A nadie se le escapa el profundo y complejo debate económico, social y mediático que está generando la irrupción de las nuevas tecnologías digitales, la cual se celebra bajo una suerte de fascinación tecnológica y de profecía futurista autocumplida.
Sin embargo, y a pesar de que el factor trabajo continúa siendo nuestra única vía de sustento, y como consecuencia de ello acapara casi un tercio de nuestro espacio y tiempo vital (20,6 millones de españoles y españolas realizan una jornada media de 37,7 horas semanales), raramente se profundiza sobre el verdadero impacto de la tecnología en la vida de las personas trabajadoras.
La llegada de las plataformas digitales de reparto fue una buena prueba de ello. Se instalaron entre nosotros presumiendo de innovación y tecnología, cuando en realidad suponían un retroceso de decenas de años en derechos laborales y sociales. Sólo gracias a las demandas judiciales interpuestas por UGT se pudo frenar esta nueva forma de precarización.
Otras tecnologías, como la Inteligencia Artificial (IA) o el big data, muestran el mismo patrón que sus antecesoras: se presentan como innovaciones beneficiosas para la sociedad y la economía, pero se obvia su impacto negativo en la vertiente laboral.
Ya en 2018 elaboramos un exhaustivo estudio sobre el impacto de la automatización en el empleo, con unas conclusiones que, más de un lustro después, se mantienen invariables: “Si no se toman medidas, los peores presagios [la destrucción de millones de puestos de trabajo] se consolidarían; solo si se toman las medidas correctas habrá una relación positiva entre discontinuidad tecnológica y empleo”. Se trata de un tsunami laboral que no sabemos cuándo llegará, pero sobre el que se está haciendo más bien poco en recualificación laboral: el 80% de las empresas nunca forma a sus empleados en nuevas tecnologías. Tamaña indolencia podría situar a casi 14 millones de personas en riesgo de ser sustituidos por máquinas.
Pero más allá del futuro cercano, tenemos ante nosotros otras cuestiones a las que no prestamos atención y que ya conviven, diariamente, entre nosotros cuando trabajamos. Son los algoritmos laborales, tecnologías aún muy lejos de ser infalibles o de poder asegurar que sus decisiones se efectúan en términos de equidad y no discriminación. Los ejemplos de algoritmos de reclutamiento que resultan machistas o racistas, los despidos ejecutados por supuestas inteligencias artificiales o el uso abusivo de software de vigilancia, están perfectamente documentados. Sin embargo, los empresarios españoles extienden estas tecnologías sin someterlas a unos mínimos controles de evaluación de impacto y auditoría.
Cuantifiquemos esta realidad: según cálculos realizados recientemente por UGT y con base en las previsiones más conservadoras, hoy en España hay más de dos millones de asalariados sometidos a programas de Inteligencia Artificial, que ya estarían tomando decisiones directas sobre diversos aspectos de sus relaciones laborales (selección, promoción, determinación de salarios, turnos, vacaciones, régimen disciplinario, control de la actividad y un largo etcétera hasta de aspectos, hasta incluso decidir la extinción del contrato de trabajo.
Es importante señalar que el número de empresas que usan IA es de un 12% de media, pero ya cuatro de cada 10 grandes empresas (250 o más empleados) admiten que usan este tipo de aplicaciones. De ellas, hasta un 61% admite que emplea dicha IA para “automatización de flujos de trabajo o ayuda en la toma de decisiones”. Llamativamente, de todas las posibles aplicaciones que permite la IA, es la referida al ámbito laboral la más usada (46%), por encima del reconocimiento de imágenes (33%), el machine learning (33%) o el análisis del lenguaje (31%), una tecnología que tanto ha popularizado ChatGPT en los últimos tiempos.
Pero no se queda aquí este uso perverso e ilícito de la tecnología: el porcentaje de empresas que usan el big data para analizar la geolocalización de los dispositivos portátiles que entregan a sus empleados alcanza ya el 14%, lo que extrapolado a número de ocupados supone que más de 1,7 millones de personas trabajadoras laboran con sus dispositivos intervenidos (en la previsión
más conservadora).
Todas estas cifras son coherentes con las ya denunciadas por UGT en agosto de 2022, cuando advertíamos que un tejido productivo como el español, con un grado escaso de digitalización y cifras ridículas de empleo tecnológico en comparación con el resto de la UE, lideraba el aspecto más oscuro de la digitalización: la vigilancia algorítmica.
Ambas prácticas (gestión de la actividad laboral mediante una IA y supervisión de la ubicación por big data) son manifiestamente ilegales si no cumplen con una serie de preceptos legales (antes y durante), atentando así contra derechos fundamentales como la privacidad o la intimidad o contraponiéndose a otros, como el derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas.
UGT ha comenzado una campaña interna de formación y capacitación para que los representantes de las trabajadoras y trabajadores de nuestro sindicato usen los mecanismos que nos proporcionan las leyes en vigor para frenar este tipo de prácticas. Sin duda, la negociación de los convenios colectivos será un vehículo importantísimo, pero tampoco rechazamos iniciar acciones legales allá donde sea preciso, si las empresas no interiorizan que la tecnología no está por encima de los derechos de las personas trabajadoras.