Verdad, Justicia, reparación
“Recordar es fácil para el que tiene memoria, olvidar es difícil para quien tiene corazón”. La frase de Gabriel García Márquez encuadra a la perfección el espíritu que impregna el anhelo del Gobierno por recuperar la memoria histórica y democrática de España, un esfuerzo por mirar adelante en un escenario convulso en el que no debemos obviar que el complejo siglo XX sembró las trazas de un presente que es como un puzle cuyas piezas aún no terminan de encajar.
Tiene razón Juan Gelman cuando nos advierte de que “cuando las heridas no se cierran, gangrenan a la sociedad”. Una herida cerrada en falso acaba infectada. También las del alma. La Guerra Civil dejó en la memoria colectiva y en las memorias individuales de las españolas y los españoles una huella indeleble, una herida que no ha terminado de cicatrizar. Perdura el recuerdo del horror provocado por aquella contienda fratricida y la larga noche del franquismo a la que dio paso, en la que sufrieron la eliminación física o social quienes defendieron los mismos valores que hoy atesoramos como básicos para nuestra convivencia: libertad, democracia, igualdad, paz.
La dictadura franquista buscó extirpar hasta el último gen democrático de la sociedad española. Para ello, recurrió al exterminio físico e ideológico del disidente, la humillación del derrotado, la abolición de su identidad y la eliminación del recuerdo de los perdedores. Mientras, construyó e impuso un imaginario de los vencedores cruel e injusto.
No es cierto que el tiempo todo lo cure. Hay desgarros cuyo alivio requiere un previo proceso de saneado que la sociedad española no ha abordado en profundidad. El olvido es una mala receta para las víctimas de la violencia; la apelación a no reabrir heridas no sirve como tratamiento. Ningún terapeuta recomienda a las víctimas guardar silencio y arrinconar sus recuerdos.
Cuando la Constitución cumple sus primeros cuarenta años, una mayoría política y social respalda la voluntad del Ejecutivo para reconocer lo sucedido y restaurar las injusticias cometidas en nombre de la patria. Es algo que les debemos a nuestros antepasados, sí, pero también a nuestra conciencia democrática: el fin último de la reconstrucción de la memoria histórica, de reconocer esa parte de nuestra historia negada o silenciada y significar a las víctimas de la Guerra civil y el franquismo es recuperar, aunque sea de manera simbólica, su dignidad.
Hoy, la sociedad española tiene madurez suficiente para asumir que cientos de miles de compatriotas fueron maltratados, humillados y, en muchos casos, asesinados por defender los mismos principios que hoy rigen un Estado de Derecho del que legítimamente puede sentirse muy orgullosa. Recuperar y transmitir su memoria es la mejor manera de evitar que su calvario vuelva a repetirse. Y permite una mayor cohesión social sin discursos hegemónicos ni silencios forzados, sino con un relato conjunto, una memoria colectiva que sustituye a la oficial e incorpora el testimonio de aquellos a quienes se impidió participar en la construcción de ese discurso.
Todas las víctimas son iguales, sí, pero no todas han sido recordadas, no todas obtuvieron reparación ni reconocimiento, así que resulta vejatorio recetar olvido. Las heridas de los vencedores tuvieron un largo y delicado tratamiento y ya deberían haber cicatrizado. Los vencidos vivieron con ellas y todavía sangran porque la transición las cosió con prisas e hilo grueso ya que eligió la paz por encima de la justicia.
No pretende este Gobierno cuestionar ahora aquel esfuerzo colectivo que con la Constitución nos devolvió las libertades. Gracias a aquella paz alimentada con concordia y claudicaciones hoy podemos exigir justicia y reconocer que faltó una mirada autocrítica al pasado. Las víctimas de la represión genocida franquista no son distintas a las de ETA o el 11-M, todas demandan legítimamente ser reconocidas como tales y que se les trate con justicia. Mantener su memoria no es solo su derecho y un merecido tributo, es la mejor arma del Estado democrático frente a la violencia irracional e incomprensible. Una democracia tiene que mirar hacia delante, pero consciente de su pasado.
La grandeza de la democracia es que, a diferencia de los regímenes totalitarios, es capaz de reconocer la dignidad de todas las víctimas sin importar las opciones personales, ideológicas o de conciencia de cada uno. Por eso, es necesario impulsar políticas públicas que incluyan una condena explícita del régimen franquista y la rehabilitación plena de todas las personas, organizaciones e instituciones represaliadas durante la Guerra Civil y la dictadura. Es tanto el homenaje a su lucha por las libertades como el método para difundir entre las generaciones presentes y futuras el respeto por los derechos humanos y por el sistema de libertades del que disfruta la sociedad española.
