Otro modelo económico: Innovación y consumo colectivo
La inspiración de este enfoque viene en gran medida de un pronóstico temible: José Antonio 'Cive' Pérez, miembro del Observatorio de Renta Básica de Ciudadanía de Attac, Madrid, pronostica una sociedad “80/20, cuyo funcionamiento estaría garantizado por un 20% de la población, compuesto por trabajadores cualificados, y el resto serían desempleados o tendrían empleos de bajísima cualificación”.
Convirtiendo este pronóstico en hipótesis de trabajo, ¿qué estamos diciendo? Que la sociedad avanza espontáneamente en esa dirección y que es necesario combatir esa tendencia a través de una estrategia que combine medidas para fortalecer y ampliar dicho 20% y otras, simultáneas y compatibles, para reducir y cambiar la composición del 80%.
Innovar es necesario para modificar positivamente ese 20% y mejorar la posición de la economía en el mercado mundial. Fortalecer el consumo colectivo es necesario para avanzar al mismo tiempo hacia una mayor equidad social (servicios que contrarrestan las desigualdades de la distribución de la renta) y hacia una generación de empleo que ataque ese 80% a través de su capacidad para cubrir las lagunas del mercado laboral en mayor proporción y a menor coste que el consumo individual. La coexistencia de ambos es imprescindible para transformar el modelo económico, cambiando la tendencia espontánea y trastocando el esquema “80/20”.
Todo hay que decirlo, esta estrategia tiene como punto de partida obligado el modelo económico hoy existente, lo que quiere decir que innovación y consumo colectivo son líneas de transformación a desarrollar en este contexto, con las ventajas y las debilidades conocidas.
La innovación
Para ser realistas, en este campo está casi todo por hacer o por reiniciar. Sobre la base de un informe de CCOO, utilizando en parte cifras de los PGE-2016:
Centros públicos de investigación: sus recursos suman caídas del 10% respecto a 2010 y de más del 20% respecto a los PGE de 2009.
CSIC: “entre 2011 y 2013 desaparecen más de 4 mil empleos, una cuarta parte de los efectivos que había al inicio de 2012. Las consecuencias son dramáticas: abandono de investigaciones en marcha, infraestructuras desaprovechadas, desánimo, desorientación y pérdida de competitividad.”
CDTI: el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial sufre un recorte adicional del 29% de sus recursos, en particular en el apoyo a las empresas para participar en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. La caída de recursos de la agencia supera el 40% en lo que va de legislatura.
Por otra parte, la Agencia estatal de Investigación sigue sin ponerse en marcha, incumpliendo el mandato de la Ley de la Ciencia de 2011.
Y de forma general se confirma lo ya sabido, que España no es un referente mundial en innovación: frente a las 1.700 solicitudes de patentes internacionales registradas en 2014, Japón suma más de 44.000, según datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Más aún: un 30% de los que decidieron emprender durante 2014 en España lo hicieron por necesidad, para salir de la crisis, y no porque quisieran llevar a cabo una gran idea, según el informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de 2014, el principal barómetro internacional sobre el emprendimiento (artículo en elpaís.com de 6 de octubre de 2015).
Es decir, tras el discurso oficial de apoyo a la I+D+i hay una política real de contracción del gasto presupuestado y de anulación de toda perspectiva, además de una iniciativa privada de inspiración ajena a las metas normalmente enunciadas de modernización económica.
Este es el punto de partida a fecha de hoy.
El consumo colectivo
Desde la óptica de este texto, el paradigma del consumo colectivo, que es simultáneamente benefactor para la igualdad social y para la configuración del mercado laboral, es la atención a la dependencia. Se trata de una atención social que favorece a los segmentos de población más expuestos y que genera un empleo considerable con una inversión por puesto de trabajo mínima y costes corrientes limitados a los de gestión general y de prestación del servicio: según la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, por intermedio de su presidente, José Manuel Ramírez, el sistema “tiene una altísima rentabilidad potencial”, estimándose que “por cada 1.000 millones de euros al año invertidos en servicios se recuperarían 440 millones de manera directa y no menos de 100 millones de manera inducida. Además, se crearían 30.000 puestos de trabajo.”
