El campo español y europeo han estallado de manera justificada. Y aunque solo desde hace unos días sus movilizaciones acaparan portadas, lo cierto es que el sector primario lleva años dando síntomas de agotamiento.
En este marco, y como es habitual, la extrema derecha ha intentado instrumentalizar las protestas, erigiéndose en “guardianes” de la agricultura y el mundo rural, intentando crear una falsa dicotomía entre la ecología y el sector primario cuando realmente son sus políticas las que nos han llevado a esta situación. Bombas de humo peligrosamente apoyadas por liberales y conservadores.
En la crisis del campo, que es multifactorial, la principal causa son los años de políticas agrícolas europeas neoliberales, con la consecuente concentración en la propiedad de la tierra por parte de fondos de inversión y de un puñado de grandes distribuidoras y multinacionales de la agroindustria, que se suman a los tradicionales “nobles” terratenientes en el dominio del sector.
Según el INE, en España, en solo dos décadas hay un 8% menos de explotaciones agrarias –la gente abandona y nuestro mundo rural muere–, pero la tierra cada vez está más concretada –las explotaciones de más de 50 hectáreas han pasado de ser el 67,7% al 72,7%–. Es la uberización del campo.
Estamos viviendo las consecuencias de aplicar al sector primario la mentalidad de “es el mercado, amigo”. De concebir la alimentación como un bien más que debe exprimirse todo lo posible para maximizar los beneficios. Todo tras años de desregulaciones bajo las lógicas imperantes en la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Esa es la lógica que está detrás de la apuesta de la UE por los Tratados de Libre Comercio desde hace décadas. Tratados que, uno tras otro, mercadean y malvenden el sustento de los agricultores europeos como moneda de cambio para el comercio internacional. Y aquí, Vox, PP y PSOE se dan la mano en Bruselas.
Nuestro sector primario sufre 'dumping' porque la UE permite importaciones masivas desde países sin los estándares fitosanitarios que exigimos a nuestros productores, y sin unas condiciones socio-laborales mínimamente aceptables
La consecuencia es que nuestro sector primario sufre dumping laboral y sanitario porque la UE permite importaciones masivas desde países extracomunitarios donde se produce carne, fruta o verdura sin necesidad de seguir los mismos estándares fitosanitarios que, por salud y sostenibilidad, exigimos a nuestros productores, y sin unas condiciones socio-laborales mínimamente aceptables.
Así, el tomate marroquí, la naranja tunecina o el pimiento egipcio entran en nuestros países habiendo sido sometidos a productos químicos y fertilizantes en muchos casos prohibidos aquí, y producidos bajo condiciones laborales de explotación. Explotación que también sufren miles de personas migrantes en nuestro país de manos de algunos de los que hoy se movilizan, todo sea dicho. También entra libre de aranceles el grano ucraniano. Y todo esto, en suma, hunde los precios y supone una competencia desleal para el sector primario europeo.
La oportunidad real para ayudar a solventar los problemas que hoy llevan al campo a protestar fue la reforma de la PAC del 2021. Desgraciadamente, una oportunidad perdida para que la principal política que afecta a los agricultores y ganaderos europeos se adaptase a sus necesidades reales.
Durante todo el trámite legislativo, planteamos innumerables enmiendas para que los estados pudiesen fijar precios mínimos, limitar márgenes entre precios en origen y precios finales; capar el máximo de ayudas que pueden percibir los grandes tenedores, y flexibilizar para los pequeños; poner al “agricultor profesional” –al que trabaja la tierra– en el centro de la PAC...
Nada de esto salió adelante porque, de todos los partidos políticos españoles, solo nosotros, nuestro espacio político, votó en contra de una reforma de la PAC que no incluía ninguna de estas medidas. Vox, PP, PSOE y Ciudadanos respaldaron la reforma y la PAC actual.
En resumen, se mantuvo una PAC neoliberal que sigue desprotegiendo el sector primario tradicional y familiar al tiempo que abre aún más las puertas a los fondos de inversión y a la agroindustria.
Ese mismo año, en el Congreso, la derecha y la extrema derecha volvieron a unir sus votos contra la 'Ley de la Cadena Alimentaria'. Un acuerdo de gobierno que el PSOE buscó descafeinar y que pudimos sacar adelante gracias a nuestra tenacidad. Una reivindicación histórica de las asociaciones del campo, y también de Izquierda Unida, para prohibir la venta a pérdidas.
Aunque con mucho espacio de mejora, sobre todo en su implementación –falta de inspecciones para evitar que el oligopolio de los intermediarios fuerce a los productores a vender a pérdidas– esta ley, rechazada por PP y Vox, daba respuesta a uno de los principales reclamos del campo y representaba un avance en la dirección necesaria.
En este contexto, la izquierda debe acercarse a las protestas sin ningún complejo para defender lo que llevamos toda la vida haciendo: plantear una solución real para el campo, que confronte con las soflamas vacías y las bombas de humo de la derecha y la extrema derecha.
Nuestro campo y nuestro mundo rural no sobrevivirá por la caza o el toreo, lo hará si garantizamos precios justos en origen para los productores; si defendemos a nuestros pequeños y medianos agricultores de la especulación; si rechazamos exportaciones que no cumplen nuestra normativa fitosanitaria ni respetan unos mínimos estándares laborales dignos; si ayudamos a transitar hacia modelos de agricultura ecológica y sostenible, hacia circuitos de producción y consumo local; o si garantizamos servicios públicos de calidad en el rural.
En ese acercamiento, es particularmente necesario que desmontemos el marco que la extrema derecha intenta instalar, con el beneplácito de los actuales dirigentes de la UE, de “agricultura o ecologismo”.
El primer interesado en conseguir un medioambiente vivo, y en evitar que se profundice la crisis climática, no es otro que el sector primario. Afortunadamente, y aunque unos pocos quieran hacernos pensar lo contrario, la inmensa mayoría de pequeños y medianos agricultores de nuestro país así lo entienden.
Nuestra defensa de las protestas es un ejercicio coherente con lo que llevamos años haciendo: denunciar y rechazar un modelo depredador que solo beneficia a unos pocos, esquilma el medioambiente y destruye a los productores locales. Y apostar por un sector primario de calidad, familiar y extensivo que produzca de manera sostenible y fije población en el mundo rural.
Debemos ser nítidos. El sector primario es un sector estratégico, necesario para garantizar la soberanía alimentaria. Conseguirlo pasa por no dar ni un paso atrás en la aplicación de medidas ecologistas, imprescindibles para mitigar las consecuencias de una crisis climática que ya nos está afectando de lleno a toda la población y especialmente al sector agrario.
En un momento de cambios profundos, las falsas promesas de la extrema derecha pueden parecer tentadoras. Pero es nuestra obligación estar al pie del cañón explicando que sus alegatos son meras cortinas de humo, que no hay planeta B y que quienes están sacando partido de todo esto son los de siempre, los grandes propietarios: el antiguo señorito acompañado ahora por los fondos inversión, la gran agroindustria y las cadenas de distribución. Ahí está el problema.