Peligros nuevos, peligros antiguos. Inicio de curso en las universidades madrileñas

La universidad: ¿abandonada en la pandemia?

En abril, el Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó un texto consensuado con autoridades universitarias y estudiantes. En él se declaraba una gran preocupación y se desplegaba una batería de medidas que pretendía dar respuesta a las necesidades de la comunidad universitaria ante la pandemia para, decían, no comprometer el curso 2020-2021. Del mismo modo, la Comunidad de Madrid afirma que ha estado trabajando en medidas “que se activarán a partir de la semana que viene” para dotar suficientemente a las universidades.

Ahora bien, si uno se detiene en los protocolos, se ve que, aparte de los 30.000 test, la mayoría son medidas que tienen que implementar las propias universidades: limitación de aforos, uso de mascarillas y distancia, organización de campus, limpieza y desinfección, docencia online, equipos digitales… Al final de curso, como ya denunciamos desde Más Madrid, la Consejería realizó algunas tareas de coordinación, pero invirtió exactamente cero euros en facilitar el cierre de curso universitario en condiciones tan complicadas. Cundía la sensación de abandono por parte de las universidades, por ejemplo, tuvieron que adquirir casi 1.400 equipos informáticos.

¿Es la situación muy diferente ahora? ¿Qué es lo que ha hecho la Comunidad de Madrid en el inicio de curso universitario?

El inicio de curso: carencias y propuestas

La partida de becas ha sufrido zarandeos. Primero, las becas Seguimos, en teoría diseñadas para cubrir situaciones sobrevenidas por COVID-19, finalmente tomarán el ejercicio 2019 a efectos de determinación de la renta, y serán en todo caso las universidades quienes puedan tramitar la consideración de la renta de 2020, con la consiguiente sobrecarga burocrática. En segundo lugar, las becas de Excelencia quedaron temporalmente suspendidas, si bien, debido al malestar provocado, la Consejería tuvo que echar marcha atrás y mantenerlas. Es necesario blindar el aumento de becas a 19 millones, garantizar que realmente cubren las situaciones sobrevenidas y reducir los plazos para que los destinatarios reciban la ayuda antes del inicio de curso.

El Gobierno saca también pecho de 40 millones para transformación digital, que anunciaron el 17 de julio. Si solicita y evalúa proyectos elaborados por los órganos de gobierno de las universidades, es difícil que la ayuda esté disponible para el comienzo de curso, que es cuando era necesaria con urgencia.

Por último, la Comunidad de Madrid ha recibido 291,6 millones del Fondo COVID-19 movilizado por el Gobierno central. De ellos, el 20%, es decir 58,3 millones, tenían que destinarse a educación superior. Con el curso ha empezado, el fondo sigue en el limbo. Madrid afirma que ha asignado esos 58 millones a educación superior y de ellos 49 irán a universidades -cantidad que, huelga decir, debe destinarse exclusivamente a cubrir necesidades sobrevenidas por la crisis de la pandemia, y no a financiar deuda pendiente de años anteriores-. La pregunta es: ¿cuándo van a ingresarlo? Estamos a final de mes, las 6 universidades públicas madrileñas ya han empezado el curso, y aún no han visto ni un euro de ese fondo, aunque durante la pandemia han tenido que ir gastando en limpieza, reforzamiento de las redes de comunicaciones, contratación de personal de apoyo, simuladores de prácticas y ordenadores, préstamo de materiales a hospitales ….

Hay muchas otras medidas que la Consejería debería implementar en este inicio de curso, tal y como también han reivindicado los representantes de estudiantes: ayudas para alquiler y transporte, especialmente para alumnos de fuera de Madrid, que con la semi-presencialidad tienen dificultades añadidas. Refuerzo del transporte público en horas punta. Refuerzo del PAS para atención a estudiantes en el comienzo de curso, y del PDI para sustituciones por previsibles bajas por COVID-19. Digitalización administrativa, especialmente en universidades que aún tienen sistemas de matriculación presencial. Ayudas a las universidades para la compensación de solicitudes de anulación o prórroga de matrícula o exención excepcional de segundas matrículas. Estudio dirigido desde la fundación Madri+d del impacto de la pandemia en las calificaciones de los y las estudiantes. Vigilancia por parte de la misma agencia del cumplimiento de la adaptación y los estándares d calidad en la docencia telemática y presencial así como en las guías docentes. Mayor coordinación interuniversitaria y con los representantes de PDI, PAS y estudiantes. Mayor transparencia y accesibilidad de la información en la web de la Consejería.