Por si aún queda alguien al que no convenzan estos argumentos, siempre es posible recurrir a las instituciones internacionales. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa denunció el 17 de marzo de 2006 las graves violaciones de derechos humanos cometidas en España entre los años 1939 y 1975. En noviembre de 2013, el Comité de las Naciones Unidas sobre la Desaparición Forzada expresó su preocupación por el desamparo de las víctimas del franquismo. El 3 de febrero de 2014, la Asamblea General de Naciones Unidas afeó a España su nula voluntad de investigar los crímenes de la dictadura. En agosto de 2015, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas reiteró su preocupación por las “lagunas y deficiencias” de los procedimientos de búsqueda, exhumación e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo.
La democracia española tiene una deuda con estas víctimas y no debe permanecer en el disparadero internacional por ello. Corregirlo es compromiso público de este Gobierno, que en el proyecto de presupuestos para 2019 reservó 15 millones de euros al impulso de las políticas de recuperación de la memoria histórica. Se trata de un objetivo al que los gobiernos del Partido Popular dedicaron la significativa cantidad de cero euros. Ese mismo partido, al que ahora se suma Ciudadanos, rechazó las cuentas públicas el pasado 13 de febrero. Las derechas, de nuevo, aparecieron como responsables de perpetuar esta injusticia que dura ya 80 años. Solo un nuevo Gobierno de izquierdas hará lo que esté en su mano para solventarla.
Esos quince millones de euros habrían servido para sufragar un plan anual de exhumación de fosas comunes. El Ministerio de Justicia tiene censadas más de 2.400, pero es un censo incompleto que debe ser actualizado. Tampoco hay datos oficiales sobre el número de cuerpos en ellas enterrados. Organismos internacionales calculan en más de 114.000 los seres humanos a los que se les privó de la vida y del derecho a una digna sepultura. Su localización e identificación no es una opción partidista o partidaria, es una obligación del Estado en la que el Gobierno quiere implicar también a las administraciones autonómicas y locales.
Si los españoles vuelven a dar a los socialistas su confianza, ese eje básico de actuación acompañará otras iniciativas ya puestas en marcha, como la reapertura de la Oficina de apoyo a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, la creación de un banco nacional de muestras de ADN, la elaboración de un Censo Nacional de Víctimas o el impulso de las certificaciones y reparaciones integrales a los represaliados por la dictadura.
Otro eje estratégico de la Dirección General para la Memoria Histórica es el homenaje al medio millón de personas que abandonaron España huyendo de la barbarie de la Guardia Civil y a los 300.000 que encararon un exilio de larga duración para escapar de la represión franquista. El Ministerio de Justicia preside y coordina la comisión interministerial creada por el Gobierno para conmemorar el 80 aniversario del éxodo republicano español. Fue en este marco en el que, el pasado 24 de febrero, Pedro Sánchez se convirtió en el primer presidente del Gobierno de la democracia en el ejercicio de su cargo en homenajear al presidente de la II República Manuel Azaña frente a su sepultura en Montauban (Francia).
Con una programación que incluye más de cien actos a celebrar en doce países de tres continentes, el Gobierno quiere dar un homenaje público a los integrantes del exilio español y sus descendientes; recuperar su memoria y su aportación tanto a la restauración de la democracia española como al progreso de los países de acogida, y rendir tributo a las sociedades y a las instituciones de los países que acogieron a los exiliados republicanos españoles. Somos conscientes de que para la inmensa mayoría de ellos este reconocimiento llega tarde, pero es una oportunidad que no debemos desaprovechar.
Escribió el historiador francés Stéphane Michonneau que “España está enferma de su propio pasado”. Es hora de que la democracia española lo sanee y recupere para siempre a todos los que vieron vulnerados sus derechos fundamentales en aquel doloroso período de nuestra historia: a quienes perdieron la vida y a sus familias, a quienes perdieron su libertad o sus bienes, a quienes perdieron la patria empujados al exilio.
Así saldaremos deudas morales pendientes. La recuperación de la memoria histórica cierra heridas y normaliza la convivencia, porque la auténtica reconciliación se construye con los ladrillos de la verdad. Así construiremos un presente mejor que nos permitirá diseñar un mejor futuro. Este Gobierno apuesta por valores solidarios y de justicia como mejor antídoto contra los populismos pasados, presentes y futuros. En definitiva, este gobierno apuesta por la democracia.
