¿Y si votamos todos en la consulta?
La consulta catalana no puede celebrarse porque es ilegal, inconstitucional, e incompatible con la soberanía de todos los españoles. Esas son las tres cartas que el gobierno y sus aliados manejan desde hace meses, y con esas mismas tres cartas se sentarán a la partida de esta tarde en el Congreso.
Tres argumentos que se pretenden sólidos, de acero, irresistibles, pero que en realidad son bastante endebles: una excusa para convertir en un asunto técnico, jurídico, lo que es claramente un asunto político. Es decir: no es que no se pueda, es que no quieren.
El argumento de la legalidad, por ejemplo. Si la consulta catalana es ilegal, puede legalizarse hoy mismo. Basta que el legislador quiera. De hecho, los partidarios de la consulta hasta hoy mismo han insistido en buscar su encaje legal, y esta tarde propondrán varias vías de celebrarla dentro de la ley.
Lo mismo puede decirse del argumento de la inconstitucionalidad. Si el derecho a decidir no tiene encaje en la Constitución (y hay expertos que sí lo ven posible), el mismísimo Tribunal Constitucional da la solución, en su reciente fallo sobre el asunto: refórmese la Constitución; siéntense a dialogar, y cambien el texto. Volvemos así a la casilla anterior, la de la legalidad: si es inconstitucional, basta que exista voluntad política para que sea constitucional. Y ni siquiera hace falta mucho tiempo, visto lo rápidos que fueron PP y PSOE en reformar la Constitución hace un par de años con el famoso artículo 135.
Pero si el gobierno pierde la carta de la legalidad y la de la Constitución, siempre le queda el comodín de la soberanía: la consulta no puede hacerse, porque la soberanía es de todos los españoles, y no puede trocearse. No pertenece a nadie, sino a todos. La soberanía somos nosotros, pero todos a una, los 47 millones saltando a la vez. Aunque no nos demos cuenta, la soberanía “descansa, se refleja y se respira y se ejerce por todos y cada uno” de los 47 millones de ciudadanos que viven en “todos y cada uno de los rincones” de España.
Ahí se acaba el debate, piensa el gobierno: ya no es que sea ilegal o inconstitucional. Es que la soberanía es una roca indivisible, y aunque quisiéramos, no podríamos permitir a los catalanes que decidiesen algo por su cuenta, ni siquiera que opinasen sin valor decisorio, porque allá donde va un español vamos todos detrás. O todos o ninguno.
Si yo fuese un catalán partidario de la consulta, tendría clara la respuesta: “pues venga, votemos todos”. ¿Qué respondería ante eso el gobierno? ¿Por qué no una consulta en toda España, para que todos los que respiramos soberanía nos pronunciemos?
Igual esa sería la forma (legal, constitucional y respetuosa con la soberanía) de saber por fin qué opinan los catalanes. Y de paso, nos enteramos de lo que piensan castellanos, vascos, gallegos, andaluces o canarios, no ya sobre Cataluña, sino sobre un modelo territorial fallido, que hace aguas por cada vez más grietas, y que en algún momento habrá que arreglar o cambiar.
Si nos preguntasen a todos (siempre que fuese tras un debate limpio, sin trampas ni amenazas, y con información suficiente), quién sabe si no nos llevaríamos alguna sorpresa. ¿Por qué estamos tan seguros de que la mayoría de españoles queremos seguir como hasta ahora? ¿Por qué damos por hecho que la mayoría de españoles nos negaríamos a otro tipo de relación con Cataluña? Podemos especular, pero lo cierto es que no lo sabemos, como no sabemos lo que opinan los catalanes, más allá de encuestas.
Pero claro, cualquier consulta, de unos pocos o de todos, exigiría una voluntad política que no existe. Voluntad para permitir que los catalanes, o todos los españoles, decidamos sobre nuestro futuro. Voluntad democrática para dar la palabra a los ciudadanos, que por mucho que respiremos soberanía, poco nos dejan ejercerla.