En resumen; las medidas adoptadas por la Consejería para el inicio de curso son insuficientes y llegan tarde. Pero hay una cuestión de fondo todavía más preocupante.

Palabras nuevas, problemas antiguos

Hay un camino fácil, que es y siempre ha sido el de quienes se preocupan solo de las exigencias y las necesidades inmediatas de su época. Según ese punto de vista, lo importante es el pragmatismo, darse mucha prisa, adaptarse a lo dado. Así, la universidad madrileña necesita, según el vocabulario habitual de la Consejería, “hacer de la crisis una oportunidad”, “cartera estratégicas”, “demandas emergentes”, “nuevos tipos de valor” “innovación”. Sin embargo, un filósofo dijo hace tiempo que quedarse en esas necesidades superficiales sería comparable a tener un templo con múltiples adornos exteriores, pero sin sanctasanctórum dentro. La comparación arcaizante es pertinente. Porque quizás lo que ocurre es que la situación de la universidad en esta pandemia no requiere inventar la Luna o novísimas soluciones con muchas palabras en inglés, sino atender a problemas antiguos.

Tan antiguos, pero tan reales, como que la universidad madrileña lleva 25 años infrafinanciada, con sentencias judiciales que año tras año condenan al Gobierno a pagar; y las que quedan, porque aún está en tribunales la deuda correspondiente a 9 años. Tan antiguos y reales como que la Comunidad de Madrid es la Comunidad que menos invierte por estudiante y más carga a las familias con el coste de la educación superior. Tan antiguos y reales como que está dilatando la ya obligatoria -acordada en CGPU- bajada de precios públicos, para la que además hay aprobada una PNL en la Asamblea de Madrid -con voto en contra de PP y Cs-, y siendo además precisamente la negativa a compensar esta parte a las universidades lo que les reporta condenas judiciales año tras año; la última vez que se les recordó, el Consejero amenazó, en sede parlamentaria, con eliminar todo el presupuesto en ciencia en la Comunidad de Madrid. Tan antiguos y reales como que ha tenido que llegar una pandemia para que la Comunidad de Madrid se decida a aumentar su raquítica inversión de 10 millones en becas y acercarla al nivel de otras comunidades autónomas.

El problema, decimos, es que se intentan tapar problemas antiguos con palabras nuevas; pero, lo que es incluso peor, con esas palabras se tratan de demoler certezas que a la humanidad le había costado, por lo menos, 3 siglos -si no 25- construir. Certezas como que si hay ciudad y ley es porque se legisla para todos; certezas como que no hay Estado de derecho sin un “público” que se forma, aprende y debate; certezas como que no hay uso de la razón si éste es solo privado; certezas como, en fin, que el acceso a ese espacio público requiere resolver la cuestión del reparto de recurso y la garantía de la igualdad de oportunidades.

Si uno quiere ver la plasmación de estas invenciones nuevas que se disponen a demoler el edificio construido por tres siglos de Ilustración europea, no tiene más que escuchar a la Consejería hablar de su Ley de la Sociedad del Aprendizaje. Ya no se trata de “educación superior”, sino de “aprendizaje”, en un vuelco integral hacia la retórica de las competencias y destrezas en lugar de contenidos, donde las universidades, por supuesto, son ante todo lugares de formación para el empleo. Hay que convertir Madrid, dicen, en un “hub educativo con centros de investigación y empresas productoras de tecnología”, pero sin financiación: la solución es, como siempre, la “co-financiación”, o búsqueda de financiación privada, que podría afectar incluso a la propia financiación básica de las universidades en forma de “financiación por objetivos”. Por supuesto, ni una mención a la universidad como motor de igualdad de oportunidades y progreso social. En una palabra: universidades bajo asedio, con el blindaje de la autonomía científica y académica destruido, sometidas a los ritmos frenéticos del mercado, la rentabilidad y la empleabilidad antes que a los tiempos lentos que requieren la investigación y el conocimiento.

El presidente de los rectores era tajante: “No les oculto que el sistema está al borde del colapso y una situación como la que se ha producido ahora agrava mucho más el escenario […] La voluntariedad y la solidaridad tienen un límite y nos tenemos que plantear el nuevo curso con unas situaciones parecidas a las que hemos vivido recientemente”. La Comunidad de Madrid bien puede ser la primera comunidad autónoma de toda España que más tenga que ponerse a la escucha del aviso. Porque hay palabras que señalan la gravedad extrema de poner en peligro certezas muy antiguas.