Giros en la narrativa oficial sobre política migratoria de un viaje africano

Muchos de nosotros saludamos con alivio el mensaje inicial del presidente del Gobierno en su primera etapa de la gira africana, en Mauritania, cuando subrayó que las migraciones son fuente de “riqueza, desarrollo y prosperidad”. Fue asimismo un alivio que reiterase lo que a muchos nos parece obvio: que, para gestionar la movilidad migratoria, hay que desarrollar vías legales, regulares y seguras. 

Ahora bien, que el gobierno de España trabaje en establecer esas vías, no es una osadía progresista: es simplemente cumplir con lo que establecen no ya las recomendaciones, sino el título mismo del Pacto Global sobre Migraciones aprobado en diciembre de 2018 por la Asamblea General de la ONU (Global Compact for Safe, Regular and Legal Migration), una exigencia constante desde hace muchos años por parte de ONG y expertos y también del papa Francisco desde el inicio de su pontificado. Insisto: no debería presentarse como novedad la voluntad política de cumplir con un compromiso ratificado por nuestro país hace seis años. Más bien eso habla de que hasta ahora no ha habido voluntad política de hacerlo. Tampoco por parte de la UE, todo hay que decirlo.

Muchos matices requiere, en cambio, otra afirmación del presidente en este viaje: “la inmigración no es un problema, sino una necesidad”. Eso sí, nada sencilla de gestionar. En principio, ese mensaje es también positivo y además, para subrayar su firmeza, viene acompañado de la pátina de “realista”, para diferenciarse de los discursos buenistas. Pero lo cierto es que, si se quiere desarrollar un pilar internacional de política migratoria, lo primero en lo que habría que trabajar es en reducir las causas del déficit de expectativas de vida digna que hace que la migración sea un destino fatal, inevitable, para centenares de millones de personas en todo el mundo, y no una elección para mejorar sus proyectos de progreso profesional, como sucede en países como el nuestro. Recordaré una vieja tesis que conocen bien algunos internacionalistas: si hablamos de migraciones, el primer derecho es el derecho a no emigrar, salvo que esa decisión sea resultado de una libre elección. 

Lo cierto, además, es que antes que necesidad (para quienes viven sin condiciones de vida digna y para los países como el nuestro, que están inmersos en un invierno demográfico que hace insostenible su sistema de Estado de bienestar), las migraciones son, como afirmaron los sociólogos de la escuela de Mauss en el XIX, un hecho social global, total. Una constante en la historia de la humanidad: los humanos necesitamos arraigo, pero somos seres migrantes, no árboles. No se trata de estar a favor o en contra. Se trata de gestionar todas sus etapas, teniendo en cuenta a todos sus actores, y, sobre todo, que no son sólo un fenómeno laboral o económico, sino que afecta a todas las dimensiones de lo social (también la cultural, la política) y de ahí la dificultad de su gestión, que requiere cambios por parte de todas las partes afectadas: también por parte de las sociedades de recepción (lo de acogida es un desiderátum) que deberían plantearse qué contrato social se ofrece a los inmigrantes y cómo es obliga a reformular el nuestro.

Hay más: ese “realismo” -acomodarse a la necesidad- parece demasiado condicionado a una perspectiva unilateral de “egoísmo racional”, aprovechar esa mano de obra barata cuando tenemos déficits importantes en numerosos sectores del mercado de trabajo y garantizando como primer objetivo nuestro beneficio. 

Todo esto tiene mucho que ver a su vez con una tercera afirmación, también en principio positiva, pero necesitada de aclaraciones de principio, la propuesta de la “inmigración circular” como modelo y no como ejemplo de una vía para gestionar un sector del mercado laboral necesitado de mano de obra ocasional (trabajos de temporada), de la que hablaré enseguida. 

Con todo, el giro más notable en esta narrativa del viaje del presidente es la vuelta de tuerca final sobre la primacía de la seguridad. No me refiero sólo al hecho de que se entreguen funciones de externalización de fronteras a países que no respetan los derechos humanos, como Mauritania (lean cualquier informe sobre los derechos de las mujeres allí), sino al regreso del presidente al discurso de la prioridad de la seguridad y a la exigencia de “retornar a los inmigrantes irregulares”. 

