Lo que sí y lo que no va a conseguir este pacto
Se ha aprobado esta semana un pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Congreso de los Diputados con el voto favorable de todos los grupos políticos, excepto nuestra abstención, y en estas líneas pretendo reflexionar sobre ello. Lo primero es una aclaración: celebramos todas y cada una de las 200 medidas que tiene este pacto, pero nos parecen insuficientes.
Lo cierto es que suscribimos una a una las 200 medidas que tenía inicialmente este informe, tanto es así que muchas de ellas fueron también nuestra iniciativa como la no necesidad de la denuncia para la acreditación habilitante de víctima o la reserva de empleo público para la reinserción laboral de las víctimas. Pero a la vez somos conscientes de que esta batería de propuestas no ha sido suficiente para que podamos hablar de este acuerdo como un Pacto de Estado. Por esto hemos presentado una enmienda a la totalidad junto con otros 34 votos particulares, cuyo rechazo nos ha hecho finalmente abstenernos en comisión para su posterior debate en pleno.
Por nosotras que no quede, vamos a intentar incluir hasta el final todo lo necesario para que este sea un pacto feminista que mejore la vida de las mujeres. Pero, ¿qué le faltaba a este acuerdo para ser de tal calibre?
Lo primero que lamentamos es que las medidas no tengan garantías económicas, temporales ni legislativas para ser ejecutadas. La subcomisión acordó pedir un mínimo de compromiso económico de 1000 millones a repartir entre todas las administraciones del Estado a 5 ejercicios económicos, pero de momento no hay intención ninguna por parte del Gobierno, y no podemos evitar preguntarnos si en realidad va a haber ese dinero o incluso si lo hay, ya que, si las partidas no son específicas, ¿qué va a hacer que no se gasten en carreteras lo que debería haber sido para casas de acogida? Por otro lado, aun cumpliéndose esta petición, 200 millones de euros a repartir entre todas las administraciones incluidas las miles de Entidades Locales de nuestro país, la financiación de este pacto sería insuficiente y dejaría al descubierto agujeros como el de la dependencia, que tanto afecta negativamente a las mujeres.
En este sentido, y quizás ésta sea una de las diferencias ideológicas más profundas que se han puesto de manifiesto en el pacto, no se han querido incorporar políticas de igualdad que garanticen prevención para cambiar la sociedad machista en la que vivimos. Estamos convencidas de que son la discriminación y la desigualdad las que nutren la violencia. Por decirlo de otro modo, la consecuencia de la existencia del patriarcado es la violencia contra las mujeres, por tanto un pacto contra la violencia tiene que ser un pacto contra el machismo, contra el patriarcado, con políticas públicas que profundicen en su erradicación. Tan sorprendente es la ausencia de estas medidas como el empeño por dejar a las mujeres y a las organizaciones feministas fuera. España sigue estando por detrás de lo que incluso la ONU y el Consejo de Europa nos recomiendan.
Aunque quizás lo más grave de este Pacto es que no se incorpora un enfoque feminista que supere el marco conceptual y legislativo de la ley orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. Necesitamos un nuevo marco de violencias machistas que no genere víctimas de primera y de segunda. Hasta ahora en España según nuestras leyes solo la violencia contra las mujeres dentro de la pareja o la expareja es considerada violencia de género. Las agresiones machistas por parte de un jefe, un padre, un amigo o un desconocido no son según nuestras leyes violencias machistas.
Nuestro país sigue necesitando un nueva ley de Violencias Machistas que englobe todas las formas de violencia, no solo que las nombre, como ya hace este pacto, sino que garantice la prevención, sensibilización, así como apoyo a las víctimas para su recuperación. Dicho de un modo mucho más sencillo, nuestra sociedad ya entiende que es igual de machista que te pegue tu marido, que te violen en los Sanfermines, como que te manosee tu jefe; pero necesitamos darles apoyo específico a todas esas víctimas a la vez que trabajamos por la sensibilización, sean quienes sean los agresores, y sea cual sea el contexto en el que se da esa violencia. Una nueva ley que ponga el foco en la causa común y estructural que perpetúa esta forma de vulneración de los derechos humanos de la mitad de nuestra población: el machismo.
Además, si queremos dar apoyo y acompañamiento a las víctimas para que se recuperen necesitamos garantizar su independencia económica. Para una mujer que tiene que dejar su casa, o que se ha quedado sin trabajo, es mucho más difícil salir de una situación de violencia. Por eso, es preocupante que el resto de fuerzas de la cámara no hayan aceptado incluir en este pacto cuestiones tan básicas como el incremento de la cuantía de la RAI o la garantía habitacional para las víctimas.
Además, necesitamos voluntad política, como no está sucediendo con el interés del menor que ya es ley, pero no una realidad. Las víctimas del machismo no son solo las mujeres, muchas veces también sus hijos e hijas menores. Con un pacto efectivo, y una voluntad política férrea de tomarnos esta lucha como una cuestión de Estado, el caso de Juana Rivas nunca habría llegado a esta situación. Ningún niño tiene que volver con su padre maltratador, ninguna mujer maltratada tiene que huir para evitar esto. A Juana, le mandamos nuestro cariño, le ofrecemos nuestra casa y le prometemos que seguimos, que este pacto acaba de comenzar, y que la próxima vez, llegaremos a tiempo.
Seguiremos intentando hacer todo lo posible por Juana y todas las mujeres que estén en situaciones vulnerables a través de las herramientas de las que nos hemos dotado con este pacto, haciendo un permanente examen feminista de nuestra sociedad, dando soluciones y pidiendo responsabilidades, diligencias y explicaciones cuando sea necesario.
Pero a día de hoy, no hemos conseguido que la lucha contra la violencia machista sea una cuestión de Estado.
