6,2 millones de euros. Es el montante de dinero público que la Comunidad de Madrid entregó a Ausbanc durante los tres últimos años de Alberto Ruiz-Gallardón como presidente y todo el periodo de Esperanza Aguirre al frente del gobierno autonómico. Para otorgarle las subvenciones, Ausbanc recibió el trato de entidad sin ánimo de lucro, requisito indispensable para acceder tanto a las convocatorias destinadas a las asociaciones de consumidores como a otras que utilizaban fondos europeos para acciones de fomento del empleo.
Tras las reiteradas peticiones del grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid, la presidenta de la Cámara ha trasladado a esta formación una relación de las 34 subvenciones otorgadas por los sucesivos gobiernos autonómicos del PP a Ausbanc Consumo, Ausbanc Empresas y Ausbanc Madrid entre 2001 y 2012. En 2008, el año que logró el mayor montante, la Comunidad de Madrid subvencionó a Ausbanc cuatro proyectos, por un montante total de 841.621,38 euros.
Luis Pineda, que en los últimos años profirió todo tipo de insultos contra las asociaciones de consumidores por recibir subvenciones, centraba buena parte de sus esfuerzos en acceder al dinero público. A partir de 2012, en su cuenta de Twitter hay 172 tuits donde menciona la palabra “subvenciones”, en casi todos los casos para presumir de que Ausbanc no las recibía –ocultando que era así porque comenzaron a negárselas– o acusar a aquellas asociaciones que sí lo hicieran de “incompetentes”, “acomplejados”, “caraduras”,“corruptas”, “golfos”, “zombies”, “parásitos”, “vividores del cuento” y, cómo no, “caza subvenciones”.
“Hay que eliminar ya las subvenciones a las asociaciones de consumidores”, dijo en un tuit el 4 de mayo de 2012. Acababan de expulsar a Ausbanc del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, donde el Ministerio de Sanidad, con Ana Mato al frente, había vuelto a inscribirla una década después de que el primer gobierno de Zapatero la sacara de él –la primera vez entró con Ana Pastor como ministra de Sanidad–. Del registro de asociaciones de consumidores de la Comunidad de Madrid no salió hasta que Pineda entró en prisión.
Según los datos ofrecidos por el Gobierno regional a la Asamblea de Madrid, Ausbanc recibió 6.202.273,74 euros en 12 años, entre 2001 y 2012. Los seis proyectos subvencionados en la etapa en que gobernaba Ruiz-Gallardón representaron 729.038,42 euros. Con Aguirre fueron 28 subvenciones, cuyo importe total ascendió a 5.473.235,32 euros.
El dinero fue a parar a tres de las entidades del entramado creado por Pineda. A Ausbanc Empresas fueron a parar 5.043.976,25 euros a través de 21 subvenciones aprobadas entre 2003 y 2011. Para Ausbanc Consumo, 949.417,26 euros repartidos en nueve subvenciones entre 2001 y 2008. En cuanto a Ausbanc Madrid, recibió 208.880,23 euros a través de cuatro subvenciones concedidas entre 2009 y 2012.
Según el documento remitido a Podemos Madrid por la presidenta de la Asamblea, en el “Sistema de Información Económico Financiera de la Comunidad de Madrid” aparecen “en el periodo 2000 a 2015” 34 subvenciones, la primera de las cuales fue concedida en abril de 2001. No figura ninguna en los años 2013, 2014 y 2015.
Las primeras subvenciones fueron otorgadas en la etapa en que la esposa de Luis Pineda, Teresa Cuadrado –una de las personas actualmente imputadas en el caso Ausbanc–, era directora general de Consumo de la Comunidad de Madrid. Su cese ya con Aguirre como presidenta no impidió que los negocios de la familia Pineda Cuadrado continuasen recibiendo ingentes cantidades de dinero público, sino todo lo contrario.
Durante los gobiernos presididos por la condesa consorte de Bornos y de Murillo, Ausbanc fue una auténtica privilegiada en la concesión de subvenciones destinadas a las asociaciones de consumidores de la Comunidad. Otorgadas en régimen de concurrencia competitiva, el negocio disfrazado de “asociación de usuarios” se situó en la primera posición durante varios años, por delante de hasta una decena de organizaciones que también optaban a ellas.
Y hubo muchas más subvenciones. Ausbanc, cuyo propietario permanece en prisión incondicional acusado de los delitos de estafa, extorsión, amenazas, fraude en las subvenciones, administración desleal y organización criminal, también recibió dinero público destinado al “asesoramiento e información a nuevos emprendedores para la creación de Pymes”. Otro de los proyectos subvencionados a lo largo de varios años tenía como objetivo “el desarrollo de actuaciones en materia de intermediación laboral”. para “divulgación, ayudas y seguimiento línea ICO de microcrédito 2003”.
Pero las subvenciones de mayor cuantía fueron las otorgadas por la Consejería de Empleo y Mujer para desarrollar “acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo”, denominadas OPEA, con fondos de la Unión Europea. Ausbanc las recibió durante once años, entre 2001 y 2011, pese a que el requisito fundamental para acceder a ellas era que el solicitante careciese de fines lucrativos. Y también en este caso se posicionó especialmente bien frente a las entidades con las que competía: por ejemplo, en 2004 recibieron estos fondos sesenta y cinco entidades y Ausbanc ocupó el número siete entre las más subvencionadas. Recibió una cantidad similar a la que fue a parar a CCOO. Ese año, al frente de la Consejería de Empleo y Mujer estaba Juan José Güemes. En 2008, siendo ya consejera la actual presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, el montante recibido por Ausbanc fue el tercero más elevado ese año.
El auto por el que el juez Santiago Pedraz decretó el ingreso en prisión de Pineda el pasado abril mencionaba una de estas subvenciones, otorgada en 2004 por importe de 309.774,96 euros, y señalaba que “se desconoce si, en el momento de la subvención, [Ausbanc Empresas] estaba capacitada para poder atender las necesidades que se requerían, por no ser ese el fin principal de la asociación”.
El mismo auto plantea que Ausbanc podría haber hinchado su número real de socios para lograr acceder a subvenciones. “No se llegaría al número de asociados exigido en alguna convocatoria (10.000 en el caso de las subvenciones otorgadas por el Instituto Nacional de Consumo), ya que analizadas las cuentas anuales presentadas por la Asociación, ese número de socios no parece posible vista la cantidad económica declarada en las mismas al respecto de sus aportaciones”.
Además, el auto de Pedraz advierte de que “en prácticamente todas las subvenciones analizadas se exigía como condición ineludible el no tener ánimo de lucro en sus actividades, lo que, como se sigue, no se cumplía ya que todos los miembros de los órganos de administración de estas asociaciones investigadas perciben retribuciones, tanto de éstas como de otras de las empresas asociadas en el entramado financiero creado ad hoc”.
A mediados de junio, Pedraz pidió a la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Sanidad toda la información relativa a las subvenciones concedidas a Ausbanc desde 2004 hasta la actualidad. Información que tendrá que ser mucho más detallada que la facilitada por la Asamblea de Madrid, ya que el objetivo de la investigación –y el de la acusación popular ejercida por Podemos y FACUA– es determinar si Ausbanc simuló que cumplía los requisitos que se exigían para cada una de las subvenciones y si los responsables de su concesión en el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid actuaron correctamente al dar luz verde a todas ellas.