Pero ¿quién (des)gobierna este mundo?
Entre los principales retos que se nos plantean en este mundo globalizado, el aumento de la desigualdad debida a la creciente concentración de la riqueza ocupa un lugar prioritario. El famoso lema del movimiento Occupy, “Somos el 99%”, implica que el 1% restante de la población es la que concentra la riqueza. Pero esa cifra resulta excesiva. En realidad, tan solo el 0,001% de la población mundial (algo más de 100.000 personas) controla el equivalente a una quinta parte del PIB mundial, según pone de manifiesto el informe sobre el estado del poder 2014 de la organización Transnational Institute (TNI). Esta concentración de la riqueza económica se corresponde con un dominio cada vez mayor de las empresas transnacionales en la economía mundial.
Si bien es cierto que los gobiernos siempre han ejercido su poder político en beneficio de ciertos intereses, en la actualidad en muchos casos son las propias transnacionales, a través de sus lobbies, las que dictan leyes y regulaciones, incluidas las políticas industriales, presupuestarias, financieras, laborales, sociales o medioambientales. La concentración de la actividad económica por esas grandes empresas transnacionales les permite actuar como una auténtica clase social internacional cuyo objetivo es defender sus intereses económicos frente al bien común. Pero además, buscan legitimar su ejercicio del poder y acabar con conceptos como el interés público, el estado de bienestar o el bien común.
Para ello, desde hace años están funcionando foros empresariales internacionales para influir en las instituciones internacionales, impidiendo o desmontando cualquier barrera regulatoria y sentando las bases que faciliten su crecimiento. Por ejemplo, la European Round Table of Industrialists (ERT), red de unas 50 grandes empresas europeas que desde principios de los años ochenta decidieron trabajar conjuntamente para dar forma a la política europea y fomentar el desarrollo de un mercado interior “competitivo”, mediante una regulación (o desregulación) favorable a sus intereses.
En el ámbito de las Naciones Unidas, las grandes empresas transnacionales están posicionándose también en los debates sobre la agenda del desarrollo. Su voluntad de participar activamente en el rediseño de la gobernanza global se constata en las declaraciones e iniciativas del Foro Económico Mundial o Foro de Davos (WEF, en sus siglas en inglés), la mayor y más conocida asociación de líderes empresariales del mundo desde la que se apuesta por un nuevo sistema de gobernanza en el que los asuntos mundiales sean gestionados no por los Estados, sino por alianzas formadas por los grupos de interés (stakeholders), es decir, por las empresas transnacionales, los gobiernos más poderosos, un grupo de intelectuales escogidos y algunos miembros invitados de la sociedad civil.
Esta apuesta por la concurrencia de los “múltiples agentes interesados” (multistakeholderism) para definir las soluciones a los asuntos globales está penetrando cada vez más el sistema de gobernanza global. Como resultado, son las empresas transnacionales las que están asumiendo el protagonismo, dado su enorme poder al que difícilmente pueden enfrentarse otros actores, como las organizaciones de la sociedad civil o incluso otros gobiernos o los parlamentos nacionales.
Las grandes trasnacionales están participando, e incluso asumiendo el protagonismo, en varios de los programas y procesos en marcha en Naciones Unidas, en especial en los relacionados con temas tan sensibles como la alimentación, el agua o la energía.
Ya desde 2002, a raíz de la Cumbre de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible, se desarrolló un Plan de Aplicación que dio lugar a cerca de 200 alianzas para el desarrollo sostenible, la mayoría con la participación del sector privado empresarial. Del mismo modo, desde la Secretaría General de Naciones Unidas se han promovido alianzas específicas para acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La cuestión que se plantean numerosas organizaciones de la sociedad civil es: ¿cómo se puede aceptar financiación para la consecución de los ODM de transnacionales y sus fundaciones mientras que sus políticas empresariales despojan de derechos a grandes grupos de población?
