Mejorar el Banco de España y el INE

Hay muchos organismos públicos necesitados de reforma y mejora. Esto no es exclusivo del sector público, hay igualmente muchas grandes empresas privadas que prestan servicios de interés general en el sector eléctrico, telefonía, transporte o banca necesitadas de reforma para terminar con los abusos y mal servicio que sufre el ciudadano. Hoy quiero referirme a dos organismos públicos, el Banco de España (BdE) y el Instituto Nacional de Estadística (INE) que son noticia, no solo por su relación con la actualidad, sino por su relevancia. El BdE sigue siendo, incluso después de ceder la dirección de la política monetaria al BCE, una pieza imprescindible de la política macro prudencial en lo que tiene que ver con la estabilidad financiera. Asimismo, es un componente importante de la materia gris pensante con la que cuenta el sector público, gracias a su dotado servicio de estudios. Por su parte el INE, como productor principal de la estadística pública, constituye los ojos con los que nos miramos e interpretamos como sociedad. De la agudeza visual y amplitud que proporciona el Instituto dependen el buen diseño de las políticas públicas y la toma de decisiones acertadas por parte de empresas y ciudadanos.

El BdE sufrió una profunda crisis reputacional por negar la existencia de la burbuja inmobiliaria hasta que estalló. Su servicio de estudios se afanó en negarla utilizando todo tipo de eufemismos (sobrevaloración) y teorías (aterrizaje suave) que la realidad terminó desmintiendo. La gran ola de liquidez desatada por el BCE a principios de siglo para sacar a la economía alemana de su recesión llegó al sur de Europa como un virus monetario que la inacción del organismo público encargado de evitar burbujas no atajó. El fallo fue sistémico y de consecuencias terribles, equivalente a que el Ministerio de Sanidad hubiera negado la pandemia del covid. Entonces la mayoría de sus informes se centraban en señalar las rigideces del mercado de trabajo como el principal problema de la economía española. Eran años donde el BdE parecía saberlo todo sobre el mercado de trabajo y nada de lo que ocurría en el sistema financiero. Es de justicia señalar que sí hubo algunas voces de alerta desde sus departamentos de inspección bancaria y supervisión contable, pero fueron ignoradas. De hecho, se promocionó a quienes asintieron y se orilló a los que denunciaron.

La crisis del regulador bancario prosiguió tras el estallido de la burbuja. A diferencia del resto de países centro europeos que se dedicaron a recapitalizar sus bancos afectados por la crisis de las subprime norteamericanas, aquí el BdE apostó por una política de patada hacia delante con las fusiones en frío, retrasando el cambio en los equipos directivos, la recapitalización y la absorción de activos tóxicos cuando todavía eran posibles vía mercado. Más adelante, durante la crisis del euro, el BdE se encargó de diseñar las políticas de recorte y ajuste que recogió la carta enviada al entonces Presidente del Gobierno español por el Gobernador del BCE y que, después, el Partido Popular abrazó en el Memorándum de Entendimiento, a pesar de que eran contrarias a los intereses del país. En su desarrollo, el PP diseño una reforma laboral dirigida a provocar una profunda devaluación salarial, suprimió la garantía del mantenimiento del poder de compra en las pensiones y llevó a cabo un fuerte recorte del gasto público en una economía que estaba en caída libre, lo que provocó una recesión aún más profunda. El PP responsable del inflado inicial de la burbuja con su política de desregulación del suelo y subvención fiscal a la compra de vivienda, la enjugó apuntando todo su coste en el debe de los ciudadanos españoles y borrando que los bancos centro europeos se habían forrado con la burbuja inmobiliaria española y ahora se iban de rositas.

