La hipocresía del alarmismo xenófobo: flujos financieros ilícitos y migración
De África no solo parten migrantes, según las Naciones Unidas, también lo hacen 50.000 millones de dólares anuales en forma de flujos financieros ilícitos, casi un tercio del presupuesto anual de la Unión Europea. Si atendemos a esta cifra podría decirse que a cada persona migrante que huye de África le corresponden alrededor de 260 mil dólares de esos recursos que África ha dejado de recaudar y que se podrían haber invertido en políticas sociales y de bienestar.
Los flujos financieros ilícitos son dinero negro, es decir, recursos que proceden del fraude fiscal. Según las Naciones Unidas, la mayoría de estos flujos provienen de la corrupción, de la evasión de impuestos de compañías multinacionales o del crimen organizado como el narcotráfico, la trata de personas o el terrorismo. El fraude fiscal mina las capacidades de desarrollo de los países, implica recursos que los Estados dejan de recaudar y que podrían haberse utilizado para financiar políticas públicas para la gente. Como señala un informe de la OCDE de este mismo año, los flujos financieros ilícitos lastran el crecimiento económico, la gobernanza democrática y el estado de derecho de los países; la debilidad de estos tres elementos es, a su vez, un importante factor que empuja a las personas a migrar.
Según la Organización Internacional para las Migraciones, en 2017 llegaron a Europa cerca de 186 mil personas migrantes a través de rutas mediterráneas. Estas personas arriesgaron sus vidas para llegar a Europa huyendo de la pobreza, la violaciones de derechos humanos y la falta de oportunidades económicas. Todas estas causas se podrían mitigar desde Estados democráticos y de bienestar sólidos. Es precisamente esto lo que convierte en inadmisible que desde los países ricos se mire hacia otro lado ante los 50.000 millones de dólares que se fugan anualmente de África hacia países ricos. Sin duda, no estamos ante una crisis de número de migrantes, sino ante una crisis de coherencia, solidaridad y redistribución.
A través de impuestos las personas migrantes devuelven a los países receptores más de lo que reciben, lo han demostrado investigadores del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. También sabemos que las remesas que se envían de vuelta a casa suponen tres veces más que la ayuda oficial al desarrollo a nivel global. Tanto es así que, como señalan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la migración es positiva para los países de origen, de tránsito y de destino. No es la migración per se, sino la causas raíz que fuerzan a la gente a migrar contra su voluntad lo que debe combatirse. La debilidad de Estado que produce el expolio de los flujos financieros ilícitos es una de estas causas. En este sentido, se precisa combatir el fraude fiscal de manera integral y coherente a nivel global.
Quienes desde su posición de poder han participado o facilitado estos flujos de dinero en B, o incluso obviado su responsabilidad a la hora de atajarlos, son cómplices del empobrecimiento de África y, en consecuencia, de que miles de personas se vean forzadas a abandonar sus hogares. Los imprescindibles esfuerzos políticos y legislativos que se han promovido para fomentar la transparencia de las acciones de nuestras multinacionales, como la Directiva Europea sobre obligaciones para la publicación de la información financiera de las empresas desglosada por países, o la Directiva contra el blanqueo de capitales, son sistemáticamente saboteados por aquellos mismos que, aduciendo al falso efecto llamada provocado por las acciones humanitarias de rescate en el Mediterráneo, solo buscan su rédito político en base al discurso del miedo y la xenofobia. Sorprende y no sorprende que sean los mismos que han recortado en servicios públicos en España y han forzado a miles de nuestros jóvenes a buscarse la vida fuera de nuestras fronteras. Mientras lo hacían financiaban sus partidos en B, otorgaban amnistías fiscales a sus amiguetes defraudadores y utilizaban lo que es de todos para su beneficio particular privatizando lo público y otorgando contratos a las empresas de sus colegas llevándose la mordida a Suiza. Son más amigos del fraude fiscal que de los derechos humanos.
