Mitología de la recuperación
La reciente moción de censura presentada por Unidos Podemos ha planteado una alternativa al Gobierno del Partido Popular, no sólo en materia de regeneración democrática, sino también en política económica. ¿Por qué? ¿Acaso no estamos ya, como insiste el Gobierno, en plena “recuperación”?
Determinar en qué medida está saliendo nuestra economía de la crisis, cómo y por qué, es fundamental para identificar qué política económica necesita en este momento el país. El Gobierno sin embargo, en lugar de abordar un debate serio sobre esta cuestión, se limita –como hemos comprobado estos días– a instalar mensajes tergiversados y falsos: “Los recortes y reformas de los años pasados estarían supuestamente dando sus frutos, permitiendo la actual recuperación”.
Este relato no es cierto, e ignora y oculta algunos elementos fundamentales, que abordamos a continuación.
En primer lugar, es de sobra conocido que los recortes fiscales y salariales del pasado no sólo no fueron positivos para el crecimiento económico y la creación de empleo, sino que prolongaron innecesariamente la crisis al reforzar sus efectos depresivos.
Tal y como puede verse en el gráfico 1, fue precisamente la implementación de estos recortes –a partir de 2010– lo que determinó la segunda fase de la crisis. La insistencia del Gobierno de Rajoy durante los años 2012 y 2013 en una política que reducía el nivel de demanda interna nos ha terminado llevando a una década perdida: España aún no ha alcanzado el nivel de PIB per cápita que tenía antes de la crisis, y sólo ha recuperado el 40% del empleo que se ha destruido durante los últimos diez años.
Gráfico 1: PIB real (2007=100) y ocupados totales
En segundo lugar, es necesario analizar con cuidado los factores que explican el crecimiento económico del periodo 2015-2017. Efectivamente, la economía española está creciendo al 3% en términos anuales, aproximadamente un punto por encima de la zona euro. Ahora bien, ¿acaso este crecimiento responde a haber aplicado más recortes que el resto de economías? ¿O a haber reducido más los salarios? No.
Cuando se analiza con cierto detalle los factores que en este momento empujan el crecimiento económico, se puede comprobar como estos, en buena medida, no responden a la política económica que el Gobierno aplica, o dice aplicar.
El Banco de España analiza en su reciente Informe Anual por qué la economía ha crecido en 2015-2016 notablemente por encima de lo esperado, y atribuye buena parte de este crecimiento a la política monetaria del BCE y a la fuerte reducción de los precios del petróleo. Ambos factores están al margen de la acción del Gobierno. De acuerdo al Banco de España, estos factores llegarían a explicar en torno a la mitad del crecimiento adicional que experimenta hoy nuestra economía (gráfico 2).
Gráfico 2: PIB en España y en el área Euro (tasas de variación anuales)
Fuente: Banco de España, Informe Anual 2016, pag. 56.
Los ministros del Gobierno repiten insistentemente, a modo de mantra, que estos “vientos de cola” afectan por igual a todas las economías de la zona euro, y que por tanto no se deben buscar ahí los motivos del crecimiento actual. Sin embargo, el informe anual del Banco de España explica por qué esto no es así, y por qué los “vientos de cola” tienen un mayor impacto en nuestra economía.
España es un país con un nivel de endeudamiento de hogares y empresas comparativamente más elevado, y con buena parte de las hipotecas referenciadas al Euribor. Es por tanto comprensible que descensos en los tipos de interés afecten en mayor medida a nuestra economía que a otras de la zona euro. Además, es conocida la tradicional dependencia energética española respecto de los combustibles fósiles, notablemente mayor que la de otros países de nuestro entorno. El precio del petróleo tiene una mayor importancia en la estructura de costes del tejido productivo español, lo que explica que su evolución afecte más a nuestra economía que a los países de nuestro entorno.