A pesar de todo lo acontecido, la reestructuración del BdE continúa pendiente y su crisis de reputación y de autoridad frente a las entidades que debe regular sigue sin resolverse. Así se comprueba por lo poco o casi nada que dice y hace de sustancia sobre la creciente concentración bancaria, la baja remuneración del ahorro en comparación a la abonada en otros países europeos, la magra capitalización de los bancos -la menor de toda la Eurozona, a pesar del cuantioso rescate bancario-, la alta rentabilidad exigida y conseguida por los fondos extranjeros que los controlan, la larga lista de abusos: cláusulas suelo, preferentes, revolving, falta de dación en pago, cláusulas hipotecarias abusivas (hipotecas REDAL, multidivisa, IRPH,…), etc. o el aumento de la exclusión financiera en la España que se vacía, en la atención a las personas mayores o entre las familias vulnerables. Mucha es la tarea que tiene el nuevo gobernador, aunque hay que reconocer que el anterior ya avanzó en esta dirección advirtiendo sobre el peligro de la concentración bancaria, elevando los colchones de capital y abriendo su servicio de estudio a escuchar otras opiniones.

Captura del Banco de España

La captura del BdE por las entidades que regula o por los intereses de Alemania en el diseño de la política monetaria es el centro de la crisis que atraviesa esta institución. Resolverla pasa por cambiar el modo de designación del Gobernador del Banco de España, subgobernador y consejeros, que actualmente ni siquiera está sujeta a una evaluación por el Congreso de los Diputados. Seguir las mejores prácticas recomiendan que la elección de todo su Consejo de Dirección recaiga en el Congreso. Y dicho esto, muy posiblemente el reciente nombrado Gobernador sea por su profesionalidad una buena oportunidad para que las cosas al fin cambien en muchos apartados. Por su parte, su servicio de estudios debe fundamentalmente centrarse en analizar el sistema financiero, tarea en la que ha fallado sistemáticamente por la homogeneidad de los perfiles que se contratan y que han conducido a un pensamiento único y, no pocas veces, equivocado. El BdE no debería solo contratar economistas y cuando lo haga éstos deben cualificar para los fines de la institución no de la universidad.

En cuanto al INE, éste ha vuelto a revisar al alza las series de Contabilidad Nacional (CN). El resultado final de las dos últimas revisiones ha añadido 95.000 millones adicionales de PIB entre 2020 y 2023. No solo eso, el relato del ciclo económico ha cambiado sustancialmente, el nivel de PIB prepandemia se recuperó al inicio de 2022 y no en 2023. El nivel de contribución fiscal sigue estando cinco puntos por debajo de la media de la Eurozona, la deuda y el déficit público han recortado su peso sobre el PIB y la renta per cápita presenta un mejor nivel al publicado hasta ahora. Que el INE haya infraestimado los efectos de la pandemia y que revise sus cifras entra dentro de la normalidad de los países de nuestro entorno. Lo que se sale de ella es el pasmoso retraso y ausencia de explicaciones. Desde finales de 2021 se hizo patente que el INE no estaba estimando bien la evolución de las macromagnitudes de la CN y surgieron voces críticas en la academia, el Consejo Superior de Estadística, organizaciones sociales y la prensa; como la de Paco Melis y Miguel Artola que han realizado una gran labor de explicación y divulgación. Que se estimaba mal era obvio en muchos apartados, pero en particular en la masa salarial donde el INE publicaba una cifra inferior a la que los empresarios declaraban a la AEAT; pagaban impuestos sobre salarios que no abonaban según el Instituto.

Falta de explicaciones del INE

La falta de explicaciones a estos problemas ha sido sorprendente pues el INE nos tiene acostumbrados a lo contrario, transparencia y pedagogía en las explicaciones. Yo he podido comprobarlo como miembro del Consejo Superior de Estadística durante más de dos décadas, donde se ha dado cumplida cuenta de los cambios metodológicos importantes y de la calidad de las operaciones estadísticas. La ausencia de explicaciones se comprobó recientemente en el Congreso de los Diputados cuando organicé, como presidente de la Comisión de Presupuestos, un seminario académico donde el INE eludió responder a ninguna de las cuestiones que allí se formularon. A mayores, a pesar de la última revisión, los problemas de infraestimación persisten. Por ejemplo, los beneficios empresariales estimados por el INE tienen un crecimiento apreciablemente inferior a los declarados por las empresas a Hacienda, la productividad sigue estando sorprendentemente plana y el positivo aumento de la renta familiar observado en la Encuesta de Condiciones de Vida presenta una clara divergencia con la anodina evolución estimada por la CN.