Este último giro, como he tenido ocasión de explicar recientemente en una entrevista en Infolibre ), es muy revelador de la esquizofrenia en la que parece vivir la izquierda en sus propuestas sobre políticas migratorias y de asilo. Y es un giro compartido por el gobierno de coalición en Alemania, ante el temor de la ventaja que ofrece a la extrema derecha del AfD los atentados en Solingen. Así, se reitera el mantra de que hay principios y exigencias que proclaman con énfasis. Eso sí, morales, lo que es revelador, porque las exigencias morales, a diferencia de las obligaciones jurídicas, forman parte del ritual del arsenal retórico, pero no de compromisos de cumplimiento exigible. Dicho esto, vuelven a la realidad y se pliegan a la exigencia de reiterar aún más enfáticamente como prioridad de prioridades la voluntad de firmeza frente a la inmigración irregular, con la excusa de que es por el propio bien de los inmigrantes. Un discurso que pasa por alto el hecho difícilmente rebatible de que nuestras fronteras (no digamos las de países como Mauritania, Marruecos, Túnez o Libia) son muchas veces un agujero negro para los derechos.

Sobre los límites del modelo de inmigración circular

Para terminar, vuelvo sobre el argumento de la bondad del modelo de inmigración circular. Lo que quiero subrayar es que ese modelo de inmigración con contratación en origen, nada novedoso, como ya explicó Gabriela Sánchez en estas mismas páginas (https://www.eldiario.es/desalambre/contratados-origen-vuelta-pais-consiste-migracion-circular-pactada-sanchez-gira-africa_1_11615020.html), no puede generalizarse como la panacea. Me preocupan, sobre todo, dos aspectos de ese mensaje.

El primero, que la generalización de ese modelo abunda en la justificación de una política migratoria groseramente instrumental, de egoísmo racional, si se me permite llamarlo así, lo que se advierte en su caracterización de las migraciones (que es un paso positivo, insisto) “no como un problema, sino como una necesidad”. No: las migraciones no son una necesidad (una necesidad que, por cierto, implica en buena medida una desgracia: tener que abandonar tu hogar), sino ante todo lo que los sociólogos del XIX ya llamaban un , un rasgo estructural de la humanidad, que se acrecienta en contexto de globalización. 

Generalizar la inmigración circular como modelo es abundar en una tesis que ya enunció Marx, el uso de los migrantes como ejército de reserva del capitalismo, mano de obra precaria y disponible, que perjudica los derechos de los propios inmigrantes y desestabiliza a los trabajadores nacionales. En suma, lo de Bauman: industria del desecho humano. Para contarrestar esa crítica sería necesario que los acuerdos bilaterales con esos países incluyeran no sólo proyectos de formación y promoción de los inmigrantes, sino resultados concretos, objetivables en términos del Indice de Desarrollo Humano de la ONU (que incluye avances en democracia y derechos humanos) para los ciudadanos de los países de origen y tránsito. Veo factible que así sea en el caso de Senegal, como ha proclamado el ministro Cuerpo al sacar pecho de las medidas anunciadas en el paquete del plan Avanza. Dudo mucho que lo sea en el caso de Gambia y, desde luego, no tengo ninguna duda de que no habrá nada de eso en el de Mauritania.

A riesgo de que me critiquen quienes desprecian las obligaciones con los derechos humanos como ejemplo de buenismo, quienes consideran esos deberes como meras opciones, insistiré en que la primera exigencia en la gestión de la movilidad humana es garantizar los derechos de quienes los tienen más en riesgo, los propios inmigrantes (no digamos los niños, los menores), algo que brilla por su ausencia en este discurso. Derechos violados por las mafias que los explotan, desde luego. Pero también, lamentablemente, por buena parte de los gobiernos de los Estados por los que transitan y a los que llegan.

Pondré un solo ejemplo: me llama la atención que quienes, como Silvia Intxaurrondo (y la cito porque sé de su conocimiento del mundo árabe), son justamente críticos con los despropósitos del PP en política migratoria, alaben el acuerdo con Mauritania, descontextualizándolo del conocimiento de la realidad de ese país en materia de respeto a los derechos humanos y a los elementales principios e instituciones de la democracia. La pregunta que todos, también los más agudos periodistas, debemos hacernos es ésta: ¿podemos permitirnos esos acuerdos que, sobre todo, no nos engañemos, tienen como núcleo la externalización del control de fronteras (no sólo de salida y tránsito, también a la hora de las expulsiones mal llamadas devoluciones), con países cuyo estandar de respeto de los derechos humanos es ínfimo? Y pondré un solo ejemplo: ¿saben qué hay en el acuerdo con Mauritania acerca de condicionar las ayudas económicas a la exigencia de respeto a los derechos de las mujeres y de las niñas, de las propias mauritanas y de las mujeres y niñas inmigrantes que transitan por Mauritania, por no hablar de las mujeres inmigrantes que nosotros vamos a devolver a Mauritania para quitárnoslas de encima? Les responderé: nada ¿Alguien en su sano juicio cree que el régimen mauritano que, para empezar, condicionó la ratificación de la CEDAW ONU a la interpretación rigorista de la sharía que hace de las mujeres infrasujetos de derechos, va a garantizar sus derechos?

