Marruecos, una vez más, miente. Y sus cómplices y correligionarios aplauden con las orejas. La legión de todo tipo de medios desplegados, en los que no escatima ni dírhams, ni euros, ni dólares, pretende convertir al secretario general del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Ghali, en un criminal. Para ello, inventó —y, si no se pone coto, seguirá haciéndolo— dos querellas disparatadas.
Este tipo de querellas son infundadas porque obedecen a denuncias sin fundamento alguno, cuya pretensión es utilizar a los tribunales de justicia con fines fraudulentos, y fueron archivadas por la Audiencia Nacional.
Ahora, el brazo jurídico ejecutor marroquí, aprovechando la presencia del líder del Frente Polisario en España por motivos médico humanitarios, trata de desempolvar esas denuncias, para hacerlas valer como balas judiciales. Su pretendido objetivo —y aun a sabiendas de su nulo recorrido— obedece a diferentes razones. Por un lado, reivindicar ante las autoridades españolas su permanente rechazo del derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación e independencia. Por otro, tratar de desacreditar a Ghali y al Frente Polisario con imputaciones penales irreales e inverosímiles. Y, de paso, buscan maquillar la responsabilidad estatal marroquí y la de sus doce ciudadanos alauitas, procesados en la Audiencia Nacional y sujetos a órdenes internacionales de detención con fines de extradición, como responsables del crimen de genocidio cometido contra el pueblo saharaui. De esta forma, la presión al gobierno de España está servida.
Estas querellas ideadas, deliberadas y redactadas al otro lado del Estrecho, destilan aromas estrictamente políticos. Todo propósito de confusión y engaño por parte de los tentáculos de Marruecos hay que rechazarlo. La técnica procesal utilizada es una destreza vieja conocida en los juzgados: cuando no tienes razón en tu pretensión dibuja hechos impactantes con apariencia de verosimilitud para conseguir que la denuncia sea admitida a trámite. Y esto es lo que ha sucedido. Los querellantes, subidos a ese desleal carro de la justicia, relatan hechos pero huérfanos de cualquier sustento mínimo probatorio. Hablar y escribir es fácil, probar, en este caso, una mentira imposible. La propia Audiencia Nacional, en esa vorágine a la que se la tiene sometida con las dos querellas, ha sido rotunda al rechazar las medidas cautelares solicitadas, con finalidad política, y no jurídica: “no hay indicios claros de su participación [Brahim Ghali] en las conductas recogidas en la querella”.
La realidad es otra bien distinta. La única querella legítima, por mucho que le aterre a Marruecos, es la que se interpuso ante la Audiencia Nacional en el año 2006, gracias a la denuncia de víctimas y de organismos defensores de Derechos Humanos, por los graves crímenes cometidos contra el pueblo saharaui por parte de Marruecos desde el mismo momento que iniciaron la invasión del Sahara Occidental.
A pesar de la deliberada ausencia de justicia en Marruecos, garantizando a sus autores la impunidad absoluta, y de sus obstáculos continuos para impedir la investigación y enjuiciamiento de estos crímenes en España, los tribunales españoles, después de la pertinente y rigurosa investigación judicial, dictaron un auto de procesamiento de extraordinaria importancia. Y es así porque, aunque sea de forma provisional, se declara, con el rigor de un tribunal de justicia, la verdad judicial de lo que sucedió en el Sahara Occidental. Esta resolución es una decisión dictada por un tribunal de justicia, independiente e imparcial, basada en abundantes elementos probatorios practicados a lo largo de años de investigación, respetando escrupulosamente todos los estándares del juicio justo.
La irritación de Marruecos y sus acólitos procede del revés judicial del auto de procesamiento español. No soporta que se declare la existencia del pueblo saharaui con sus específicas circunstancias. Se descomponen con la retahíla de resoluciones de Naciones Unidas, plasmadas en el auto que considera al Sahara Occidental como “territorio no autónomo”, y por tanto se deriva el reconocimiento al derecho del Sahara a la libre determinación y la independencia, y el proceso a seguir para su consecución.