Este nuevo modelo de gobernanza que se está imponiendo en Naciones Unidas, y las soluciones propuestas, supone la imposibilidad de debatir sobre modelos alternativos al actual, al incorporar al sector privado empresarial como parte de la solución sin reconocer que también es parte del problema. Además, se está produciendo una drástica rebaja de los estándares de referencia de Naciones Unidas. Por ello, desde la sociedad civil se reclama que Naciones Unidas vuelva a asumir un papel central en la transformación para el cambio, en lugar de legitimar la idea de que no hay alternativa a las imposiciones del “libre mercado”.
Entre los principales problemas que plantea este modelo de gobernanza cabe destacar que la participación del sector privado empresarial en el desarrollo implica riesgos, que son soportados por el sector público, mientras los beneficios son para los inversores privados y las empresas. El sector privado empresarial no asume responsabilidades ni tiene obligación de rendir cuentas. Además, existe un evidente desequilibrio de poder entre las partes, por no hablar de la ausencia total de democracia en este nuevo modelo de gobernanza global.
A pesar de todo ello, tanto estados comprometidos con el bienestar de su población como organizaciones de la sociedad civil trabajan para evitar esta situación. En estos días se ha celebrado el 26º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH), en el que Ecuador ha liderado una iniciativa de 85 países miembros para establecer un instrumento legal obligatorio que haga cumplir a las empresas transnacionales con las normas relacionadas con los derechos humanos y que sancione su violación en los territorios donde dichas empresas llevan a cabo su actividad. Esta iniciativa se enfrenta a la oposición, entre otros, de la Unión Europea, Japón o Estados Unidos, países en los que tienen su sede muchas de las transnacionales.
Por otro lado, numerosas organizaciones de la sociedad civil, tanto en los países del Norte como del Sur, llevan a cabo campañas de incidencia política y de sensibilización de la población sobre la gravedad de la impunidad con que actúan las empresas transnacionales, así como sobre sus planes para sustituir la democracia por una gobernanza guiada por esas grandes empresas. Ejemplo de ello es la campaña global “Desmantelemos el poder corporativo”, que reúne a más de 100 organizaciones de Europa, África, América Latina, Norte América y Asia con el objetivo de promover acciones de solidaridad entre movimientos sociales y redes locales y nacionales para aumentar la visibilidad de las campañas existentes sobre violaciones de derechos humanos por parte de las transnacionales en todo el mundo.
Asimismo, se está generando entre las organizaciones y movimientos sociales a ambos lados del Atlántico una amplia oposición al Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversiones (TTIP), que está siendo negociado en la actualidad por la UE y Estados Unidos, con amplia participación de los lobbies empresariales, mientras las negociaciones se mantienen en secreto para el resto de la ciudadanía.
Entre los numerosos temas preocupantes que podría incluir este Tratado se encuentra el llamado Mecanismo de Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés), que permite a las empresas demandar directamente a los estados en tribunales de arbitraje internacionales (creados ad hoc y que escapan a cualquier control, pasando por encima de gobiernos y sistemas judiciales nacionales) cuando esas empresas o inversores consideren que ciertas medidas gubernamentales han afectado a sus intereses como inversores. Las compensaciones a las empresas pueden llegar a ser de miles de millones de dólares. Estos mecanismos de solución de controversias están ya implantados a través de numerosos acuerdos comerciales y de inversión bilaterales, y existen numerosos casos de demandas por parte de empresas a estados soberanos.
En la actualidad, la Comisión Europea tiene abierta, hasta el 6 de julio, una consulta pública sobre el ISDS. Si bien esta consulta consiste en un extenso documento de 44 páginas, con preguntas muy técnicas y difíciles de contestar por no especialistas en inversiones, varias organizaciones sociales consideran relevante contestar a dicha consulta para mostrar a la Comisión nuestro desacuerdo, por lo que han desarrollado una herramienta online que permite responder individualmente a la consulta de manera sencilla. Esta herramienta está disponible en la web www.no2isds.eu.
Este artículo refleja exclusivamente la opinión de su autora.
