse con agua caliente o poder hacer los deberes. Hay hogares que subsisten con medios mucho más precarios y a veces más inseguros, como cocinas y estufas de gas butano, o incluso de carbón. En los casos más extremos, que suelen coincidir las temperaturas más acusadas de los meses de verano e invierno, sus efectos pueden ser letales: en España, se estima que la pobreza energética puede provocar más de 7.100 muertes prematuras al año.

La Declaración Universal de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entra otras normativas, reconocen el derecho de todas las personas a una vivienda adecuada, lo que incluye disponer de un acceso regular de energía para iluminación, cocina o calefacción. Lo mismo ocurre con nuestra Constitución, en su artículo 47.

La pandemia, para colmo, ha arrinconado social y económicamente a muchas familias que se encuentran en situación de pobreza. El confinamiento y el toque de queda han obligado a estar más horas y más seguidas en casa, aumentando el consumo de energía (el teletrabajo, las actividades educativas online, etc). La realidad es que muchas personas no pueden hacer frente a esta situación, ya que el 8% de los hogares españoles están pasando frío durante este invierno. Todo ello ha provocado un aumento desde marzo de las solicitudes de bono social eléctrico a razón de 200 peticiones diarias. Sin embargo, ésta es una medida que deja fuera a muchas personas, bien por no tener libro de familia, por los límites de renta establecidos, etc. Además, las moratorias que el gobierno ha establecido en el pago de suministros, generan un importante problema: ¿cómo van a afrontar ese gasto los ciudadanos con un escenario laboral tan incierto? 

Los precios de la luz, más allá de las variaciones más o menos pronunciadas, son estructuralmente muy elevados. Según Eurostat, España es el cuarto país de la UE con la electricidad más cara. Pero no tendría por qué ser así. De hecho, más de la mitad del importe de la factura eléctrica que pagan los consumidores se corresponde con cargos que no tienen relación directa con el coste de la generación ni de la distribución de la electricidad, como el pago de las primas a las energías renovables, la amortización de la deuda tarifaria o la compensación de los sistemas extrapeninsulares. Conceptos todos ellos que responden a políticas públicas y que bien podrían financiarse con cargo a los Presupuestos y no ser costeado exclusivamente por los consumidores, que pagan por estos conceptos sin atender a su nivel de renta. Y, por supuesto, a todo lo anterior se suman los impuestos que se pagan en el recibo de la luz, el 10% de la factura. Entre ellos, el IVA, que en España es del 21%, más alto que en otros países de nuestro entorno, como Francia (20% en la parte variable, pero un 5,5% en la parte fija de la factura), Alemania (19%), Italia (10%), o nuestro vecino Portugal, que desde hace poco aplica un 13% sobre los primeros 100 kWh de consumo.

Nunca seremos capaces de abordar la pobreza energética si no somos capaces de conseguir una tarifa eléctrica que resulte asequible para todos los hogares. Y la solución no pasa por ninguna medida rebuscada: basta con reducir el peso en la factura de la luz todo aquello que no guarde relación con el coste directo de la energía, lo que pasa también por reducir impuestos. Desde Ciudadanos hemos propuesto, entre otras medidas, una bajada del IVA de luz y gas natural del 21% al 10%, como mínimo, mientras dure la situación de excepcionalidad provocada por el coronavirus. Un tipo más acorde con la naturaleza de bien esencial que tienen los suministros energéticos para todos los hogares.

No hay nada que impida al Gobierno tomar esta medida. Reducir el precio de la luz en la actualidad es posible y necesario para ayudar a la ciudadanía en un momento tan delicado.