La situación del colectivo de trabajadores por cuenta propia ha estado estos meses de crisis de la COVID-19 más presente que nunca en la agenda pública: muchos autónomos han tenido que echar el cierre a sus pequeños negocios o han visto sus ingresos gravemente reducidos, y todavía está muy presente el recuerdo de la crisis de 2008 -cuando más de medio millón de autónomos desaparecieron y el mercado de trabajo se volvió más precario-. Las medidas de protección habilitadas ahora -como la prestación extraordinaria por cese de actividad, que se calcula que llegará a abarcar a un 40% del colectivo- han amortiguado el golpe y contribuido a sostener el tejido productivo. Es el momento de dibujar un horizonte de seguridad y certezas en el acompañamiento de los primeros pasos de la reactivación, y de soluciones estratégicas en el medio y largo plazo que pongan en el centro de nuestro modelo económico el valor de lo público, la importancia de hermanar salud y transición ecológica, la innovación y la vitalidad del tejido productivo que autónomos y pymes sostienen sobre sus espaldas.
Ello requiere, en primer lugar, que la prestación extraordinaria no sólo se prorrogue hasta el 30 de junio, sino además que se extienda más allá de esa fecha para aquellos sectores especialmente golpeados, y que puedan acceder a ella los conocidos como autónomos de temporada que hasta ahora están excluidos: esos 20.000 trabajadores por cuenta propia de actividades turísticas que suelen darse de alta entre finales de marzo y el otoño y a quienes la declaración del estado de alarma sorprendió aún de baja. Igualmente, se hace imprescindible asegurar que la liquidez llegue a quien la necesita: la experiencia de los avales públicos ICO es agridulce puesto que la banca está actuando con opacidad y prácticas abusivas, y esto hay que combatirlo mientras se aumentan los fondos de estos préstamos -España ha destinado el 10% de su PIB a la inyección de liquidez, frente al 30% de Alemania- y se garantiza a autónomos y micropymes el aval del 100% de sus préstamos frente al 80% actual.
No será posible recobrar dinamismo en la economía si no se analizan las necesidades específicas de cada sector y se invierte en abordarlas. Un ámbito crucial para nuestro país, por ejemplo, como el pequeño comercio acumulaba antes de la crisis problemas provocados por el reto de su transformación digital, y ahora la seguridad sanitaria le impone condiciones de trabajo que van a suponer más costes y tendrá que trabajar, en paralelo, para recuperar la confianza del consumidor. Esto no va a producirse sólo por verbalizarlo: se precisa de una estrategia integral y recursos y liderazgo públicos para implementarla.
Tampoco podremos recuperar fortaleza económica si seguimos escondiendo debajo de la alfombra las condiciones abusivas en las que se ven obligados a trabajar muchos 'falsos autónomos' como los riders, o los trabajadores músicos, invisibles para la administración porque la industria les niega la formalidad de un contrato. La inspección de trabajo debe ser más diligente, y nuestras leyes, más protectoras.
Son, en definitiva, muchas las medidas que se requieren y que deben impulsarse desde todas las administraciones. Medidas que necesitarán financiación, para lo que se hace ineludible una reforma fiscal justa que exija un esfuerzo mayor a quienes más tienen y libere presión sobre la carga indirecta del consumo.
Parece que hay consenso en que después de esta crisis de la COVID-19, nada será como antes. Que marca un antes y después. Pero es a nosotras y nosotros, como sociedad, a quién nos corresponde escribir el futuro que se abre ahora. Los trabajadores autónomos hemos estado ahí, detrás de la persiana echada en nuestros negocios por responsabilidad con la salud de todos, o abriendo nuestras tiendas de alimentación, abasteciendo en nuestros camiones y furgonetas las despensas del país, trasportando en nuestros taxis al personal sanitario y familiares de personas enfermas. Codo a codo con toda la ciudadanía. Nos hemos ganado a pulso el derecho a ser parte de los cambios, y tenemos mucho que decir y aportar a los retos de la reconstrucción económica. Queremos hacerlo, además, con más derechos, con más protección social: superar la precariedad estructural que padecemos para que, si hay otra crisis en el futuro, no estemos en una posición tan vulnerable.