Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares: fortalecer la arquitectura antinuclear

Conseguir el desarme nuclear ha sido siempre uno de los objetivos prioritarios de las Naciones Unidas. Fue el tema de la primera resolución aprobada por la Asamblea General en 1946 y ha formado parte de su agenda desde 1959. También ha sido una cuestión destacada de las conferencias de revisión del TNP celebradas por la ONU desde 1975.

El 26 de septiembre del 2013, en el marco de la Reunión de Alto Nivel sobre desarme nuclear celebrada a las Naciones Unidas, la Asamblea General adoptó una resolución en la que se hacía un llamamiento para que “se iniciaran de forma urgente las negociaciones de una convención general sobre las armas nucleares por medio de la cual se prohibiera la posesión, desarrollo, producción, adquisición, ensayos, almacenamiento, transferencias, uso o amenaza de uso de armas nucleares y se planificara su destrucción”. La misma resolución declaró el 26 de septiembre como el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares con el fin de promover el objetivo de eliminarlas mediante la sensibilización y educación de la opinión pública sobre la grave amenaza que representan para la humanidad y el planeta.

La preocupación por el impacto humanitario y medioambiental de estas armas permitió que la Asamblea General de la ONU adoptara, en julio de 2017, el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN) basado en los principios de la ley internacional humanitaria. Este Tratado, que ya cuenta con la ratificación de 68 países y 92 firmantes, entró en vigor en enero del 2021.

Desgraciadamente, 78 años después de las explosiones nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki estamos muy lejos de conseguir un mundo libre de armas nucleares. Según datos del SIPRI, hoy hay 12.512 armas nucleares en el mundo y el gasto en modernización, mantenimiento y producción de estos arsenales alcanzó en 2022 los 82.900 millones de dólares. Esta realidad ha marcado el desarrollo del Primer Comité Preparatorio de la Conferencia de Revisión del TNP, prevista en 2026. Muchos Estados Parte del TNP, entre ellos los que han ratificado el Tratado de Prohibición (TPAN) habían declarado que la coincidencia del Comité Preparatorio con los aniversarios de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, debía servir como una herramienta de presión adicional hacia los estados nucleares para dar pasos significativos hacia el desarme y cumplir el llamamiento de los supervivientes, los hibakusha, de “Nunca Más”.

Pero los estados nucleares no han sentido esta presión, más bien al contrario. Continúan incumpliendo sus obligaciones legales para desarmarse y lo justifican aduciendo que la frágil seguridad internacional no lo permite. Son estos mismos países los que están creando un ambiente de seguridad volátil pues su percepción de la seguridad va ligada a una retórica violenta basada en el hecho de que la amenaza mutua de usar armamento nuclear evitará que nunca se acabe utilizando.

Ante esta creencia de que la seguridad solo puede ser armada y que la doctrina de la disuasión es la única que puede evitar una confrontación nuclear, otros muchos países defienden el principio de seguridad plena y común para todo el mundo y hacen un llamamiento para acelerar los esfuerzos hacia el desarme. Los conflictos armados existentes, las tensiones geopolíticas y las amenazas de utilizar armas nucleares son razones urgentes para avanzar hacia la no proliferación y el desarme nuclear porque los riesgos inherentes a estas armas afectan globalmente a la seguridad de toda la humanidad, no solo la de aquellos que las poseen.

Cualquier uso de armas nucleares tendría unas consecuencias humanitarias devastadoras, provocaría daños irremediables a los ecosistemas, al medio ambiente y al desarrollo sostenible, impactaría en la economía global, la seguridad alimentaria y la salud de las generaciones presentes y futuras. Los efectos catastróficos de las armas nucleares transcienden las fronteras de los estados y suponen un riesgo muy grande para la supervivencia de la humanidad. Por tanto, la prevención de estas consecuencias debe centrar los esfuerzos colectivos para alcanzar y mantener un mundo libre de estas armas.

El mundo necesita una arquitectura legal internacional robusta y el TNP y el TPAN son una parte integral y permanente. A estos se añade el TPCEN (Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares) que, más de dos décadas después de su adopción, todavía no ha podido entrar en vigor porque su artículo XIV establece para ello la necesidad de ratificación de los 44 países listados específicamente en el documento. De estos faltan ocho por firmar, cinco de los cuales son estados nucleares: Estados Unidos, India, Corea del Norte, China y Pakistán.

La tardanza en la entrada en vigor de un tratado que prohíbe cualquier prueba con armamento nuclear y la carencia de adelantos significativos en el marco de las Conferencias de Revisión del TNP hace mucho más relevante y necesaria la aportación del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN). Hay que recordar que este tratado fue cuidadosamente diseñado para reforzar, complementar y hacer avanzar el TNP. El TPAN prohíbe las armas nucleares porque es la medida más eficaz para prevenir la proliferación y la carrera armamentista. También constituye el paso imprescindible hacia la eliminación irreversible, verificable y transparente de las armas nucleares, en línea con los pilares y objetivos del TNP y de acuerdo con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas.

Este 26 de septiembre tenemos que lamentar que el primer Comité Preparatorio de la Conferencia de Revisión del TNP haya acabado en fracaso mayoritariamente porque los estados nucleares actúan como si el mundo no sufriera el riesgo de una confrontación nuclear o como si no se gastaran miles de millones de dólares en la modernización y actualización de sus arsenales. 

¿Qué se necesita para obligar a los gobiernos más violentos del mundo a elegir las personas y el planeta por encima de la percepción de poder? Si el TNP no puede dar una respuesta, los países, instituciones y organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el desarme nuclear continuaremos trabajando desde la cooperación y el diálogo diplomático para conseguir el desarme, la paz y la seguridad por medio del TPAN. 

Este compromiso firme volverá a hacerse patente el próximo mes de noviembre en la Segunda Conferencia de Estados Parte del TPAN en la que nuevamente se demostrará cómo este Tratado representa el ágora más seria y eficaz para abordar los riesgos de las armas nucleares y avanzar hacia el desarme.

El Estado español asegura estar comprometido con la no proliferación y el desarme. Así lo declaró en su intervención en la sesión plenaria del Comité Preparatorio en la que, además, remarcó que los estados con armas nucleares tienen una responsabilidad especial para avanzar hacia el desarme nuclear. La declaración también recordaba la necesidad de que la entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completo de los Ensayos Nucleares no se retrase más. 

De acuerdo con este compromiso, las organizaciones de la sociedad civil española que integramos la Alianza por el Desarme Nuclear, instamos al Estado Español a asegurar su asistencia a la Segunda Conferencia de Estados Parte del TPAN como Estado Observador. Invitamos a España a dar este paso y posicionarse entre los países que quieren hacer avanzar y fortalecer la no proliferación y el desarme desde la cooperación y el diálogo diplomático hasta la consecución de un mundo libre de armas nucleares.