[1] Por ejemplo, en el Diario Vasco del 18 de enero de 2018, en un artículo titulado Las diez claves por las que los vascos se resisten a tener niños, se puede leer: “Otros países europeos están avanzando mucho más deprisa en la dirección de impulsar la corresponsabilidad de padres y madres en el cuidado de los hijos, «por ejemplo implantando permisos de paternidad de igual duración que los permisos de maternidad e intransferibles»”
Hasta hace relativamente poco el tema de la maternidad en política era inexistente. Como mucho se hablaba de conciliación obviando en todo momento la complejidad, la intensidad y las dificultades del proceso bio-psico-social que supone una gestación, un parto, una lactancia y una crianza. La cuestión de la maternidad se ha abordado desde un paradigma que la concibe como maldición biológica y patriarcal, un malentendido que viene confundiendo al feminismo desde Simone de Beauvoir, y que creo ya es hora de aclarar: la maldición que pesa sobre la maternidad es hoy puramente cultural y socioeconómica, no es inherente a la maternidad en sí, que de hecho, es una experiencia deseada por muchas mujeres. Son las instituciones que articulan las relaciones económicas y los derechos de ciudadanía, modeladas por una normatividad patriarcal, las que devalúan y precarizan la maternidad; unas relaciones que hoy en día se articulan en torno a la moderna oposición entre trabajo remunerado en el mercado, y trabajo doméstico y de cuidados gratuito o devaluado. Por eso, en este tardocapitalismo, limitar la lucha por la emancipación a una hipotética futura participación plena e intensiva de todas y todos en el mercado laboral –que es el enfoque de la conciliación de todos los partidos, incluido el PSOE-- es un error. Las mujeres solo vamos a ser reconocidas como iguales cuando la maternidad sea reconocida como una aportación imprescindible, fundacional y extremadamente valiosa para la sociedad. Y a medida que este reconocimiento se dé, los cuidados en general se verán también revalorizados.
El feminismo hegemónico (cuya posición analizo en este artículo) habla de maternidades esencialistas, pero hoy es también necesario hablar de cómo la esencialización de lo laboral-formal afecta a nuestras vidas y a las ideologías. Un ejemplo de esta confusión y esencialización son los Permisos Iguales e Intransferibles (PII), una política cuya lógica interna recoge la idea de la maternidad como maldición y la del empleo como bendición. Su diseño considera la maternidad un hándicap, una minusvalía de cara al mundo que se manifiesta en la deficiente posición de las mujeres en el mercado laboral. Desde esta lógica, las mujeres necesitan ser liberadas de esa maldición, y la liberación propuesta por los PII se concreta en igualar a los hombres en el perjuicio, imponiéndoles el mismo hándicap. Es irónico que la maternidad, una potencia femenina de la que los hombres carecen, se contemple en este tipo de políticas como una minusvalía. Irónico y revelador porque este modo de representarla recuerda demasiado a viejas, muy viejas teorías y construcciones en las que la maternidad es sistemáticamente devaluada y la paternidad magnificada: la minoración y apropiación paterna de la capacidad femenina de procrear ha sido una preocupación central de la mayoría de los sistemas normativos producidos por los patriarcados desde el albor de las civilizaciones. Pero además, esa misma lógica que devalúa la maternidad y esencializa lo laboral, es incapaz de hacer una crítica cabal de la actual organización del trabajo y del modo en que nuestras sociedades articulan el acceso a los derechos y a los recursos. Los PII no pueden ser “menos capitalistas”, puesto que son una política que consagra el empleo como única forma de trabajo a la que conceder valor social, una operación ideológica que es fundacional en el capitalismo.
Una de las falsedades más recurrentes a las que lectores y oyentes nos vemos sometidos en lo relativo a los PII es que nos acercarían a sistemas ya implantados en otros países europeos más avanzados. Nada más lejano a la realidad. Las licencias parentales remuneradas en Europa alcanzan en Suecia los 16 meses, en Noruega, Finlandia y Alemania los 14 meses, en Dinamarca los 12 y en Reino Unido los 9. Y en todos estos países la mayor parte de la licencia es TRANSFERIBLE; de modo que las madres suecas pueden disponer, si así lo desean, de 13 meses remunerados de crianza; las noruegas, finlandesas, danesas, alemanas, austriacas, eslovacas y checas de 12 meses; las francesas de 10 y las británicas de 9.
