Es Catalunya, estúpido
El próximo 28 de abril están en juego el futuro de las pensiones y de los impuestos, la subida del salario mínimo, la redistribución del crecimiento económico, las medidas para reducir el paro, la vigencia de las políticas contra la violencia machista o la aprobación de una ley de muerte digna. Pero, por mucho que estos asuntos sean trascendentales en la vida de millones de personas, el factor que ha provocado el final de esta legislatura y que marcará la próxima es y seguirá siendo la situación en Catalunya.
Al adelanto electoral se llegó después de una moción de censura que unió a todos contra el PP por la demoledora sentencia de la Gürtel, que en los próximos meses tendrá que ser ratificada o revocada por el Tribunal Supremo en su parte esencial –la relativa a la existencia de una financiación con dinero negro durante dos décadas–, y después de que los independentistas catalanes, en parte por el golpe de mano que el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont dio en el seno del PDeCAT, supeditaran el apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez a una rebaja en la acusación de la Fiscalía en el juicio del procés.
En los primeros meses de la nueva legislatura llegará la sentencia, que con la Fiscalía reforzada en su convicción de que los hechos deben ser tipificados como una rebelión violenta contra el Estado, previsiblemente conllevará penas de prisión para los dirigentes independentistas que se sientan en el banquillo de los acusados. Así pues, una de las primeras decisiones que tendrá que afrontar el nuevo Gobierno será decidir si concede o no los indultos que podrían solicitar sus defensas mientras preparan los recursos ante el Tribunal de Estrasburgo, en los que la Abogacía del Estado tendrá que defender la posición de la Justicia española en los pleitos en los que se examinará si los derechos fundamentales de los procesados fueron vulnerados cuando se les impidió, por ejemplo, asistir a la toma de posesión de sus escaños en el Parlament o participar en sus debates de investidura.
El escenario de máxima tensión emocional que provocará la sentencia se trasladará también al Congreso porque, hoy por hoy, y con la vista puesta en Estrasburgo, los siete magistrados que componen el tribunal del procés son partidarios de que Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull acudan presencialmente al Congreso y al Senado para tomar posesión de sus actas e incluso puedan participar en las sesiones votando telemáticamente desde la cárcel. Condicionando plenamente el propio funcionamiento de las Cortes, el problema catalán también se trasladará al Parlamento europeo, al que optan como cabezas de cartel de sus formaciones Junqueras y Puigdemont. Esa jugada abrirá una nueva batalla sobre la forma en la que el Supremo garantizará su derecho a la participación política y, en el caso del expresident, podría provocar la petición de un suplicatorio para levantar su inviolabilidad parlamentaria en el caso de que se retome la petición de entrega, dos veces suspendida por el juez instructor de la causa, Pablo Llarena.
Pero, además, es la gestión del proceso independentista catalán y su salida a través del 155 y de la judicialización de la cuestión lo que ha sacudido el panorama político en estos últimos años. A la situación catalana se debe la irrupción en el tablero electoral de Vox, un partido de extrema derecha nacionalista española que, rompiendo el 'fair play' entre adversarios que ha caracterizado cuarenta años de democracia, sitúa a Pedro Sánchez y sus socios como los “enemigos” (sic) de la patria. Aunque lo realmente grave para el sistema es el contagio que ese discurso retrógrado que sueña con la España sin autonomías de 1975 ha provocado en el Partido Popular y Ciudadanos, arrastrados por la foto de Colón en una competición por dar caña a “felones” y “golpistas”en la que incluso la extinta ETA está invitada.
Llegados a este punto conviene examinar las propuestas que cada partido ha incluido en sus programas electorales para solucionar el problema de Catalunya, que seguirá siendo tal el día después de las elecciones. El último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat apunta que el 78,7 por ciento de los catalanes está muy o bastante de acuerdo con la celebración de una consulta de autodeterminación y, en este contexto, el 48,1 por ciento de catalanes quiere la independencia y el 44,1 por ciento la rechaza.
Al PSOE se le han caído del programa las referencias a la España plurinacional y apuesta por “un nuevo impulso del autogobierno” que rechaza por igual el “derecho de autodeterminación” que vertebra los programas electorales de ERC y Junts per Catalunya, y “el estado de excepción territorial con carácter permanente a través del artículo 155” que proponen el PP y Ciudadanos. Los de Casado acuden al 28A con la intención de volver a penalizar la convocatoria de referendos y prohibir por ley los indultos en los casos de sedición y rebelión; y los de Rivera, con la promesa de actualizar esos dos delitos en el Código Penal e impedir que “los fugados de la justicia” puedan volver a presentarse a las elecciones. Unidas Podemos, por su parte, plantea normalizar todo tipo de consultas y llevar a cabo un referéndum pactado sobre Catalunya, mientras que Vox propone suspender la autonomía catalana e ilegalizar todos los partidos independentistas.
Con estas claves en la cabeza habrá que votar el 28 de abril porque, a pesar de la celebrada queja que el parlamentario de Compromís Carles Mulet realizó en el Pleno del Senado, hay muchas posibilidades de que el soniquete de la próxima legislatura vuelva a ser el que monopolizó la anterior: “Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya, Catalunya…”