Por otra parte, los componentes tradicionales del consumo colectivo tienen que ser recuperados para la sociedad. La universalidad de las prestaciones es contraria a la privatización de los servicios, privatización cuya finalidad es generar un mercado cautivo para las sociedades que pretenden ir monopolizando la sanidad, la enseñanza, etc., dejando fuera a quienes no disponen de capacidad de pago suficiente; en definitiva, comprimiendo estos servicios para adaptarlos a las estrecheces de los respectivos mercados.
Más aún, ante las políticas de reducción de servicios públicos hay que retomar viejas batallas, por ejemplo en defensa del transporte público colectivo. En Madrid, tras muchos años de mejoría con pocos altibajos, está sometido a una paulatina reducción de las prestaciones, trayectoria que muestra su cara más explosiva cuando determinadas circunstancias se traducen por un aumento considerable de la circulación de vehículos privados y por fenomenales atascos.
¿Cuántos miles de puestos de trabajo han sido suprimidos por la eliminación o reducción de servicios públicos? ¿Cuántos ha aportado el sector privado que va monopolizando los nuevos mercados así creados? El balance es desolador.
Cada paso en la dirección actual potencia ese 80%, dejando a más personas en el paro y aumentando la proporción de los empleos precarios y de baja cualificación.
Algunos soportes del nuevo modelo
Es muy importante tener en cuenta que los principales soportes económicos e institucionales de un modelo que combine innovación y consumo colectivo existen de hecho en la España de hoy. Más que crear un entramado nuevo y elevar la presión fiscal lo que hay que hacer es poner la voluntad política al servicio de este cambio estructural, desterrando algunas prácticas que se han enquistado en los últimos años.
No hace falta ser un experto fiscal para saber que España tiene múltiples “agujeros”, tanto en la recaudación como en el gasto. Y no se trata de “revolucionar” todo el sistema sino de hacerlo funcionar eficazmente y sin saquear la caja.
La idea-fuerza es aquí muy sencilla: el dinero existe, pero es necesaria la voluntad política para encontrarlo y seguidamente invertirlo en lo que importa de verdad a la sociedad.
En materia de recaudación, los ejemplos son numerosos y muy directos, desde las deudas pendientes de cobro en la AEAT (por importe de más de 52 mil millones en 2014), pasando por la racionalización del sistema fiscal existente (sobre todo atajar el fraude del IVA), impedir que el impuesto de sociedades realmente liquidado sea extremadamente inferior al teórico (gran parte de las compañías del Ibex 35 no pagan impuesto de sociedades aunque tienen beneficios), etc., hasta llegar a la recuperación y homogeneización de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre el Patrimonio y la instauración del Impuesto sobre las transacciones financieras actualmente en estudio en la UE.
En materia de gasto, la aplicación estricta de la Ley de Contratos del Estado, el control de las inversiones en infraestructuras y la fiscalización del uso de los fondos públicos a todos los niveles pueden acercarnos a un ahorro considerable sin necesidad de suprimir servicios como se ha estado haciendo en los últimos años. En particular, la investigación en profundidad de las inversiones en infraestructuras y equipamientos es una necesidad tanto de racionalización del gasto como de moralización de la vida pública.
En suma, el modelo económico que debemos construir tiene básicamente tres elementos constitutivos:
1º Una transformación estructural que solo podrá conseguirse a medio-largo plazo a través de una apuesta total y decidida por la innovación científico-técnica.
2º Un programa de acción a corto-medio plazo que defina sus objetivos en términos de consumo colectivo - servicios que aseguran un bienestar social equilibrado -, para avanzar en la recuperación y superación de la equidad social que hemos conocido y al tiempo conseguir una recomposición del mercado de trabajo a costes asumibles.
3º La posibilidad de utilizar recursos existentes en la sociedad que están siendo desaprovechados a través de los gastos irracionales y superfluos y a través de la inoperancia en materia de recaudación fiscal.
El factor subyacente a todo esto es la voluntad política y, desde ella, la creación de una capacidad legítima de intervención en los mecanismos sociales y económicos implicados.
