No dudamos de la complejidad del actual momento político en nuestro país. Pero hay un presupuesto que los tres grandes partidos minoritarios deberían asumir. Mas allá de sus razonables discrepancias y de los respectivos programas de cambios sociales y políticos mas o menos radicales, deberían coincidir en un objetivo común y urgente y, por tanto, inaplazable: bajo ningún concepto o razón deben permitir, por la salud democrática del país y la salvaguarda de los derechos y el bienestar de los ciudadanos, que vuelva a gobernar el Partido Popular. Es tanto el daño que este partido y su Gobierno han hecho a las instituciones públicas y al ordenamiento democrático en todos los ámbitos que, cualquiera que fuese el partido que por una razón u otra favoreciese su continuidad en el Gobierno, merecería el máximo reproche y un duro castigo electoral.
Prestemos una especial atención a Podemos, que ahora se alinea con una fuerte cerrazón a la izquierda. Conviene tener presente su planteamiento ante las elecciones del 20D. El prólogo de su programa sostenía que “en democracia, el debate y la discrepancia son la norma y no la excepción”. ¿Por qué no lo aplican en el actual proceso negociador?
Pero, además, dicho prólogo padece de un exceso que vicia su actual posición. El programa estaba preparado “para ganar las elecciones” o para “tomar las riendas del Gobierno de nuestro país”. Dicho presupuesto no se ha cumplido pues alcanzaron el 20,66% de los sufragios. El proyecto, sin duda, era en exceso ambicioso para un partido con apenas dos años de historia, por mas que haya obtenido un amplio respaldo popular.
Conviene también tener presente que en dicho prólogo el destinario del programa es “la gente”, concepto completamente indefinido. “Contrato con la gente”, “apoyo de la gente”, “la gente decidirá…” y así sucesivamente. El “trabajador” es escasamente citado en sus mas de 300 propuestas y, por supuesto, para nada se citan realidades como la clase obrera, que deben estimar conceptos caducos. Era pues un proyecto político presidido por un afán inmediato de gobernar a partir de una base social indefinida que calificaban como “transversal”; lejos, pues, de los presupuestos clásicos de la izquierda. Además, pese a su denostado, con manifiesto error, “régimen del 78”, resulta que en su programa acepta plenamente, entre otros preceptos, nada menos que el Art. 40.1 de la Constitución para el desarrollo de la política económica y de empleo.
Hacemos constar estos antecedentes para plantear a dicho partido, Podemos, la necesidad de revisar profundamente su posición en la actual etapa política con un objetivo absolutamente prioritario: la expulsión del PP del Gobierno, ya. Y deseamos hacerlo a partir de un antecedente histórico que deberían tomar en consideración. Tuvo lugar en Italia en la década de los setenta. Y lo describe perfectamente Enrico Berlinguer, Secretario General del Partido Comunista Italiano (PCI) en un acto celebrado en Barcelona el 28 de mayo de 1978. Decía que el PCI, con cerca de un 30% de los votos, “aunque no está todavía presente en el Gobierno, ha entrado a formar parte de una nueva mayoría parlamentaria que comprende la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido Social Demócrata y el Partido Republicano”. Y lo hacía, añadía, para hacer frente a “los grupos conservadores y las fuerzas reaccionarias” que, como aquí el PP, “intentan directamente llevar la economía y la sociedad al caos, para subvertir las instituciones democráticas, para dar un golpe a la libertad y a los derechos democráticos”. Además de la fuerza política de aquel partido, no podemos ignorar el acierto con que aplicaba el magisterio de Gramsci.
Ciertamente, desde la distancia histórica y política, entendemos que debe tomarse en consideración por los actuales dirigentes de Podemos que, de aceptar, sin tantas reservas ni rechazos, el apoyo a la coalición PSOE-Ciudadanos, pueden estar seguros de que no solo no traicionan a su electorado sino que abren la perspectiva histórica de una sociedad nueva, mas justa, mas humana y mas libre. Representaría una amplia mayoría parlamentaria y una mayor fidelidad al principio de la soberanía expresado por el sufragio popular.