La lucha contra el fraude y los paraísos fiscales: una prioridad del PSOE
El fraude fiscal forma parte cada vez más de las grandes preocupaciones de los españoles. Las filtraciones de los Papeles del Panamá o las revelaciones publicadas por eldiario.es en los Papeles de la Castellana sobre personalidades que se acogieron a la amnistía para blanquear sus patrimonios en paraísos fiscales, dejan en la sociedad una sensación de profunda injusticia. Los ciudadanos sienten que tras el lema “Hacienda somos todos” convive un escenario dual: por una parte una mayoría de trabajadores cumple escrupulosamente sus obligaciones con Hacienda, mientras al otro, en el backstage, un conjunto de élites con la ayuda de grandes despachos de asesoría fiscal y financiera escapan de las normas fiscales con relativa impunidad.
Si a este contexto le añadimos la amnistía fiscal aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy, de la que se beneficiaron miembros destacados, amigos y familiares del partido del gobierno, entonces la preocupación se transforma en indignación absoluta. Esta situación debilita nuestro sistema democrático al disolver como un azucarillo el pacto social entre gobernantes y gobernados, alimentando la desconfianza y desafección de muchísimos ciudadanos con nuestras instituciones y la política en general.
España, con un nivel de ingresos públicos ocho puntos de PIB por debajo de nuestros vecinos del euro, no puede permitirse este nivel de fraude fiscal. Ni nuestras arcas públicas, ni la moral de los ciudadanos que cumplen, ni la competitividad económica. Porque la economía sumergida también distorsiona la competencia, haciendo muy difícil la subsistencia de empresas que cumplen con sus obligaciones en sectores donde anida el fraude.
Desde el Partido Socialista queremos plantarle cara al fraude, y por eso hemos planteado una estrategia integral con 70 medidas concretas con las que esperamos registrar un incremento de ingresos públicos adicionales de 9.500 millones de euros al final de la próxima legislatura. Y es que esta lucha y la economía sumergida necesitan de una estrategia clara, sostenida en el tiempo y con un enfoque estable que huya de los efectismos cortoplacistas o electoralistas. Las razones son obvias y los resultados de un año son producto del trabajo de muchos años anteriores. Pese a la propaganda gubernamental, buena parte de los resultados de esta legislatura han sido consecuencia de actuaciones de anteriores, como por ejemplo, los casos en los que se logran cobrar contenciosos tras muchos años de pleitos en los tribunales.
Entre las medidas que proponemos destaca en primer lugar el fin de la instrumentalización política por parte del Gobierno de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), con la aprobación de un nuevo estatuto que le otorgue verdadera independencia. La pasada legislatura hemos asistido atónitos al uso partidista e interesado de información tributaria por parte del Ministro de Hacienda y otros miembros del gobierno. Esto es inaceptable y debe terminar para recuperar el prestigio y credibilidad de una institución como es la AEAT, vital para el funcionamiento del Estado. Además, se incrementarán en 5.000 los efectivos (empleados públicos) en la lucha contra el fraude fiscal y laboral, se crearán juzgados especializados en delitos económicos, fraude fiscal y a la Seguridad Social, con su fiscalía especializada correspondiente con medios adecuados. Y las acciones de la AEAT se concentrarán en el gran fraude cualificado, como parte de una estrategia a largo plazo que supere el establecimiento de objetivos recaudatorios inmediatos.
En el ámbito de las medidas legales, endureceremos la Ley para que todos los delitos fiscales sean considerados como graves y nos comprometemos firmemente a acabar para siempre con las amnistías fiscales, incluso prohibiéndolas por Ley. Si llegamos al gobierno cambiaremos la Ley tributaria para conocer el nombre de todos los defraudadores, acogidos a la amnistía fiscal, siempre dentro de los límites constitucionales. Y exigiremos los 2.800 millones de euros que el anterior gobierno perdonó ilegalmente a los defraudadores de la amnistía fiscal (al cobrarles el 3% en lugar del 10%), remitiendo a los tribunales todos los casos de acogidos a la amnistía con indicios de delitos relacionados con la corrupción o de blanqueo de capitales.
En el campo de la lucha contra la elusión fiscal internacional, España debe ponerse a la cabeza de las diferentes iniciativas, que desde la UE, la OCDE o el G20 se están desarrollando para acabar con esta lacra. Sin duda, la erradicación de los paraísos fiscales es una tarea global, en la que el éxito solo llegará si hay una voluntad decidida y sostenida en el tiempo de la comunidad internacional. Pero esto último no significa que países individuales no puedan tomar medidas domésticas, como están haciendo la mayoría de los países más avanzados y comprometidos con esta causa. Por ello, al calor de los recientes escándalos, hemos incorporado nuevas medidas para dificultar el uso y abuso de las jurisdicciones más opacas por parte de ciudadanos de nuestro país. Esto ha mostrado las fisuras de la posición europea y la necesidad de reemplazar las listas nacionales de paraísos fiscales por una lista común europea de carácter público, mucho más exigente y que incluya a aquéllos territorios clasificados como paraísos fiscales en virtud de una serie de criterios objetivos y comprehensivos establecidos a escala comunitaria. Pero mientras no se acuerde esta lista europea, España debe actualizar su lista nacional de territorios no cooperativos, basada en criterios más exigentes que los vigentes.
También proponemos endurecer las consecuencias para los ciudadanos, bancos y empresas que operen con los territorios considerados paraísos fiscales. Así, entre otras consecuencias, introduciremos un gravamen especial sobre todas las operaciones de empresas o particulares destinadas a estos territorios o procedentes de ellos, se prohibirá a la empresas establecidas en paraísos fiscales acceder a la contratación pública de bienes y servicios en España y la denegación a las mismas de la concesión de ayudas públicas. Obligaremos a todas las entidades financieras a identificar a los clientes de filiales y sucursales de entidades españolas radicadas en paraísos fiscales. Aquellas entidades que incumplan podrán perder sus licencias bancarias.
En definitiva, acabar con el fraude y la economía sumergida es una tarea de todos, que exige medidas concretas y voluntad colectiva firme de considerar el fraude fiscal, como lo que realmente es: un inmenso robo perpetrado por unos pocos sobre los bolsillos de todos. Por tanto, ha llegado la hora que desde la política se tomen las medidas para acabar con esta lacra.
