Como el ladrón que se camufla en la multitud y grita “¡al ladrón! ¡al ladrón!” mientras apunta hacia adelante. Así inició este miércoles su discurso Santiago Abascal, acusando a la mayoría de investidura de perpetrar un “golpe de Estado”. Y no es lo único. Los días anteriores, Vox no solo alentó manifestaciones con símbolos franquistas, sino que presentó proposiciones de ley dirigidas a ilegalizar a todos los partidos y personas que defiendan programas “basados en el odio al ser de España”.
La apelación esencialista al “ser de España” atraviesa todas sus propuestas de ilegalización, blandidas como un martillo de herejes. En la exposición de motivos, Vox asegura que “la unidad de España” es “anterior” al principio democrático. Que es anterior al principio social. Que no puede ser objeto de debate. Y que no puede serlo porque su creador no es siquiera el pueblo. Es “España”, entendida como un ser trascendental, quien crea su propia unidad.
Este galimatías esencialista no está exento de efectos prácticos. Por el contrario, la unidad metafísica de España le permite a Vox justificar su propuesta de excomunión de toda disidencia. La lista de quienes pueden ser ilegalizados por atacar la “unidad de España” y sus símbolos es interminable: independentistas, republicanas y republicanos, españoles que, sin serlo de origen, “atenten contra la existencia de la Nación”.
El cúmulo de vulneraciones a la Constitución que anima el estrambótico proyecto ilegalizador de Vox es interminable. Todas remiten a una misma cuestión: el empeño de la derecha neofranquista en desconocer que la Constitución de 1978 no consagra una democracia militante. La expresión no aparece ni una sola vez en la perorata patriótico-metafísica que, bajo la forma de proposición de ley, han hecho llegar a la Mesa del Congreso. Pero es central. Que la Constitución no consagre una democracia militante implica que no exige una adhesión ideológica a su contenido. No es la Constitución alemana, que permite ilegalizar partidos por sus programas y sus ideas. La española, no. Por eso ampara por igual a independentistas y no independentistas. A entusiastas del himno y la bandera, y a personas que critican o no agitan estos símbolos desde que amanece hasta que se pone el sol.
Los juristas y abogados del Estado de Vox lo saben. Pero no les gusta. Querrían que la Constitución impidiera discrepar con su amenazante idea de España. Como saben que no lo hace, actúan como Jekyll y Hyde. Por la mañana, alardean de constitucionalistas con propuestas abiertamente inconstitucionales. Por la tarde, son más directos, y animan a sus escuadristas a exhibir carteles cargados de furia: “La Constitución rompe la nación”.
La mayoría de la Mesa del Congreso podría haber inadmitido a trámite este despropósito jurídico y político. No lo hemos hecho. Básicamente, porque la función de la Mesa no es controlar si el contenido de una proposición de ley es constitucional o no. Es facilitar su debate. Garantizar que los representantes del pueblo puedan tenerlo y la ciudadanía también. Si hay mayoría, la propuesta se convertirá en ley. Si no la hay, se enmendará o quedará desechada. Y si algún grupo está desacuerdo, siempre podrá recurrirla ante el Tribunal Constitucional.
Lo mismo que se ha hecho con esta iniciativa de Vox debería hacerse con la ley de amnistía: permitir su debate. Con más razón aún, ya que no es posible encontrar en ella ninguno de los obscenos vicios de inconstitucionalidad achacables a la propuesta de la ultraderecha. La ley de amnistía no pretende ilegalizar a nadie ni imponerle ninguna idea. Ni el independentismo ni una unidad de España amenazante y excluyente. Por el contrario, reconoce que hay ideas muy diferentes al respecto y defiende que sean objeto de debate, de discusión, y no de criminalización.
El Partido Popular ha votado a favor de la admisión a trámite de la propuesta de Vox. Lo coherente sería que facilitara la tramitación de la ley de amnistía. No porque esté de acuerdo con ella, sino porque la función de la Mesa del Congreso es facilitar el debate. Hasta ahora han hecho lo opuesto. Han movilizado a jueces con mandatos caducados para denunciarla cuando ni siquiera había un texto articulado. La han presentado como producto de un fraude electoral. Han acometido una reforma inconstitucional del Reglamento del Senado para dilatarla en el tiempo.
Si Feijóo no fuera hoy intercambiable con Abascal, podría rectificar. Actuar como demócrata en una democracia que, según la propia Constitución que dice defender, no es militante. No lo hará. Porque al igual que Vox, el PP poco cree en esa Constitución con la que se golpea el pecho. Porque al igual que Vox, solo le queda blandir España como una amenaza. Como una excusa para hacer trampas, para embestir, como decía Machado, solo porque ven que el Gobierno se les escapa de las manos.