La implementación de unos PII como los contemplados en la proposición de ley que Podemos presentó al Parlamento o bien en su versión descafeinada del PSOE otorgarían efectivamente a los varones españoles el privilegio de tener los permisos paternos intransferibles y remunerados al 100% más largos de Europa: 4 meses frente a los 3 de Suecia e Islandia; y los 2 de Noruega, Finlandia y Alemania; mientras que las madres españolas, que con los PII no verían ampliada su baja en un solo día, seguirían siendo junto con las maltesas, las madres europeas con menos tiempo disponible de licencia remunerada. Incluso en Islandia, una isla con una población como la de Córdoba, y paladín de la igualdad entendida como igualitarismo tienen 6 meses, 3 de ellos transferibles.
Es importante tener en cuenta que cuando en Suecia y Noruega se implementaron cuotas paternas intransferibles allá en los 90, las familias ya disponían desde hacía mucho tiempo de 12 meses de licencia remunerada completamente transferible. Aun hoy las mamás suecas siguen consumiendo al menos el 75 % de la licencia. María Pazos afirmaba en una entrevista que este “fallo” en la igualdad de los suecos se debe a un error cometido en 1974, cuando al aprobar medidas de tipo individualizador, los permisos se hicieron, sin embargo, transferibles. Lo que se pretende para España con los PII es evitar este error, ya que al parecer las suecas, a pesar de tener el Parlamento más igualitario de Europa, no han sido capaces de salir de esa “trampa” desde 1974. El hecho es que no existe tal trampa. Lo que existe es la realidad biológica de la maternidad.
Otro truco habitual de quienes abogan por estos permisos es presentar los PII como si fueran una demanda social acuciante. En la entrevista antes mencionada, María Pazos afirma que en España “la sociedad no tolera” el hecho de que el permiso de paternidad sea más corto que el de maternidad. Esto no se ajusta a la realidad. La demanda de PII es la de un pequeño grupo de activistas y académicxs. La mayoría de la población ni siquiera ha comprendido bien de qué se trata. Y lo más alarmante es que ni siquiera se ha hecho un estudio serio y honesto de lo que las madres opinan al respecto y sobre cuál sería el modelo de licencias parentales que ellas preferirían. La opinión de las madres no se sabe y no interesa, algo que no es en absoluto casual: los gestores del discurso y la opinión saben perfectamente cuál sería el resultado de dar voz a las madres que están criando, sería un clamor a favor de la ampliación de la baja materna. Las madres siguen siendo para el poder seres alienados que deben ser paternalistamente guiados en su propia liberación.
Quienes efectivamente no toleran que los permisos de maternidad sean más largos que los paternidad son algunos padres que ya han aprovechado la actual coyuntura político-legal –casi siempre favorable a ellos en un patriarcado-- para llevar al Tribunal Constitucional un recurso exigiendo la pronta implantación de estos permisos, saltándose estudios previos como los realizados en otros países y una reflexión seria que contemple lo ocurrido en países con más experiencia en el asunto: en Noruega por ejemplo, se decidió en 2014 reducir la cuota paterna intransferible de 14 a 10 semanas aumentando el periodo transferible debido al escaso uso que los padres hacían de ella; y en Dinamarca la cuota paterna fue erradicada en 2002 después de una corta existencia.
Hay quien está convencido de que España es uno de los países más avanzados del mundo en políticas de género: un faro en el camino hacia la igualdad. Lo cierto es que si la igualdad tiene algo que ver con las condiciones sociales de las mujeres de un país –muchas de ellas madres-- y con cómo un Estado vela por su dignidad, me temo que estamos muy lejos de esa fantasiosa posición. Hace tiempo que bajo la etiqueta “feministas” o “igualitarios” se vienen reivindicando e implementando normas y beneficios que han ampliado los derechos de los padres y de los colectivos LGTBI, pero que en poco o nada han mejorado la situación general de las mujeres como mitad de la población española que somos.
Los PII no pueden poner coto al capitalismo y mucho menos desmontar el patriarcado; no nos orientan hacia un sistema más justo, más sensible y más sostenible, sino todo lo contrario: avanzan por la senda de las exigencias del capital. Su diseño participa de una lógica hiperconstructivista negadora del dualismo sexual y del vínculo primal madre-criatura que hoy también sirve de base argumental para prácticas como la imposición de custodias compartidas, la normalización de la apropiación tecnológica de la reproducción, y la maternidad subrogada.
Basta de confundir a la gente. No hay nada igual a los PII propuestos fuera de nuestras fronteras, y la situación de la gran mayoría de las mujeres españolas no iba a mejorar con su implementación. Una licencia transferible de al menos 6 meses, sin embargo, sí que introduciría un avance en igualdad, ya que haría posible que muchas mujeres no privilegiadas que no pueden hoy permitirse excedencias para prolongar su baja, dispusieran de más meses remunerados, y así el criar en dignidad dejaría de ser el privilegio de algunxs para pasar a ser un derecho de todxs.