¿Qué se entiende por estrategia de la crispación? En general, se trata de un desacuerdo permanente y sistemático que acaba siendo una amenaza para la convivencia democrática. Cualquiera que haya tenido ocasión con la desescalada de compartir sobremesa en alguna terraza, ha podido escuchar conversaciones entre los comensales de al lado en idénticos términos a los que cada semana, desde que empezó la COVID-19, se producen en el Parlamento.
“Iglesias tiene la culpa de las muertes en las residencias”. “El Gobierno de Sánchez tenía las competencias y por su culpa han muerto 40.000 personas”. “Si hubieran prohibido el 8M, no hubiera habido tantos muertos”. “Tendrían que estar en la cárcel”.... Si en el Congreso no hay espacio para los grises o los matices y en los medios de comunicación, especialmente en las mesas de debate, se recurre más a la brocha gorda que al análisis y al dato, lo natural es que la ciudadanía -que ha deglutido en 100 días más horas de televisión que en años- no eche mano del pincel fino para dibujar su propio cuadro sobre lo ocurrido o las posibles soluciones a futuro.
Nunca antes el enconamiento político llegó tan rápido a la calle, a los chats de amigos, a los hilos familiares o a las comidas de trabajo. O estás con unos o estás con otros. Y pobre del que busca espacio para una gama distinta a la de todo es blanco o todo es negro. La equidistancia es un campo minado y el equidistante, un traidor, un soplagaitas, un melifluo, un vendido...
El uso y abuso de la mentira es tan obsceno que ni los partidos, ni los medios, ni los ciudadanos se molestan siquiera en recurrir a las fuentes inapelables en busca de certezas o verdades absolutas, que casi siempre en estos casos están en el BOE, en los decretos, en las órdenes ministeriales y en los protocolos escritos. Pasa con el encrespado debate sobre quién tenía las competencias de las residencias de mayores durante el estado de alarma y la confusión sobre hasta dónde sí y dónde no llegaba el mando único.
La gente ha asumido como propio el argumentario distribuido por los de Casado entre sus cargos para que se culpe a Pablo Iglesias de la tragedia en los centros de mayores que dependían del gobierno de la popular Díaz Ayuso. Las consignas se contaban en un texto publicado en este diario por Iñigo Aduriz. En ellas se obvia, por supuesto, que la Comunidad mantuvo intactas todas sus atribuciones y en el que se apunta solo a la “actuación negligente” del vicepresidente segundo como causa única de las 6.000 muertes.
La consigna es defender a Ayuso, que “se ha sentido sola y ha tomado decisiones valientes como la construcción del hospital de IFEMA”, se lee en el documento, que tampoco dice que la instalación en el recinto ferial se levantó gracias a la colaboración del Ejecutivo regional con el Gobierno de España y con el Ejército.
Si el gobierno madrileño hubiera perdido las competencias en Asuntos Sociales, Ayuso jamás podría haber apartado al consejero Reyero de la gestión de los centros para dársela al titular de Sanidad, ni Reyero hubiera advertido por mail de las consecuencias penales de la instrucción escrita con la que la Comunidad impuso la orden de no trasladar mayores desde las residencias a los hospitales. Aún así pocos se han molestado en recurrir al BOE para ver que el primer decreto de alarma deja negro sobre blanco que las Comunidades autónomas no perdían ninguna de sus atribuciones, pese al mando único.
La mentira mil veces repetida no se convierte en verdad, pero acaba instalándose en la calle. Ha pasado con las residencias como pasó con la compra de material sanitario, los test rápidos y las mascarillas. Cuando faltaban, la culpa era del Gobierno de Sánchez. Cuando llegaban a los centros sanitarios era mérito solo de los gobiernos regionales.
Aquí ya no hay más relato que el de sacudirse la responsabilidad de lo que se hizo, como advirtió por escrito Reyero. Lo que no se explica es que alguien que denunció la ausencia de ética y avisó de la posible derivada penal de lo que hacía su propio gabinete siga sentado en la mesa del consejo de gobierno. Ni esto ni la estrategia de la crispación de la derecha se arregla con un café y un par de horitas de conversación como propuso la vicepresidenta Calvo a la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, tras acusar al Gobierno de una “vulgar operación de camuflaje fruto de una desesperación terminal” para “tapar su letal gestión del virus” en los tribunales.
Si no son capaces de entenderse ante la mayor crisis sociosanitaria del país, ¿para qué están? La pregunta se la ha hecho el presidente de la comisión para la reconstrucción nacional, el socialista Patxi López, y no le falta razón. ¿Para qué están, además de para crispar y cruzar acusaciones mutuas? El café que sea doble, por favor. No hay otra forma de soportar el hartazgo que provocan ni la brecha abierta entre amigos, familiares o compañeros.