La decisión de Pablo Casado de no dimitir en caso de que el Tribunal Supremo le impute por el máster que supuestamente consiguió en el reservado de la Universidad Rey Juan Carlos aleja al nuevo Partido Popular de la ola de regeneración de la vida pública que trajeron los ya no tan nuevos partidos y a la que se ha subido el PSOE de Pedro Sánchez, sobre todo tras la exposición pública de su tesis doctoral.
La dimisión de Màxim Huerta por intentar colarle un gol a Hacienda y pedir el VAR cuando se lo anularon, y la de Carmen Montón por aceptar otro máster de saldo, plagiar el trabajo final y aportar la tropical explicación de que no sabía en qué campus daba las clases porque la llevaban en taxi, sitúa el listón de exigencia en el lugar en el que debe estar en un país moderno, en el que los ministros y cargos públicos pagan sus impuestos, obtienen sus títulos con esfuerzo y, por encima de todo, dicen la verdad a los ciudadanos.
Por mucho que presuma de transparencia, el nuevo PP de Casado sigue sin enseñar los cuatro trabajos con los que obtuvo su máster, tras conseguir una pila de convalidaciones, y mantiene una fórmula para la asunción de responsabilidades propia de otro tiempo. Aquel en el que la financiación ilegal del partido durante casi dos décadas se solventaba acudiendo a una comparecencia parlamentaria en agosto y endosando el marrón a los extesoreros “de los que usted me habla”. Cuando la única estrategia de comunicación del partido del Gobierno en relación con los papeles de Bárcenas era entregarse a la idea de que lo que no se nombra, no existe.
Apelando a sus estatutos, que siguen siendo de otra época, la dirección del PP advierte de forma preventiva que su líder no dimitirá hasta que no haya auto de apertura de juicio oral en el caso Máster, lo que podría demorarse entre meses y años. Y al mismo tiempo, confía en que la causa será archivada por los cinco magistrados de la Sala Segunda del Supremo -cuatro conservadores y una progresista- que tendrán que examinar si, como dice la juez de Plaza de Castilla Carmen Rodríguez Medel, Casado debe ser imputado por aceptar el regalo del máster (cohecho impropio) y ser consciente del chanchullo que llevaba a cabo el jefe del chiringuito, Enrique Álvarez Conde, teniendo en cuenta que el líder del PP mandó documentación para que le convalidaran la mayoría de las asignaturas (prevaricación administrativa como cooperador necesario).
Pero esa frontera, la de la apertura de juicio oral, no se ha aplicado en los últimos años a muchos dirigentes del PP involucrados en casos de corrupción a los que la dirección nacional obligó a dimitir con su sola imputación. Fue el caso del expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, que en abril del año pasado dejó el cargo cuando el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco elevó una exposición razonada similar a la de Casado en la que le atribuía los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada por concertar la contratación de la trama Púnica para mejorar, con dinero público, su imagen en las redes sociales, maltrecha por otro caso de corrupción por el que también será juzgado.
Empujada por Génova, la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá también tuvo que darse de baja en el partido después de que el Supremo le llamara a declarar como investigada por un delito de blanqueo de capitales en la causa en la que se investiga el pitufeo de fondos, con billetes de 500 euros, en el grupo municipal popular del Ayuntamiento de Valencia. Barberá se atrincheró en el Grupo Mixto del Senado, conservó su acta y falleció un día después de declarar en el Supremo y antes de saber si la causa iba a ser archivada.
En el caso de Francisco Granados, la dimisión se produjo cuando se publicó que tenía una cuenta en Suiza, y en el de Ignacio González meses antes de que fuera detenido como cabecilla de la trama Lezo. Luis Bárcenas, mientras tanto, presentó su dimisión “transitoria” como tesorero once días después de que el Supremo le citara a declarar como investigado; y José Manuel Soria, que nunca llegó a ser imputado, dejó el Ministerio de Industria cuando perdió el control de sus mentiras por la titularidad de sociedades en Panamá.
Pero la vara de medir salta por los aires cuando de lo que se trata es de pedir responsabilidades ajenas. Ese PP, que ahora blinda a su líder hasta el auto de apertura de juicio oral, es el mismo que el 9 de marzo de 2011 pidió la dimisión de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, después de que se conociera un informe de Hacienda que señalaba que conocían el escándalo de los ERE. Su imputación por el Supremo no se produjo hasta el 17 de febrero de 2015, cuatro años después. La máxima está clara: que dimitan los otros.