En ocasiones la vida depara casualidades que llegan cargadas de simbolismos. Hoy parece ser uno de esos días.
El 9 noviembre 2015 el Parlament de Catalunya aprobaba una resolución, calificada como inicio del proceso hacia la independencia. De aquellos polvos vinieron los lodos posteriores. Exactamente ocho años después, otro 9 de noviembre, se hace público un acuerdo entre PSOE y Junts, que, de manera complementaria a los alcanzados con Sumar, ERC, Bildu, BNG y PNV, permitirán alumbrar la investidura de Pedro Sánchez.
Ya tendremos oportunidad de analizar en detalle los contenidos del acuerdo, pero de una primera lectura se desprende un perímetro en el que destacan dos grandes bloques. La del uso del derecho de gracia, para intentar por la vía de la ley de amnistía minimizar algunos de los efectos penales que se han ideo produciendo durante estos años. Y compromisos para poner en marcha políticas en clave autonomista. Solo eso ya debería ser una lección de futuro para los dirigentes independentistas que usaron, hasta la adicción, la astucia para construir una ficción que estaba condenada a llevarnos a ninguna parte.
Es importante destacar cómo los interlocutores han abordado aquellos temas en los que hay claras discrepancias. Han utilizado una buena técnica de negociación que los sindicalistas conocen muy bien. Ante la imposibilidad de llegar a acuerdos han pactado los desacuerdos, constatando en cada tema cuáles son las posiciones confrontadas de ambas partes.
Estos días asistiremos a la continuidad de un tsunami de análisis sobre estos acuerdos y sus consecuencias. Cada uno fijará la mirada en aquello que le resulte determinante o en lo que le interese para mantener y sostener su posición en este conflicto.
Personalmente me interesa mirar hacia el futuro. Sobre el pasado reciente y remoto ya he tenido oportunidad de dar mi opinión (aquí, aquí y aquí). Siempre guiado por la idea de intentar superar la situación de un conflicto que nos llevó primero a la fractura social en Catalunya y España y que luego ha ido evolucionando hacia formas más suaves, pero no menos peligrosas, de polarización emocional.
En todo caso, el pasado me interesa porque aporta lecciones que haríamos bien en no pasar por alto y si es posible deberíamos convertir en enseñanzas colectivas.
La primera es que ni hoy ni el día de la investidura acaba nada. Ningún acontecimiento importante comienza en un solo día y acaba en otro. Lo recordaba Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, con relación al drama de Palestina. En el mejor de los casos, hoy puede comenzar una nueva etapa que se presenta muy compleja se mire por donde se mire.
La propia ley de amnistía, una vez aprobada continuará su recorrido ante los Tribunales que la han de aplicar, ante el Tribunal Constitucional, incluso es posible que llegue al Tribunal de Estrasburgo, que aún tiene otras causas pendientes relacionadas con el procés.
No creo que vaya a desaparecer rápidamente el clima de crispación que se ha creado en España al calor y con la excusa de la futura Ley de amnistía. La crispación, una vez desatada, cuesta mucho de devolver a los corrales. Este debería ser el objetivo de todo el mundo, actores políticos y sociales, medios de comunicación. Nada, ni los beneficios propios, compensa el daño que comporta para la sociedad el actual clima de crispación.
Una vez celebrada la investidura, el presidente y su gobierno deberían trabajar para cambiar el escenario de las prioridades políticas. El conflicto territorial va a continuar muy presente, no puede ser de otra manera en un estado compuesto con fuerte descentralización política. Pero la sociedad reclama que prestemos atención a los muchos problemas sociales que le acechan, como se ha hecho, con bastantes aciertos por cierto, durante la pasada legislatura.
Es una obligación de Pedro Sánchez que ayudaría a legitimar los acuerdos con las fuerzas independentistas. Una de las razones que justifican alcanzar estos pactos tan complejos, como discutibles para algunos, es la necesidad de constituir un gobierno que permita continuar y si es posible profundizar las políticas de progreso.
No será fácil porque la actual mayoría parlamentaria, incluso se si consolida, tiene una gran diversidad de posiciones en temas tan trascedentes como el de la fiscalidad. Pero, asumida esta dificultad, el futuro gobierno debe dejarse la piel en ello. Si no lo hace estaría deslegitimando ex post los pactos alcanzados y dando la razón a sus críticos.
Otra lección que es especialmente importante para Catalunya ha de venir de la mano del mundo independentista. Sus dirigentes deben a la sociedad catalana un balance sincero de lo acontecido y de sus responsabilidades. No se trata ni de asunción de culpas ni de perdón. Estos son parámetros judeocristianos que no sirven para la política.
Se trata de evitar que suceda una vez más lo que explicó magistralmente Vicens Vives en 'Noticia de Catalunya' hace siete décadas (1954). “El seny, la medida y la ironía se hallan al servicio de la continuidad… De repente estas cualidades parecen frenadas, incluso invertidas… por la rauxa y el vapuleo. De ahí que nuestra vida colectiva esté tejida por una sucesión de resurgimientos y decadencias; que disolvamos en pocas horas el trabajo de años de reconstrucción. Y luego a empezar de nuevo, lamentándonos del tropiezo, pero sin meditar en ello, evitando plantearnos el análisis político, social y espiritual de los hechos, casi dispuestos a perdonarnos o bien a encumbrarnos en nombre de un patriotismo mal entendido”. No debería repetirse esta historia como si fuera una maldición bíblica.
También la derecha conservadora tiene la oportunidad de aprender algo de estos ocho años. No se puede gobernar España negando su realidad y su complejidad. Se reconozca o no la plurinacionalidad de España, lo que no se puede continuar negando es la diversidad social y política de nuestro país que se expresa de manera especial en Catalunya y Euskadi. No se puede gobernar España negando la realidad, incluso aunque se esté en el Gobierno y se tenga mayoría absoluta -un escenario en desaparición- como se demostró con los gobiernos de Rajoy.
El futuro de España depende en buena medida de que la derecha conservadora aproveche el punto de inflexión que puede comenzar hoy para aprender de la historia.
Las izquierdas tienen también una gran oportunidad. La de entender que no se puede gobernar España sin tener una propuesta sólida de Estado. No basta, con ponerle nombres, federalismo, plurinacionalidad, hay que profundizar en ello. Tenemos la oportunidad de acabar con una larga etapa de vacío intelectual y político sobre el modelo de estado.
No se puede continuar con la lógica, nacida en 1978 y acelerada a partir de 1993, por la que la construcción del estado autonómico se produce a golpe de movimiento táctico como consecuencia de la necesidad de configurar mayorías de gobierno.
Las izquierdas tienen la obligación de ofrecer a la sociedad española un proyecto, usando al máximo la pedagogía que siempre debe constituir la esencia de la política. Debemos disputar ideológicamente la idea de la igualdad, para que se entienda que la diversidad no es incompatible con ella. Para evitar que se instale la interesada idea de que la desigualdad en España viene de la mano del estado autonómico y no, como así es, de las desigualdades sociales. Que la causa de la diferente esperanza de vida de las personas tiene su origen en la clase social a la que se pertenece y no a la CCAA en la que se vive. Y así, mil y un ejemplos.
Las izquierdas deberían aprovechar la oportunidad que se nos brinda para abandonar la perversa estrategia del agravio comparativo que tanto usan algunos dirigentes territoriales como si este se hubiera convertido en el motor de la historia.
Estaría bien que, cuando los árboles no nos impidan ver el bosque, dedicáramos algo de nuestro tiempo a reflexionar sobre las lecciones que nos dejan estos ocho años para (no) olvidar.