Marruecos se sulfura cuando la Audiencia Nacional le recuerda que: i) ocupó con violencia el Sahara Occidental y que su ejército y policía atacaron sistemáticamente a la población saharaui; ii) que el Tribunal Internacional de Justicia, el 16 de octubre de 1975, concluyó que el Sahara Occidental no era territorio de nadie en el momento de su colonización por parte de España y que carecía de vínculo de soberanía territorial con Marruecos y Mauritania; iii) que la “Marcha Verde” de 1975, iniciada por militares y civiles y rechazada por Naciones Unidas, fue el origen la invasión del Sahara Occidental; y iv) que por decisión de Naciones Unidas se acordó la realización de un referéndum. Labor que sigue incumplida.
Marruecos busca blanquear su imagen y responsabilidad. El auto de procesamiento, que repudia, describe crímenes concretos perpetrados desde 1975 contra la población saharaui, especificando el lugar de comisión, los nombres de víctimas y victimarios identificados y el momento temporal en el que se ejecutaron.
La resolución describe la sinrazón de la barbarie protagonizada por Marruecos contra los saharauis y narra cómo se ejecutaban los crímenes y los crueles métodos de tortura. Se leen pasajes de horror: “Dio a luz en la cárcel y al recién nacido le cortaron los dedos y se los trajeron después a la madre en la comida”; “prendieron fuego a uno de los prisioneros”; “le quemaron con cigarrillos y mecheros y le obligaron a hacer felaciones a varios guardias”; “el campamento fue bombardeado con napalm y fósforo blanco por la aviación marroquí ocasionando al menos 39 muertos, así como más de 75 heridos de gravedad”; “las bombas cayeron en la tienda-hospital que estaba señalizada con una media luna roja, matando a la mayoría de la gente que se encontraba en su interior e hiriendo a otras muchas”.
Marruecos pretende que se olvide lo inolvidable, que se ignore que cometió el crimen de los crímenes. La resolución judicial española califica los hechos como genocidio porque las acciones cometidas por militares o policías marroquíes se dirigieron unívocamente contra los saharauis, personas originarias del Sahara Occidental, “que fueron sometidas a persecución únicamente por el motivo de ser originarios de ese territorio que reclama Marruecos y con la finalidad de destruirlos, mediante el asesinato o desapariciones forzadas o incluso mediante la reclusión durante grandes períodos de tiempo”. Y lo que es peor, la resolución judicial señala que existió en esa política planificada alauita “una finalidad de destrucción” del pueblo saharaui.
Marruecos busca que se queme —al igual que hicieron con las jaimas que cobijaban a los saharauis, ancianos, mujeres y niños en su éxodo por el desierto— todas y cada una de las líneas del auto de procesamiento.
Marruecos ahora exige cooperación a las autoridades españolas, cuando la reciprocidad ha sido inexistente. Marruecos no atendió ni una sola petición de ayuda cooperativa de los jueces españoles para investigar los hechos y personas que conforman en el auto de procesamiento. Y, por supuesto, no ha detenido ni extraditado a ninguno de sus ciudadanos escondidos dentro de sus fronteras.
Este genocidio hoy continúa contra aquellos saharauis que luchan pacíficamente por la independencia de su pueblo y por la defensa de los Derechos Humanos en los territorios ocupados del Sahara Occidental. Marruecos persigue, secuestra, encarcela y tortura a los civiles saharauis, negándoles el derecho a un juicio justo. Saquean sus propiedades, expolian las riquezas naturales del territorio no autónomo del Sahara Occidental y colocan minas anti-personas en los lindes del Sahara Occidental con Mauritania, Argelia y las zonas liberadas.
Marruecos debe recordar que ya no son sólo las resoluciones de Naciones Unidas, sino también los tribunales de justicia españoles, los que, después de una rigurosa investigación judicial, han concluido que existen indicios racionales de que Marruecos cometió un genocidio contra el pueblo saharaui y que este pueblo tiene el derecho a la autodeterminación e independencia. Es imperativo que Marruecos salga de una vez de la permanente ilegalidad, deje de maquinar torticeramente para obtener objetivos espurios y cumpla sin fisuras con las obligaciones que le impone el Derecho Internacional. Y desde luego debe aleccionar a sus servicios de inteligencia a trabajar con el rigor a la verdad y el respeto a los derechos fundamentales de las personas.