Vienen del extranjero, nos quitan lo que es nuestro y, además, el Gobierno les da las ayudas. ¿A qué les suena esto? Son los fondos buitres, pero no verán mítines de la extrema derecha clamando contra ellos. Es más fácil señalar a los extranjeros pobres. No interesa hablar de los ricos que entraron en España, pisaron el felpudo que les pusieron dirigentes como Ana Botella o Ignacio González y se quedaron con inmuebles de protección pública por debajo del precio de coste.
El Tribunal Supremo ha confirmado el atropello que supuso la venta de casi 3.000 inmuebles protegidos, por parte de la Comunidad de Madrid, que presidía Ignacio González, a la sociedad Goldman Sachs-Azora. Horas antes de que conociéramos esta decisión judicial, la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, presumía, a cuenta de la Cumbre del Clima, de “las ventajas de gobiernos liberales como los de Madrid, que dan seguridad”. Y tanto. Los fondos se forraron. No pueden decir lo mismo los inquilinos.
¿Fin de la cita? Díaz Ayuso tiene ahora la ocasión de demostrar si pleitea junto a esos madrileños pobres o hace como el alcalde, Martínez Almeida. Hay intereses de partido. El jefe de Gabinete de Ignacio González cuando se produjo la venta es ahora consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo del Ayuntamiento, nombrado por el Gobierno de PP y Ciudadanos. Y, si no quieren caldo, la viceconsejera de Vivienda de la Comunidad es ahora Concepción Dancausa, concejala de Hacienda de Botella, que aprobó la operación en su Junta de Gobierno.
Ya ven que todo queda en casa. Y los inquilinos en la calle. Muchos de estos vecinos suman años de infierno, con desahucios, subidas del alquiler y, en definitiva, pérdida de los derechos adquiridos en sus viviendas de protección. Martínez Almeida hablaba recientemente de que España vive una “emergencia nacional” ante el gobierno que negocia la izquierda. Que pregunte a estos madrileños lo que es vivir una emergencia. España no se romperá, pero a muchos de ellos les rompieron la vida. Aunque las presiones y los engaños sufridos no salgan todos los días en la tele.
Pasan horas y horas de televisión dándole vueltas al modelo territorial, la identidad de la patria y la nación de cada uno. Poco se habla de derechos tan “constitucionales” como el de una vivienda digna. Mucho se olvida a los que siguen siendo los perdedores de la crisis. Gentes que, en mitad de la tormenta y el estallido de la burbuja, vieron cómo dirigentes de la bajeza de Ignacio González vendieron su techo. En la memoria de justificación quedó escrito que las viviendas “no eran necesarias”. Ya saben que González está en libertad y, como tantos otros, aún disfruta impune de un sueldo público.
Aún hay quien presume de “la mejor gestión económica, liberal, para los madrileños”. Los inmuebles se vendieron por 201 millones de euros. La Cámara de Cuentas, órgano fiscalizador de la Comunidad de Madrid, les dio un valor neto contable de 300 millones. Pérdida de casi 100 millones de euros, además de perder la decencia de estos gestores públicos. Claro que la operación interesaba, pero no a los vecinos. El Ayuntamiento, con Ana Botella, también vendió 1.860 viviendas sociales al fondo buitre Blackstone. Entre el consistorio y la Comunidad, casi 5.000 pisos protegidos. Como quien vendía peras y manzanas.
Isabel Díaz Ayuso decía esta semana que “algún día sabremos qué lobby hay detrás” de la emergencia climática. Igual que supimos quién había detrás de la cuenta en Twitter del perro Pecas, supongo. Claro que queremos saber más. ¿Qué llevó a los dirigentes de su partido a ejecutar esta venta de pisos sociales? ¿Pagarán los responsables o seguirán chupando del bote? Como decía Díaz Ayuso hablando del clima, “movimientos que crecen de esta manera, siempre llevan intereses económicos”. Y tanto. De la lucha climática decía Ayuso que está “monopolizada por la izquierda, aunque luego caiga por su propio peso”. El peso de la justicia es lo que queremos que caiga sobre los que alimentaron a los buitres.