Por primera vez en este periodo de nuestra democracia se ha leído en titulares de prensa que un ministro –recién renombrado, por cierto– pretende llegar a deponer a un concejal legítimamente elegido por las urnas y que gobierna el área económica del Ayuntamiento de Madrid. Uno podría llegar a imaginar que, al gobernar el país un partido procesado por corrupción, los titulares se referirían a algún sinvergüenza que se encargó de cobrar sobres en su despacho, romper discos duros con información valiosa o, incluso, alguien que tuviera unas cuentas opacas en Panamá. Sin embargo, a veces la Historia se ríe de nosotros y convierte en farsa lo que debería haber sido una tragedia.
No hablamos de que nuestro nuevo Gobierno se haya encargado de alertar a un chorizo por sus formas no respetables de operar con el dinero público sino que han amenazado a nuestro Ayuntamiento y, en concreto, al concejal de Economía por haber superado el techo de gasto. Es decir, por haber gastado unos 17 millones de euros más (en un presupuesto de casi 5.000 millones) de lo que nos permite gastar el Ministerio. Esa cantidad fue utilizada para devolver la paga extra de los funcionarios, una medida necesaria tras el injusto castigo al que se vieron sometidos estos trabajadores por la falta de previsión y eficacia de sus gobernantes.
La razón de castigar a quien gaste más del techo de gasto que marca el Gobierno central se deriva de la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución Española que se acometió en el 2011. De esa injusta medida vino el desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que no permite que los ayuntamientos sean libres y soberanos a la hora de presupuestar su propio dinero para garantizar las necesidades de sus conciudadanos.
El Gobierno Central marca un límite de gasto determinado que obliga a Madrid a que, pese a tener superávit, tenga que dedicar el dinero que supere esa marca en anticipar pago de deuda, aunque ello ni siquiera suponga un ahorro en pago de intereses (como le ocurre precisamente al Ayuntamiento de Madrid). La máxima de “primero los bancos y después las personas” fue consagrada por esa ley.
Sin embargo, Madrid, a pesar de haber reducido deuda en tiempo récord, aumentar sus ingresos, inversiones y gasto social, está bajo la lupa del Ministerio porque en 2015 usó 17 millones de euros en devolver la paga extra a los funcionarios. No crean que se castiga al Consistorio por generar más deuda, por dedicar el dinero en fastuosos gastos infructuosos o robar, sino que se utiliza el miedo y la amenaza desde el Gobierno Central para intentar lanzar un falaz mensaje: si gobernamos nosotros, el caos se cierne sobre Madrid. Y como el caos nunca llegó, sino todo lo contrario, el caos ha de inventarse y lanzarse a través de notas de prensa, cartas y titulares de prensa.
La citada ley establece que el incumplimiento conlleva la elaboración de un Plan Económico Financiero, algo que hicimos para explicar cómo vamos a cumplir el techo de gasto pero dentro del contexto real económico y social de la ciudad de Madrid, mientras mantenemos una lucha en el Parlamento contra esa ley que resta soberanía a la autonomía local e interviene de facto las administraciones más cercanas al pueblo. Vamos a seguir cumpliendo los pasos que establece la ley pero no van a sacar de nosotros algo contrario al mandato que recibimos al ser elegidos concejales de Ahora Madrid. No vamos a recortar. Vamos a seguir demostrando que otra forma de hacer política es posible, basándonos en la prioridad de atender las necesidades sociales de nuestra ciudad, cumpliendo con nuestro compromiso de superávit y devolución de deuda, mientras la fiscalizamos con una auditoría y una comisión de investigación que aborda los verdaderos latrocinios que se cometieron allí.
Lástima que el Gobierno siga permitiendo la impunidad de los CIEs, el espionaje a partidos políticos en Interior, la privatizaciones de nuestros derechos y la criminalización de la protesta legítima. Lástima que el Gobierno esté preocupado porque en la ciudad de Madrid se garantizan derechos y se reduce deuda, algo que no ocurre ni en la Comunidad de Madrid ni en el Estado –pero parece que eso no le importa al señor Montoro–. Nosotros seguiremos llevando a cabo la política para la que nos eligieron. Esto sólo demuestra que el miedo está cambiando de bando y, por supuesto, ya no está en el nuestro.
Señor Montoro, el Ayuntamiento de Madrid tiene dinero y los madrileños y madrileñas muchas necesidades sin cubrir; no se oponga al sentido común ni al mandato democrático del pleno del consistorio. No nos venga con cuentos de que “ponemos en riesgo la estabilidad del país” cuando el Ayuntamiento registra un elevado superávit y reduce deuda mientras la Administración central –de cuyas cuentas es usted responsable– presenta uno de los déficits más altos de la Unión Europea. Le detallaremos nuestro Plan Económico Financiero, se lo seguiremos desarrollando y explicando, pero nunca nos encontrará recortando. No estamos solos; son muchos los ayuntamientos en nuestro país que tienen atadas las manos a la hora de gastar su dinero y que se oponen fuertemente a sus absurdos dictados.