Durante los últimos 30 años los organismos internacionales, desde la Agencia Europea de Medio Ambiente a la Organización Mundial de la Salud, han venido insistiendo en la necesidad de mantener la contaminación atmosférica por debajo de ciertos niveles para evitar la muerte prematura de miles de personas, especialmente entre los niños y la tercera edad, que son con diferencia los más vulnerables a las enfermedades respiratorias. Los datos son escalofriantes. Más de medio millón de personas mueren en Europa como consecuencia de la mala calidad del aire, siendo España el sexto país más afectado, y el área metropolitana de Madrid la peor zona.
Un reciente estudio de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid estima que en 2015 fallecieron unas 5.400 personas en la Comunidad de Madrid a consecuencia de la contaminación. ¡Nada menos que 15 personas al día!
Lo peor de todo es que hace tiempo que se sabe quiénes son los contaminantes responsables de esta situación y las soluciones que se deben adoptar. Según el Plan Azul Plus de la Comunidad de Madrid, diseñado en teoría para luchar contra el cambio climático y la contaminación, “se aprecia cómo el sector transporte es el más relevante en cuanto a su contribución a los niveles de calidad del aire de NO2, O3 (ozono) y CO en toda la Comunidad de Madrid, con aportaciones que varían entre el 52 y el 84%. Por su parte el sector residencial, comercial e institucional aporta una contribución inferior al 9%” de esos contaminantes. O sea, no es un problema de calderas. La conclusión del Plan Azul Plus, aprobado por el Partido Popular en abril de 2014, era clara: hay que hacer “especial hincapié en objetivos y actuaciones dirigidas al sector del transporte”. De hecho, el plan autonómico le dedica al transporte el 33% de las medidas, y entre todas ellas destaca la medida 9: “Zonas de Bajas Emisiones y Áreas de Prioridad Residencial”, señalando que esta “es una opción altamente efectiva para la mejora de la calidad del aire en los núcleos urbanos”.
Hasta aquí el “sectarismo” y la “improvisación” de una medida puesta en marcha por Manuela Carmena, la zona de bajas emisiones Madrid Central, que ya estaba priorizada en el plan autonómico de lucha contra la contaminación de 2014 redactado por el Partido Popular. Ahora, además, estamos conociendo los primeros datos de hasta qué punto está resultando efectiva para reducir la contaminación, consiguiendo niveles de cumplimiento históricos de la normativa estatal y europea que, no lo olvidemos, está siendo objeto de escrutinio trimestral por parte de la Comisión Europea, después de más de diez años de vulneración sistemática de la legalidad vigente.
En consecuencia, el levantamiento de Madrid Central por motivos de puro sectarismo ideológico, sin ningún soporte técnico o científico, es absolutamente irresponsable desde el punto de vista político. Pero es rayano en lo criminal cuando consideramos el número de muertes y enfermos que se pueden estar evitando gracias a la reducción de los niveles de contaminación conseguidos en tan solo tres meses, no sólo en el ámbito de Madrid Central, sino en toda el área metropolitana. Los contaminantes que se generan en el centro de Madrid viajan por toda la Comunidad e incluso afectan a provincias limítrofes. Y la aceleración evidente que se ha producido en la descarbonización del parque móvil, al dispararse las ventas de vehículos híbridos y eléctricos, también supone una mejora para la ciudad, para la Comunidad y seguramente esté teniendo un efecto a nivel de toda España.
Madrid Central puede ser mejorable en sus elementos operativos y burocráticos de funcionamiento diario. No me cabe duda. Cualquier proyecto tan complejo como este se puede perfeccionar. Pero, para hacerlo bien, es necesario efectuar una evaluación técnica mínimamente rigurosa de sus resultados y, una vez realizada, escuchar a todo el mundo, no sólo a los que te apoyaron en campaña electoral. Muchos colectivos ya se están haciendo oír a través de una plataforma organizada en tiempo récord que ha convocado hoy una manifestación que se prevé multitudinaria a pesar del calor. Pero si no escucha, si se mantiene en su sectarismo ideológico, completamente ajeno al consenso científico, técnico e incluso político, el Gobierno municipal de Martínez-Almeida y Villacís puede encontrarse muy pronto respondiendo en los tribunales, por permitir que la gente siga enfermando y falleciendo cuando pudieron evitarlo. Porque la salud es lo primero.