La ausencia de garantías para los necesitados de protección internacional y asilo

Termino con un déficit muy preocupante, a mi juicio, en la narrativa de este viaje. Me refiero a la absoluta ausencia de referencia a otro fenómeno característico de la movilidad humana y que se ve afectado por estos acuerdos: los millones de personas que se desplazan buscando refugio, protección. No olvido la situación de los menores en Ceuta, pero apunto ahora al hecho (que el Defensor del Pueblo ha constatado) de que, en Canarias, por ejemplo, hay más de mil niños malienses: huir de Mali (como de Sudán, de Yemen, de tantos países que no garantizan e incluso prohiben los derechos de las mujeres y las niñas) es una necesidad vital. Y debemos facilitarles a ellos y a todos los que huyen de la muerte, de la ausencia de derechos humanos, de la persecución, vías legales, seguras, para que puedan ejercer su derecho a la protección internacional, incluido el asilo. 

La práctica de las devoluciones en caliente, de los retornos masivos a países terceros, violan el principio básico de non refoulement del Convenio de Ginebra de refugiados. Por no hablar de las eufemísticamente denominadas “devoluciones” colectivas, que suponen una violación del artículo 19 de la Carta europea de derechos fundamentales (1 Se prohíben las expulsiones colectivas. 2. Nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un. Grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes). Las expulsiones colectivas, como saben todos los gobiernos de la UE y deben saber cualquier político europeo responsable, están también prohibidas por el artículo 4 del protocolo adicional 4 del Convenio europeo de derechos humanos, ratificado por España. Otra cosa es que un buen número de gobiernos europeos (incluidos los nuestros, de diferente signo), hayan recurrido y recurran a ellas, en flagrante violación de esas obligaciones jurídicas. Que algunos políticos del PP o de Vox alardeen de la exigencia de expulsiones masivas sólo certifica su ignorancia o su mala fe. Alguien debería avisar a los estrategas electorales del PP que tratar de emular a Vox, o a Alvise, no les da más votos, sino que se los transfiere a Vox o a Alvise

Una estrategia útil, pero de corto alcance

Concluyo. Creo que este viaje apuntala un tipo de discurso sobre política migratoria que, en su simplismo argumentativo, parece estratégicamente eficaz. 

El Gobierno se sitúa así en el óptimo in medio virtus. Pone a un extremo la verborrea xenófoba, llena de contradicciones y falsedades, que le ha regalado la torpe estrategia del PP en estos días, de nuevo con pasajes tremendistas y desveladores de una profunda ignorancia de la más elemental legalidad, de la que suele hacer gala el diputado y portavoz Miguel Tellado que cada vez que pretende innovar quiebra un elemento básico de la legalidad interna e internacional. 

Por otra parte, con la insistencia en el realismo, en la prioridad de la seguridad en las fronteras, en la dureza “contra las mafias” y contra la inmigración irregular, se posiciona a la derecha del buenismo ingenuo y contraproducente de quienes, según se dice, proclaman una política de puertas abiertas (no conozco a nadie que haya trabajado en serio en migraciones que sostenga esto, y menos aún que esa medida pueda ser adoptada por un solo Estado). Y el gobierno parece olvidar que ese mensaje de dureza ignora que si las mafias tienen negocio es porque hay quien compra su mercancía: no sólo los desgraciados inmigrantes que se ven obligados a recurrir a ellas porque no hay vías legales, regulares y seguras, sino también quienes emplean a los irregulares, aprovechándose de su precariedad.

Pero esta estrategia, al menos a corto plazo, funcionará. Lo malo es que sus déficits suponen insistir en una política migratoria y de asilo tantas veces fracasada, sin atreverse a ensayar las propuestas que han puesto a su disposición numerosos equipos de investigación, expertos y ONG con decenas de años de experiencia en el campo. Véase por ejemplo la sorprendente ignorancia que parece mostrar la responsable de migraciones sobre el plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, un instrumento que respondía a otra filosofía sobre la presencia de los inmigrantes y enfatizaba la colaboración con las administraciones municipales y autonómicas, que se puso en marcha en 2007 y al que puso el finiquito el gobierno Rajoy en 2012.