En una reciente entrevista en La Razón, el vocal del Consejo General del Poder Judicial D. José María Macías Castaño – que es, de acuerdo al citado periódico, el “puntal” del bloque conservador de tal órgano – afirmaba impertérrito que “hacer lo adecuado no es síntoma de rebelión, sino de responsabilidad”. Ocurre, sin embargo, que en este caso “lo adecuado” es, según él mismo reconoce, saltarse la ley, en concreto la Ley Orgánica 8/2022, que el Parlamento aprobó recientemente. Que a él, en cuanto ciudadano y por tanto a título personal, esa norma le parezca una irresponsabilidad resulta perfectamente legítimo. Pero que, en su calidad de magistrado, afirme públicamente que las leyes que a uno le parezcan “inadecuadas” no han de cumplirse es de una temeridad que raya en la incapacitación. Y que lo haga, ya como instalado en el colmo del despropósito, desde uno de los veinte sillones que constituyen el Gobierno de los jueces refleja el punto de deterioro institucional que hemos alcanzado. ¿Qué está ocurriendo?
Una y otra vez el señor Macías justifica su desobediencia en aras de “la independencia judicial”, lo cual no deja de resultar doblemente sarcástico. Por un lado, y desde un punto de vista teórico, ¿qué es la independencia judicial sino la seguridad de que los jueces se encuentren, tal y como la Constitución establece, “sometidos tan solo al imperio de la ley”? Convertidos de golpe a la doctrina absolutista, premoderna y profundamente iliberal del Derecho Natural, algunos parecen asumir que tienen hilo directo con “La Verdad”, así con mayúsculas (con “La Adecuación”, más bien, que vendría a ser su hermana gemela), de tal modo que se sitúan por encima de la ley vigente, del Parlamento democráticamente elegido, de la Soberanía Popular y de otras minucias de similar calado. ¿Para qué elecciones, representación y alternancia cuando ya sabemos distinguir “lo adecuado” de lo que no lo es? Costó siglos – y mucha sangre - superar esa concepción del Derecho, y sorprende y asusta a partes iguales encontrarla nada menos que en el corazón del Gobierno de los jueces.
Pero es del lado de la práctica de donde procede el mayor cinismo. De los 5.408 jueces que hay en España, los únicos que – siquiera por un elemental sentido del pudor – jamás deberían hablar de “independencia judicial” con respecto al poder político son los 12 magistrados que se sientan entre los 20 vocales que tiene el Consejo, porque todos y cada uno de esos 12 magistrados saben a ciencia cierta qué partido concreto los ha colocado ahí. De independencia judicial pueden hablar los miles de jueces “de abajo”, los de a pie de calle. Hombres y mujeres (sobre todo mujeres: ya son el 56%) que han aprobado una oposición durísima y que, ellos y ellas sí, se limitan a aplicar la ley y lo hacen, como debe ser, con una venda en los ojos que impide favoritismos y componendas. Independientes son el juez Castro imputando a la Infanta o la jueza Alaya haciendo lo propio con Griñán y Chaves, pero… ¿Macías y los otros 11 jueces elegidos para el Consejo por los diferentes partidos son los que van a garantizar la independencia judicial? Oigan, por favor. Un respeto al sentido común. Lo que garantizan es precisamente lo contrario.
La percepción que los ciudadanos españoles tienen de “la independencia judicial” es una de las más bajas de Europa. No es una percepción que se genere debido a la actividad de los jueces y juezas “de abajo”, a aquellos con los que los ciudadanos de pie tratamos en su caso. Muy al contrario, tiene su origen en la evidente y palmaria politización de la cúpula del poder judicial: el CGPJ, el Tribunal supremo y los Tribunales superiores de Justicia. Es en “las alturas judiciales” donde la ciudadanía ve que la cosa está podrida de partidismo. Y lo ve porque sencillamente lo está.
Todo este episodio del CGPJ – incomprensible, por lo demás, para el ciudadano medio – se explica única y exclusivamente porque sus 20 vocales están politizados hasta la médula. El señor Macías, por descontado, niega rotundamente ese extremo y afirma que “no hay una correa de transmisión desde los partidos”. Pero es falso, la hay. La primera gran decisión que tuvieron que tomar los 20 vocales, en su primera reunión, consistía en elegir a su presidente. Fue en 2013 y eligieron a Carlos Lesmes. Pero, como todo el mundo sabe y la prensa publicó con absoluta normalidad, no fueron ellos los que lo hicieron: fueron Rajoy y Rubalcaba. Ocurre que el PP y el PSOE acostumbran a comunicar a la ciudadanía el candidato que elegirán los 20 vocales antes de que estos se reúnan, deliberen y voten. Si eso no fuera suficiente prueba de la existencia de esa correa, el wasap de Cosidó, senador del PP, felicitando a sus compañeros de partido porque “controlaremos desde detrás la Sala segunda” debería desterrar cualquier duda al respecto. Y echen, en fin, un vistazo al CV de Álvaro Cuesta, elegido en el CGPJ por el PSOE… ¿de veras alguien cree que este señor no está politizado?
Lo que está ocurriendo es una vergüenza brutal sobrevenida sobre una vergüenza inicial. La vergüenza inicial es el procedimiento de elección del Consejo, que lo coloca a los pies de los partidos, y con él a toda la cúpula judicial. La vergüenza sobrevenida y brutal es lo que está haciendo el PP, que lleva cuatro años bloqueando la renovación. El principal partido de la oposición incumple la ley abiertamente. No lo hace por “la independencia judicial”, todo lo contrario: lo hace porque en el Consejo actual tiene mayoría y por tanto el control. Esto es, lo hace por la “dependencia judicial” más descarnada que se pueda concebir. Se está llevando por delante la institución, tal y como Cristina Cifuentes se llevó por delante a la Universidad Rey Juan Carlos. Le da igual. Pablo Casado llegó a un acuerdo de renovación, Feijoo prefiere el bloqueo. Sin siquiera tocar el poder, el actual PP ha logrado pudrir todavía más una situación ya de por sí vergonzosa, como constantemente nos recuerdan desde Europa. Con moderados así, ¿quién necesita radicales?