Operación Canalejas: reinventando el modelo de ciudad
Hace dos años, llegamos al Ayuntamiento de Madrid con el objetivo de cambiar el modelo urbano del Partido Popular. Para ello, había que poner en marcha un plan de rehabilitación de viviendas y espacios públicos en los barrios más golpeados por la crisis para revertir progresivamente el desequilibrio social y territorial de nuestra ciudad. También, era imprescindible superar el modelo de movilidad existente, obsoleto y orientado a reafirmar el papel del coche como eje central del sistema, para implantar uno alternativo basado en la convivencia de distintos modos de transporte, reforzando los medios colectivos y sostenibles.
Estas dos cuestiones, la recuperación de la ciudad consolidada frente al desarrollo expansivo y el cambio en la cultura de la movilidad, son retos que compartimos con la mayoría de las capitales de nuestro entorno. Sin embargo, Madrid tiene un hecho específico: su conformación a base de grandes operaciones urbanísticas. Y es que el Partido Popular nunca ha tenido una idea de ciudad. Solo la ausencia de un proyecto alternativo y una estrategia muy potente de marketing político le permitieron vender como un modelo lo que era únicamente el resultado de una serie de transacciones económicas en el territorio. Ya el término “operación” denota la ausencia de un proyecto unitario en el que se inscriben todas las decisiones e intervenciones que lo integran.
Una de las actuaciones más simbólicas de esta forma de hacer ciudad es la llamada 'Operación Canalejas'. Este complejo formado por ocho edificios había sido declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2012. Sin embargo, solo un año después, el gobierno de Ana Botella aprobó una polémica modificación del Plan General para aumentar la edificabilidad del conjunto y permitir la agrupación y unificación de los espacios interiores de todas las edificaciones, con el fin de facilitar la implantación de un hotel y un gran centro comercial.
Esta modificación justificaba su interés en la necesidad de construir en el lugar una estación subterránea de autobuses y remodelar el aparcamiento público existente. Los costes, por supuesto, corrían a cargo del Ayuntamiento. Casi 40 millones de euros. Por su parte, el promotor privado asumía una inversión de 3,4 millones. Así gestionaba “lo público” el Partido Popular.
Y esta fue la situación que nos encontramos. Realizamos una auditoría de las operaciones urbanísticas heredadas y le llegó el turno a Canalejas. Lo primero que planteamos fue una importante reducción de la excesiva edificabilidad y la sustitución de la faraónica estación subterránea por una plataforma logística que diera servicio a las necesidades de la zona.
Esta nueva solución garantizaba además una mejor integración en el entorno tanto del complejo como de las rampas de acceso al aparcamiento. Además, revisamos el reparto de cargas para que el promotor privado costeara unas obras que sin duda le beneficiaban. El resultado: con el Partido Popular, el Ayuntamiento pagaba la estación, las obras de urbanización y el rescate de la concesión, mientras que con Ahora Madrid, el privado asume las obras y ya no hay rescate. Esto es, antes se gastaban casi 40 millones de dinero público y ahora esos recursos están disponibles.
Con esta solución hemos demostrado dos cosas: que los gobiernos responsables no espantan a los inversores y que sí se puede situar el interés general en el centro de cualquier actuación urbanística sin comprometer su viabilidad.
Esta semana, esta operación, tan polémica en otros tiempos, fue aprobada por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento de Madrid. Ni siquiera el PP se atrevió a defender el proyecto anterior, el suyo. Y es que hay pocos ejemplos que manifiesten tan claramente que hay alternativa, también en urbanismo. Este es el cambio.
