Winter is coming! Pero no para todos

Se acercan momentos de incertidumbre económica derivados del shock vivido durante los últimos meses en los precios de los combustibles fósiles, petróleo y gas natural. Para hacer frente a las necesidades sociales que se derivarán de ello, el Gobierno ha aprobado un impuesto sobre los beneficios extraordinarios que logran ciertos sectores en nuestro país. Durante los últimos años, en primer lugar las compañías eléctricas, y también los bancos, han disfrutado de un elevadísimo volumen de beneficios, unos “superbeneficios” muy superiores a los que obtienen el resto de empresas que operan en otros sectores de la economía española.

Esa no es una situación sana en términos económicos, cuando las empresas de un sector son capaces de extraer “superbeneficios”, lo que está indicando es que detentan un fuerte poder de mercado que les permite imponer los precios de sus productos y servicios a los ciudadanos en general o a otras empresas.

Los datos del año 2020 (último año disponible de la Contabilidad Nacional anual por sectores) muestran que los beneficios del conjunto de las empresas españolas ese año fueron superiores en 21.432 millones de euros a los obtenidos en el año 2013, apenas un 2,2% más debido indudablemente a la crisis ocasionada en 2020 por el COVID-19. 

Pero esto no sucedió en todos los sectores de la actividad económica, los beneficios de los bancos en 2020 fueron un 116% superiores a los de 2013, esto es, se incrementaron en 12.483 millones de euros. Solo en 2020, en plena pandemia, los bancos incrementaron sus beneficios sobre el año anterior en casi 3.000 millones. Si en el periodo 2013-2020 los beneficios de los bancos hubieran crecido al mismo ritmo que el resto de sectores, tan solo lo habrían hecho en 237 millones. Es decir, que los bancos han obtenido en el periodo de recuperación de la economía española unos “superbeneficios” de más de 12.000 millones de euros.

Las razones que están detrás de esa impresionante capacidad de la banca española de recuperar los márgenes empresariales, después de la crisis financiero-inmobiliaria generada en 2008 por la actitud irresponsable de una gran parte de las entidades del sector, son: 

1) La forma en la que el Partido Popular afrontó el proceso de reestructuración bancaria, no hay que olvidar que el rescate bancario costó cerca de 100.000 millones de los cuales los bancos no han devuelto nada.

2) Las posteriores medidas tomadas por sucesivos gobiernos, que han incrementado enormemente el grado de concentración del oligopolio bancario. Según el Banco Central Europeo cinco entidades bancarias españolas (Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell y Unicaja) concentran el 69,3% de los activos del sector, mientras que en Alemania los cinco mayores bancos solo representan el 31% de los activos.

El poder de mercado que detentan las grandes entidades financieras sobre el conjunto de la actividad económica les permite imponer precios (tipos de interés y/o comisiones) sobre ciudadanos y empresas. Este poder de mercado viene derivado de una estructural falta de competencia en este sector debido a las barreras de entrada que existen. Hay que recordar que la creación de un banco, o la instalación en nuestro país de sucursales de un banco extranjero, exige la preceptiva autorización del Banco de España, un proceso muy complejo que tiene como objetivo asegurarse de la solvencia de las entidades financieras que operan, de esta forma se garantiza que haya un alto grado de estabilidad financiera. En el pasado las continuas quiebras bancarias fueron la causa de crisis económicas periódicas. 

Por tanto, no parece que una aportación extraordinaria de la banca al presupuesto público de 1.500 millones anuales durante dos años, 2022 y 2023, sea una cantidad exagerada viendo los “superbeneficios” que han obtenido en el pasado reciente, más de 12.000 millones de euros. 

En relación con las empresas eléctricas, el poder de mercado que ejercen es mucho mayor, debido a la completa privatización del sector y a la actual regulación del mercado que fija los precios de la electricidad, ambos “hitos” realizados bajo gobiernos del PP. Como consecuencia de ello, los márgenes de beneficio de las empresas eléctricas en España son mucho mayores que en el resto de actividades económicas en nuestro país. Durante la última década las empresas eléctricas se han llevado, en beneficios empresariales, un 87% del total de la riqueza (valor añadido) generada por el sector, mientras que el porcentaje de beneficios empresariales sobre la riqueza generada en el resto de sectores de la economía española es de un 47,5%. 

Es decir, las empresas eléctricas han obtenido un “superbeneficio” de más de 40 puntos de diferencia sobre el resto de las actividades económicas, esto es, 90.000 millones de euros en una década, unos 9.000 millones anuales. 

Viendo esas cifras tampoco parece que sea una cantidad exagerada una aportación extraordinaria de las grandes empresas eléctricas al presupuesto público de 4.000 millones durante dos años.

Es más, dada la estructural falta de competencia real en el sector de generación de energía eléctrica no se entiende que esta medida esté tasada para un periodo temporal tan breve, cuando es evidente que la situación profundamente oligopolística del sector, y consiguientemente la extracción de “superbeneficios”, ha sido una constante desde hace décadas. Esta situación ha sido favorecida por una tradicional colusión de intereses entre algunos políticos y las oligarquías energéticas. Desde el tardo-franquismo hasta la actualidad ha sido notable la presencia de ex altos cargos de diversos gobiernos en los consejos de administración de las principales empresas energéticas de España.