La corrección de la hipermetropía del Instituto en la estimación de las macromagnitudes pasa, desde mi punto de vista por adoptar varias medidas. Primero, habría que replantear la forma de elección de la presidencia del INE. Tradicionalmente los nombramientos han oscilado entre la elección de los propios funcionarios del INE (lo que provoca endogamia y escasa capacidad para renovarse) y la elección de alguien de fuera (normalmente académicos) que para cuando se enteran de lo que es una institución con las dimensiones del INE se les ha acabado el mandato. Ninguna de las soluciones se ha demostrado buena. Solo con la apertura a más opiniones, con la elección de un equipo directivo y no solo la presidencia y con procesos más abiertos (¿por qué no como se hace con la dirección de los museos?), se podrán encontrar mejores resultados que las que se han logrado hasta el momento. En segundo lugar, hay una necesidad acuciante de personal; sus plantillas como en tantas áreas de la Administración han disminuido y están muy envejecidas. Y adicionalmente están sometidas a la doble presión de que, tanto estadísticos como matemáticos, cada vez están más demandados por el mercado o por otros organismos públicos que pagan más. Así que revisar su escala salarial al alza es parte de la solución.

En tercer lugar, el INE debería tener por ley acceso a los registros tributarios sin necesidad que medie un convenio o una operación estadística europea. En cuarto, el Instituto debe asumir de manera activa el papel que le otorga la ley como cabeza del sistema estadístico y evitar o promover cambios en los registros administrativos de interés para la estadística pública. Así sería de gran utilidad, por ejemplo, que los arrendatarios de viviendas estuvieran obligados a informar mensualmente a la AEAT sobre el alquiler que cobran. Esto permitiría que, al fin, dispusiéramos de una buena estadística de alquileres que hoy el IPC cubre, pero no atiende bien. En la actual burbuja del precio del alquiler, no nos puede volver a pasar como durante la burbuja inmobiliaria, que tuvimos que esperar a que estallara para disponer de una buena operación estadística pública sobre el precio de la vivienda.

En último lugar, los productores de estadísticas, miembros del Consejo Superior de Estadística, deberían estar representados por el responsable de estadística de cada departamento ministerial y no por el Director General de turno que, no en pocas ocasiones, es un abogado del Estado al que los temas estadísticos le resultan ajenos. Los servicios estadísticos de la AEAT y del Banco de España, así como la AIREF, deberían ser miembros permanentes del Consejo y no rotar con cada renovación. Por el lado de los usuarios, la universidad debería estar representada, pero no de manera institucional sino designándose a profesores con relevancia en el análisis metodológico de operaciones estadísticas.

La motivación de estas reflexiones es contribuir a un debate público informado y constructivo con el fin de mejorar instituciones básicas para el buen funcionamiento de nuestra sociedad y economía. Aquí se ha puesto el acento en algunas carencias y se han apuntado vías para su mejora. Pero con esto no se quiere obviar la gran labor que realizan los funcionarios y profesionales que trabajan en ellas y que día a día generan con su trabajo bienes públicos de los que nos beneficiamos todas y todos. También se quiere contribuir a desterrar la idea de que criticar las instituciones es atentar contra su independencia. El trabajo de cualquier institución debe ser auditado y, en su caso, criticado. Las instituciones por el hecho de ser independientes no son infalibles, ni esa independencia debe ser un subterfugio para evitar que las cosas mejoren.