¿Cómo se defienden mejor los derechos de las prostitutas?
La reciente decisión de Amnistía Internacional de proponer a los gobiernos la despenalización de la prostitución ha colocado en el centro de la agenda política un debate ya antiguo. El argumento decisivo de Amnistía Internacional es que con la despenalización se defienden mejor los derechos humanos de las mujeres prostituidas. Sin embargo, desde sectores mayoritarios del movimiento feminista y desde sectores ideológicos críticos de la sociedad civil se considera que la despenalización no es la mejor forma de proteger a las mujeres que están en la prostitución. Desde estas posiciones se considera que es una institución fundacional del patriarcado y, desde hace más de tres décadas, también un sector económico crucial para el capitalismo neoliberal.
En efecto, en sus inicios la prostitución se ha configurado como una de las piedras angulares de las sociedades patriarcales, pues ha garantizado a los varones el acceso sexual al cuerpo de las mujeres. La prostitución es una práctica social en la que se intercambia sexo por dinero. Sin embargo, no parece casual el hecho de que los demandantes sean varones y quienes ejercen la prostitución sean mujeres. En otros términos, esta institución no solo desvela la profunda desigualdad social entre hombres y mujeres sino que contribuye a su reproducción.
Lo nuevo de esta realidad social es que se ha convertido en un sector económico crucial para el capitalismo neoliberal. La prostitución nos devuelve la imagen de varones de todas las clases sociales que acceden sexualmente a los cuerpos de mujeres pobres, inmigrantes y pertenecientes a culturas y regiones del mundo que el occidente etnocéntrico ha conceptualizado como inferiores. La idea que quiero destacar es que la transformación de la prostitución está vinculada a la existencia de los ‘mercados desarraigados’, sin regulación estatal ni control social, y cuya lógica económica depredadora ha mercantilizado no solo la naturaleza, el dinero y el trabajo sino también los cuerpos y la sexualidad de las mujeres. En otros términos, la prostitución está unida a otras dinámicas de la globalización, como la formación de mercados globales, la intensificación de las redes transnacionales y la economía criminal.
En esta línea, hay que subrayar que la prostitución es el máximo exponente de la deslocalización neoliberal, pues las mujeres son trasladadas desde países con altos niveles de pobreza a países con más bienestar social para que los varones demandantes de todas las clases sociales accedan sexualmente al cuerpo de esas mujeres. Si bien el cuerpo de las mujeres prostituidas siempre ha sido una mercancía, en esta época de globalización neoliberal, se ha convertido en una mercancía muy codiciada por los traficantes y proxenetas porque proporciona altos beneficios con bajos costes.
La prostitución es una industria esencial para la economía capitalista, para la economía criminal, para los estados que ven en esta institución una fuentes de ingresos públicos, pero también para las instituciones del capitalismo internacional, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que ven, en lo que denominan eufemísticamente industria del entretenimiento y ocio, unos ingresos que pueden garantizar la devolución de la deuda.
Es imprescindible defender los derechos humanos de las mujeres en situación de prostitución. En eso coincidimos con Amnistía Internacional. ¿Cómo no defender los derechos humanos de aquellas mujeres que, además, están marcadas por la pobreza, la falta de recursos y, en la mayoría de los casos, por el abuso sexual en su infancia y adolescencia? La pregunta es cómo se defienden mejor esos derechos: ¿despenalizando una actividad económica que cabalga sobre el tráfico de mujeres, el blanqueo de dinero y la economía criminal o desactivando una industria que mercantiliza el último reducto de soberanía y libertad de las mujeres, que es su propia sexualidad? La despenalización de la prostitución en realidad a quien beneficia es a los dueños de los burdeles y a los proxenetas. Es un balón de oxígeno para los empresarios del sexo que así se librarán de algunos obstáculos legales que dificultan el incremento de sus beneficios. Me pregunto si Amnistía Internacional ha analizado y valorado las consecuencias de esta propuesta y si le parece éticamente aceptable la mercantilización de la sexualidad de las mujeres.
Por último, el argumento de que se protegen mejor los derechos de las mujeres prostituidas despenalizando la prostitución es una propuesta peligrosa porque parte tácitamente de la idea de que hay que aceptar lo instituido en lugar de acabar con ello. Sin embargo, quienes nos situamos en el ámbito de las teorías críticas de la sociedad consideramos que se pueden eliminar aquellas instituciones y prácticas sociales que promueven la desigualdad y se puede poner fin a esas nuevas clases de servidumbre que con tanto ahínco defiende el neoliberalismo y entre las que ocupa un lugar central la prostitución.