Pero ojo, existe un factor de crecimiento adicional fundamental. Durante el bienio 2015-2016 el Gobierno no sólo se ha encontrado con estos favorables vientos de cola. Durante este periodo, el Gobierno ha interrumpido los duros recortes fiscales de los años previos, llegando incluso a impulsar –casualmente en pleno periodo electoral, y con la aquiescencia de las instituciones de Bruselas– una política fiscal tímidamente expansiva. El Banco de España, en el mencionado informe, considera que esta política fiscal ha supuesto un 0,4% de crecimiento anual añadido durante este periodo (ver gráfico 2).
Es decir, el Gobierno de Rajoy, después de haber protagonizado durísimos recortes de la inversión y el gasto público durante 2012-2014, ha utilizado la política fiscal como “motor de arranque” de una economía gripada. En todo caso, no hay lugar para el engaño: tan pronto como pasó el periodo electoral, el Gobierno ha vuelto a la austeridad fiscal, tal y como demuestra el techo de gasto aprobado en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 (que incluyen un recorte de 5.000 millones de euros respecto a lo que se presupuestó para 2016, y mantienen un límite de gasto no financiero 60.000 millones de euros por debajo de lo presupuestado en 2010).
Finalmente, hay un elemento adicional que hace muy difícil hablar de “recuperación económica”. Las características y el perfil del crecimiento actual dejan al desnudo enormes problemas estructurales. ¿Cómo hablar de recuperación económica cuando más de un tercio de la población queda excluida del crecimiento, y el empleo ya no constituye un pasaporte de ciudadanía para buena parte de los trabajadores? ¿Acaso el crecimiento actual no vuelve a apoyarse sobre pies de barro (fuertes desigualdades, precariedad laboral, bajos salarios, ausencia de transición energética, insostenibilidad medioambiental)?
De los 990.000 empleos netos que se han creado en el bienio 2015-2016, apenas 315.000 eran empleos indefinidos. Los otros 676.000 (casi el 70%), eran empleos temporales. Estos últimos tienen una remuneración media 10.000 euros al año inferior a la de los empleos indefinidos. A pesar de la cacareada reforma laboral, la tasa de temporalidad española se mantiene inalterada: en el 26,5%, muy por encima de la media de la zona euro (14,4%). Mientras que en 2007 la duración media de los contratos era de 79 días, en 2017 se ha reducido a 55 días según el Servicio Público de Empleo Estatal. Hoy sólo uno de cada dos desempleados tiene derecho a un subsidio (cuando antes de que llegase el PP al gobierno era el 70%).
Estos datos indican que hablar de “recuperación” exige ir más allá de los meros niveles de renta y empleo, y fijar nuestra atención en otras dimensiones: calidad del crecimiento, distribución de la riqueza y sostenibilidad.
Del análisis anterior se deriva la necesidad de un cambio profundo en la política económica. Es necesaria una nueva política económica que contribuya a fortalecer el crecimiento actual –excesivamente dependiente de los vientos de cola–, así como la creación de empleo. Pero, simultáneamente, dicha política económica debe tener también como objetivo prioritario la propia transformación del crecimiento, reduciendo las enormes desigualdades socioeconómicas actuales, y propiciando un proceso de transición energética que reduzca nuestra tradicional dependencia del combustible fósil.
Estos retos exigen una política fiscal que abandone definitivamente la austeridad, revierta los recortes de esta funesta década en los servicios públicos fundamentales, y acometa las inversiones necesarias para propiciar el cambio productivo y la disminución de las desigualdades (por ejemplo, un Plan de Renta Garantizada).
Pero estos retos exigen además la puesta en marcha de políticas de pre-distribución, que permitan distribuir los beneficios del crecimiento entre toda la población (una significativa subida del salario mínimo, un plan de choque contra la excesiva temporalidad, la preeminencia de los convenios colectivos sectoriales sobre los convenios de empresa, o reconectar el crecimiento de las pensiones al crecimiento de los precios).
En ausencia de estos cambios, el modelo de “recuperación” al que nos avoca la política económica del Gobierno ampliará la brecha social, pospondrá la transición energética y reeditará el crecimiento sobre pies de barro de épocas pasadas. Una recuperación que condena a un tercio del país a la exclusión pone en cuestión los propios pilares de nuestra democracia. El cambio de rumbo, también en materia económica y a pesar de la mitología de la recuperación, es urgente.
