Es sencillo comprobar que el actual ideario político de Bildu –por mucho que les duela a quienes quieren vivir anclados en el pasado o prefieren optar por la estrategia de 'cuanto peor, mejor'– es más democrático y avanzado que las propuestas que ofrecen los programas y declaraciones de los líderes de Vox. Por eso, resulta incomprensible que algo tan evidente no se refleje con meridiana claridad por parte de quienes tienen la responsabilidad constitucional de informar desde la objetividad y la veracidad.
Desde que irrumpieron en la escena política Podemos y los 'gobiernos del cambio' existe un trazo cada vez más grueso en la brocha que usan quienes –desde posiciones afines, de interés o de amistad a la derecha española– tienen capacidad de influir en la opinión pública. Ante tanto frenesí por el brochazo (y el canutazo) existe el riesgo real de que, si no se pone rigor y oficio, la narcopolítica contamine el derecho a la información con su demagogia. Si desde la derecha de tres cabezas tachan de 'golpistas', 'populistas' o 'terroristas' a quienes no comulgan con sus ideas, la ciudadanía necesitamos que se confronte con la verdad.
Esos calificativos solo son fruto de especulaciones, no de hechos probados ni sentenciados. Un buen ejemplo de una buena práctica informativa es lo absurdo que ha resultado escuchar a Inés Arrimadas atacar a Valls mientras tachaba de 'populista' a Ada Colau cuando ha sido gracias a que esta (Colau) ha hecho lo que ella (Arrimadas) fue incapaz de hacer (defender la tan proclamada 'unidad de España' negociando y dialogando) y, en consecuencia, ERC no ha alcanzado la alcaldía de Barcelona.
Contrastar y analizar desde otros puntos de vista que no sean el carril de la actualidad empieza a ser un servicio público y un servicio a la calidad democrática. Si se quiere hacer frente a esta peligrosa espiral de declaraciones que criminaliza sin filtros todo tipo de diálogos, pactos o acuerdos no solo necesitamos a 'Maldita' y a 'Hemeroteca', necesitamos periodismo comprometido con la profesión y la verdad. Ahora que le llega el turno a Bildu (por su posible abstención para que los socialistas gobiernen) el reto está ahí, a ver cuántos medios matizan las declaraciones que los tachen de terroristas, porque insisto: sin hechos juzgados ni condena firme todo lo demás es mentira e invención. Es maledicencia.
Por mi parte solo recordar a los amnésicos (sin compasión) de la derecha descentrada que Bildu no es ETA ni Batasuna. Ya lo dijo el Tribunal Constitucional en 2011 cuando subrayó, entre otras cosas, que “la izquierda abertzale como expresión ideológica no ha sido proscrita” y que no había elementos (en el momento de legalizar Bildu) que acreditasen la existencia de vínculos personales, de orden financiero o de apoyo material entre ETA y el partido ilegalizado Batasuna con Bildu. Por tanto, no es aceptable el empeño de Rivera y Casado de mencionar estos días a Bildu como “Batasuna”, pues al hacerlo están tergiversando la realidad y negando la doctrina constitucional, precisamente ellos.
Cuando el Alto Tribunal se pronunció en este sentido, fueron centenares las voces críticas y apocalípticas que vaticinaron que si Bildu llegaba al poder sus políticas iban a ser totalitarias y fascistas. Casi una década después, y tras haber gobernado en centenares de municipios y localidades, las medidas de los gobiernos que ha presidido Bildu tienen más que ver con la universalización de los derechos humanos que con restringirlos y limitarlos. Su gestión política y económica habrá sido mejor o peor, se puede compartir o no su ideología, pero nadie puede tacharles de antidemocráticos ni fascistas, tal y como pronosticaban quienes ahora los llaman 'Batasuna'. Quién sabe si lo hacen porque saben que la marca Bildu muy poca gente la asocia, tras su paso por las instituciones, a ETA o a terrorismo sino a proyecto político.
Mientras la formación abertzale ha hecho un uso del poder en sus gobiernos que ha tratado de contribuir al Bien Común, lo que encontramos (a los pocos días) en aquellos gobiernos formados gracias a los votos de Vox es todo lo contrario: políticas negacionistas de los derechos de los colectivos vulnerables basándose en teorías conspirativas y multitud de fake news. De hecho las propuestas de los programas de Vox son poco viables constitucionalmente y muy preocupantes si echamos un vistazo a cuáles fueron las primeras medidas de gobiernos que terminaron siendo totalitarios. Por ejemplo, su propuesta de “ilegalizar los partidos contrarios a la unidad de España” fue, precisamente, la primera medida que tomó Hitler cuando llegó al poder en Alemania con un tercio de los votos: ilegalizó el partido comunista.
Quienes llaman terroristas a Bildu y quieren desprestigiar a quienes pacten o dialoguen con ellos, deberían reflexionar sobre hasta qué punto el fascismo que señalan en el ojo ajeno no lo tienen en su propia casa. En los programas y políticas de la formación abertzale difícilmente se encuentran medidas como las que se encuentran en el ideario de Vox. Medidas que busquen acabar con las libertades fundamentales (como la religiosa, la de expresión, la de movimiento, la de información, etc.) o restringir gravemente derechos (como el derecho a la familia, a la no discriminación, a no sufrir tratos degradantes, a la sanidad universal, a la tutela judicial efectiva, la reinserción, etc).
El problema no es Bildu, es Vox y cómo debe de ser la cosa de grave para que un político de mano dura con los derechos como lo es Valls no se quiera ni acercar a los de Abascal. Por cierto, un último apunte para quienes quieran criminalizar a Bildu por pedir la libertad de los presos del procés; Amnistía Internacional lo ha solicitado también y es que los derechos humanos ni entienden de bandos ni entienden de bandas por eso gustan tan poco a fascistas y totalitaristas.