El pasado 3 de abril Jose Luis Gallego escribía un artículo más que pertinente sobre la ausencia del agua en la agenda política. Argumentaba que más allá de la reinvindicación del acceso al agua como un derechos humano básico, nadie se acuerda del agua ni habla de ella como un bien imprescindible en el equilibro ecológico del planeta.
Estando muy de acuerdo con el planteamiento, no me resisto a hacer dos precisiones. La primera es que sí hay un partido político que defienda el agua y la incluya en su programa electoral; de hecho en el programa de las europeas de EQUO hay un punto específico sobre aplicación de la Directiva del Agua, algo que se ha incluido también en el programa marco de las municipales de mayo 2015.
La segunda precisión es sobre la falsa dicotomía entre el derecho al agua de las personas y el agua de la naturaleza. Efectivamente, defender el acceso a un agua de calidad, con una gestión eficiente y transparente, sin tener en cuenta los condicionantes ecológicos del lugar donde viven esas personas es irresponsable. Eso comprometería seriamente el presente y el futuro del derecho que precisamente se quiere defender.
La separación ficticia entre sociedad y naturaleza está anclada en nuestra visión del mundo desde hace siglos. Aceptemos y reconozcamos que somos parte del medio ambiente, incluso las ciudades hormigonadas y asfaltadas en las que vivimos son naturaleza: tienen aire, se asientan sobre suelo y en ellas hay agua.
El agua efectivamente es imprescindible en nuestras vidas y nuestra sociedad. Y la gestión del agua debe ser algo transversal en todas y cada una de las políticas que se lleven a cabo desde las instituciones. Por ejemplo, la apuesta de modelo productivo que hagamos es clave para la sostenibilidad de nuestros recursos hídricos: la agricultura intensiva, la explotación de ciertos recursos energéticos (fracking o minería de uranio), la industria química o la siderurgia son sectores muy intensivos en agua o con procesos y residuos altamente contaminantes para el agua.
El agua que bebemos, el agua que defendemos como derecho humano, es el agua de la naturaleza: la de nuestros ríos, nuestros acuíferos, nuestros humedales, nuestros océanos, nuestra lluvia. No es posible garantizar ese derecho universal si no garantizamos el equilibrio y la calidad ecológica del agua que nos rodea.
Justicia social y justicia ambiental van de la mano. El buen vivir de las personas es precisamente eso: que todas las personas tengan sus necesidades básicas cubiertas, sus derechos garantizados, hoy y mañana en equilibrio con la naturaleza. En el siglo XXI hablar de derechos es hablar de ecología. Por eso nos acordamos del agua, porque como muchos otros derechos depende de políticas verdes para que efectivamente lo sea.