La Sanidad es un derecho, no un negocio

Ante la inminente finalización del plazo de la concesión administrativa para la gestión de los servicios sanitarios en el Área Sanitaria de Alzira, se están produciendo intolerantes presiones sobre el Consell de la Generalitat valenciana para impedir la reversión de la gestión a la Agencia Valenciana de Salud.

A los múltiples recursos, incluidos judiciales, y a las sucesivas campañas sobre la supuesta ineficacia de la gestión pública (nunca demostrada) de los servicios sanitarios o, como último recurso dialéctico ante la ausencia de pruebas, la defensa de la indiferencia entre la gestión pública o privada en la prestación de los servicios públicos, se suma la reciente noticia sobre presiones del ex ministro Morenés para impedir la extinción del contrato con Ribera Salud para la gestión de los servicios sanitarios del Área Sanitaria de Alzira.

Resulta cuando menos inexplicable que quien ha sido responsable de la gestión de políticas públicas, aprovechándose de su cargo, interceda a favor de intereses privados de una multinacional de EEUU para la gestión de los servicios sanitarios públicos en España. (sic)

Intercesión que se entiende menos si se tiene en cuenta que el contrato de la concesión finaliza el 1 de abril tras 20 años de vigencia. Cabe preguntarse a qué razones obedece tanto interés y sobre todo tantas presiones sobre la administración responsable de la gestión de un servicio público.

En primer lugar, la responsabilidad de la gestión de los servicios sanitarios corresponde al gobierno de la Generalitat Valenciana, que ha cumplido escrupulosamente con su parte del acuerdo y, una vez finalizado el plazo previsto en la adjudicación llevada a cabo por otro Gobierno -del PP presidido por Zaplana- ha decidido legítimamente, no prorrogar la concesión y asumir directamente la gestión pública de los servicios sanitarios.

En segundo lugar, es sorprendente que una concesión administrativa haya despertado tanto interés, incluidos exministros y, sobre todo, tantos intereses. Y para defenderlos se hayan sobrepasado límites que deben ser irrenunciables en una democracia: el respeto a las competencias de un gobierno salido de unas elecciones democráticas en las que la gestión de los servicios sanitarios formaba parte de los compromisos electorales.

Más aun teniendo en cuenta la importancia de los servicios públicos en general y de los sanitarios en particular para la cohesión social. Por eso, la defensa de la gestión pública de la sanidad trasciende la efectividad de la atención a la salud, aun siendo esta de gran importancia para la ciudadanía y para toda la sociedad. Es, además, un potente instrumento de redistribución de la riqueza, un generador de empleo de calidad, una base imprescindible para el equilibrio territorial y un determinante de la salud más junto al entorno social y ambiental, y la educación y los hábitos de vida. Los servicios sanitarios tienen así una misión que sobrepasa la provisión de la atención a la salud y todas estas funciones solo se pueden y deben realizar desde la gestión pública.

Por eso el Sistema Nacional de Salud tiene un enorme reconocimiento social y los ciudadanos declaran una alta satisfacción por los servicios que reciben, a la vez que manifiestan la gran influencia de la sanidad en su bienestar. Es, en definitiva, uno de los mayores activos de nuestro país. Y así lo reconocen reiteradamente, incluso, los políticos del Partido popular, a pesar de las resistencias que mostraban ante cada avance que se producía en su implantación y desarrollo, mediante todo tipo de iniciativas (parlamentarias, ciudadanas, en los ámbitos profesionales…).

Hay que recordar que el éxito del Sistema Nacional de Salud se debe en primer lugar a su diseño, orientado a la cohesión social y territorial, a la equidad en el acceso universal y a la calidad de los servicios. Y todo esto se ha logrado gracias a la dirección del sistema desde la política pública y la gestión mayoritariamente pública de los servicios. Y no me quiero olvidar del papel de unos profesionales extraordinarios y un sistema de formación exitoso que asegura la excelente cualificación.

Se entiende mal que, quienes ahora alaban el Sistema Nacional de Salud hayan promovido su privatización y pretendan su continuidad, convirtiendo la salud en oportunidad de negocio, dado que sus buenos resultados lo son por la decisión política y la gestión pública. Solo tenemos que comparar con países de nuestro entorno con sistemas de provisión privada, que tienen un mayor gasto en relación al PIB, pero no logran mejores resultados en salud y tienen bastantes peores resultados en equidad en el acceso. Existe una enorme contradicción entre las proclamas de defensa del Sistema Nacional de Salud de responsables públicos del PP con la desaforada privatización que llevan a cabo los gobiernos autonómicos del mismo partido, especialmente de Valencia y Madrid, la progresiva mercantilización de los servicios sanitarios y la introducción del negocio con un servicio público esencial.

Por eso desde el PSOE apoyamos inequívocamente y aplaudimos la decisión del Consell de recuperación de la gestión pública a partir del 1º de abril, una vez cumplido el plazo de la concesión, y poniendo así fin al denominado ‘Modelo Alzira’, en el convencimiento de que constituye una oportunidad para responder mejor al interés general de la ciudadanía y dar mejor cumplimiento al mandato constitucional a los poderes públicos de protección a la salud.

Aunque recordamos la necesidad de la modificación de la Constitución para incluir como fundamental el derecho a la protección de la salud y la derogación del RDL 16/2012 para la recuperación de la universalidad del derecho y de la revisión del Sistema de Financiación Autonómica para asegurar la suficiencia financiera del SNS. Y también somos conscientes de los desafíos actuales del Sistema Nacional de Salud derivados de la realidad demográfica, los cambios epidemiológicos con mayor prevalencia de la cronicidad y las innovaciones tecnológicas.

Pero seguimos insistiendo que la protección de la salud es un derecho y no una oportunidad de negocio. Enhorabuena al Consell Valenciano y en particular a la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública por la decisión y a todos profesionales que lo han hecho posible.