En más de ciento treinta ayuntamientos gobierna la extrema derecha en España, entre los cuales se encuentran ciudades relevantes como Alcalá de Henares y capitales de provincia como Toledo, Valladolid, Burgos, Guadalajara y Ciudad Real. El partido de Abascal sacrifica sus gobiernos autonómicos en una operación que cuesta pensar que no tiene detrás una estrategia medida, que cuesta pensar que sea solo fruto de un calentón. A veces se gobierna más en la oposición y marcando la agenda mediática que desde los despachos, e incluso hay liderazgos autoritarios que creen tener el respeto y control de la organización moviendo a las personas como si fueran las fichas de una partida de ajedrez.
La extrema derecha sigue gobernando, que no nos lleven a error los maestros de las fake news, los que no cuentan nunca la realidad como es sino como quieren que la veamos. Vox gobierna en España, mayormente de la mano del PP, y lo hace en lo local, en los ayuntamientos, que son los lugares de gobernanza que determinan gran parte de las políticas públicas que nos dan o nos quitan calidad de vida en el día a día. El ámbito municipal es desde donde se teje la localización de las políticas, es el espacio donde, con el contacto directo y la convivencia, mejor se puede llegar a desactivar la desinformación de la extrema derecha.
Sorprende lo fácil que le ha resultado a la extrema derecha colar el relato de que el origen y detonante de la ruptura está en el acuerdo de reparto voluntario (subrayen lo de voluntario) entre las CCAA de menos de medio millar de chicos y chicas menores de edad que han llegado solos a nuestras fronteras. Un acuerdo que tiene prácticamente los mismos mimbres, en cuanto a criterios y exigencias, que los acuerdos que vienen realizándose desde el 2022. Acuerdos en los que comunidades ya gobernadas por PP y Vox han recibido los fondos, pero no han habilitado las plazas para que fueran ocupadas por las personas menores de edad. E incluso si lo han hecho, y después esaa plazas se han quedado vacantes, no se han molestado en volver a cubrirlas o devolver el dinero. Una solidaridad de poner la mano para recibir y de muy poco dar.
La falta de información y transparencia de muchas CCAA con los miles y miles de euros que han recibido para acoger a las infancias que migran solas no es noticia y debería serlo. Debería ponerse el foco en que, si nos fijamos solo en el acuerdo de 2023, tan solo cuatro de 16 CCAA cumplieron el reparto acordado en los mismos términos que el de este año, tal y como ha sacado a la luz Gabriela Sánchez en este diario. De los 373 chicos y chicas que deberían haber sido trasladados a la península el año pasado, solo fueron 67. Por tanto, piensen una cosa, la mayor parte de las y los chicos migrados que han llegado a España sin referentes adultos y están varados y si están siendo atendidos en recursos de protección, de autonomía o de sinhogarismo en la península es porque ellos han llegado (desde la frontera) a esos puntos por su propio pie. Un camino en el que están completamente expuestos a extorsiones y a abusos, siendo víctimas no pocas veces de mafias y organizaciones criminales que los utilizan y captan; de muchos se pierde el rastro y nada se vuelve a saber, hay quienes sospechan de redes de tráfico de órganos.
Las chicas y chicos que llegan a España sin referentes adultos, dada la atención actual y las vulneraciones de derechos que se produce desde que pisan nuestro país, podríamos decir que son víctimas. Estamos hablando de personas de entre 10 y 17 años que en su búsqueda de oportunidades de una vida digna están sufriendo violencia institucional, policial, física, sexual, psicológica… y también política y de odio. No es la Ley de Extranjería la ley a aplicar, sino la Lopivi, la Ley de protección a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. Una violencia que incitan y siguen ejerciendo los cargos salientes de los gobiernos de Castilla y León y de Aragón en un acto más de esa cobardía que caracteriza su papel público: la mala educación, el mínimo esfuerzo y el meterse con los débiles.
La ruptura de Vox con el PP en los gobiernos regionales es una instrumentalización más de la extrema derecha para tratar de acaparar atención y votos a su discurso abiertamente xenófobo y racista, pero también le está sirviendo al PP para aparentar hacer lo que no está haciendo, que es ser solidario con las infancias que migran solas. Los datos lo dicen en las CCAA donde gobierna; es más, sus políticas hacia estos jóvenes (especialmente en la comunidad de Madrid) son las que ahondan en el estigma y les empujan a la exclusión social, obviando toda normativa de derechos humanos y de derechos de infancia y de adolescencia.
La inmigración no es un problema, el problema son los que señalan la inmigración como problema con la única finalidad de alcanzar, mantener y monopolizar el poder ejecutivo pasando por encima de valores de convivencia, humanización y pluralidad, queriendo embrutecer a la ciudadanía para que piense y actúe de forma simplista y visceral. De eso va la ruptura de Vox con el PP, de poder. Los niños, niñas y adolescentes que migran solos son su chivo expiatorio. Mientras, quieren instalar el odio y la mentira. Esa gente sobre la que siembran sospecha es la que sale todos los días a trabajar a sus casas, sus campos, sus restaurantes, sus bares, sus jardines, sus salones de belleza... Gente digna que un quiero y tengo como vecina porque la sociedad es nuestra, de todos, como exactamente lo son las y los niños, las y los adolescentes que necesiten apoyo, acompañamiento, que busca oportunidades, vengan de donde vengan. Son nuestros, de todos.