Cuando EEUU amenaza con la cárcel y la muerte a los que muestran la verdad

No sé si somos conscientes de la persecución a la que están sometidas algunas personas en Estados Unidos en lo que está siendo la mayor represión a la libertad de información en ese país. Si cualquier otra nación estuviese planteando cadena perpetua o pena de muerte para personas como Bradley Manning, Julian Assange, Jeremy Hammond o Edward Snowden no dudaríamos en condenarlo y no incluir a ese país entre los estados democráticos.

Sin embargo, Estados Unidos se lo puede permitir. Algunos países europeos y sus instituciones han expresado su preocupación por los contenidos difundidos pero no han condenado la criminalización y persecución de las personas que han ayudado a descubrir la verdad.

Bradley Manning está acusado de crímenes por enviar cientos de miles de archivos clasificados, documentos y vídeos a Wikileaks. El vídeo Asesinato Colateral muestra un helicóptero de ataque Apache estadounidense matando a 12 civiles e hiriendo a dos niños en Bagdad en 2007. A continuación, el helicóptero dispara y mata a la gente que trataba de rescatar a los heridos. Por último, un tanque de EEUU pasa por encima de uno de los cadáveres, cercenándolo por la mitad. Estos actos constituyen, por separado, tres crímenes de guerra. En opinión de la expresidenta de la Asociación Nacional de Abogados y subsecretaria general de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, Marjorie Cohn, Manning cumplió con su obligación legal de denunciar crímenes de guerra. No sólo cumplió su deber legal de obedecer las órdenes legítimas, sino también el de desobedecer órdenes ilegales. Cohn ha recordado las legislaciones que así lo establecen:

El capítulo 499 del Manual de Campo del Ejército dice: “Cada violación de la ley de la guerra es un crimen de guerra”. Las leyes sobre la guerra están en los Convenios de Ginebra.

El artículo 85 del Primer Protocolo de la Convención de Ginebra explicita que los ataques a la población civil o a personas constituyen una infracción grave. Hacer fuego sobre los civiles y el asesinato que se muestran en el vídeo Asesinato Colateral es una violación de esta disposición de Ginebra.

El artículo 3 de los Convenios de Ginebra exige que los heridos sean recogidos y asistidos. El artículo 17 del Primer Protocolo establece que la población civil “estará autorizada, aún por su propia iniciativa a recoger y atender a los heridos”. Dicho artículo también dice: “Nadie será dañado... por tales actos humanitarios”. El ataque a los rescatadores que se muestra en el vídeo Asesinato Colateral viola estas disposiciones de Ginebra.

Finalmente, la Sección 27-10 del Manual de Campo del Ejército establece que “el maltrato de los cadáveres” es un crimen de guerra. Cuando el jeep del Ejército pasó por encima del cuerpo muerto, violó esta disposición.

En los Asuntos Diarios del Ejército de los Estados Unidos, artículo Nº 27-1 se trata de “la obligación de informar acerca de todas las violaciones de la ley de la guerra”. En su audiencia de declaración de culpabilidad, Manning explicó que había ido a su cadena de mando y pidió que se investigase el vídeo Asesinato Colateral y otros de “pornografía bélica”, pero sus superiores se negaron. “Estaba preocupado por la actuación respecto a los niños heridos”, dijo Manning. También estaba molesto porque los soldados que aparecen en el vídeo “parecía que no valoraban la vida humana al referirse a [sus objetivos] como 'bastardos muertos'”.

Sin embargo, entre los cargos que se le imputan a Manning está el de “colaborar con el enemigo”. Los fiscales piden cadena perpetua pero, de ser declarado culpable, el juez podría determinar la pena de muerte. Mientras tanto, ninguno de los militares que aparecen cometiendo crímenes de guerra en la información desvelada por Manning ha sido procesado.

En cuanto al papel de Wikileaks, su primera actividad de difusión fue el vídeo anteriormente citado. Durante el año 2010, Wikileaks hizo públicos tres enormes paquetes de información más: el Afghan War Diary (Diario de guerra de Afganistán), en el que soldados estadounidenses militares ofrecen la verdad sobre el asesinato por parte de la OTAN de civiles afganos, sus mentiras y secretos, y el apoyo a un corrupto régimen afgano nada democrático; otro paquete similar relativo a Irak, llamado Iraq War Logs (Bitácoras de la Guerra de Iraq), y finalmente, Cablegate, una colección de cables intercambiados entre Washington y en 274 países durante el periodo 1966-2010.

Otro cable posteriormente publicado como parte de cablegate expone los detalles de una presunta masacre perpetrada en 2006 por soldados estadounidenses en la localidad iraquí de Ishaqi, al norte de Bagdad. Once personas fueron asesinadas. El cable detalla relatos de testigos que afirman que las personas, entre ellos cinco niños y cuatro mujeres, fueron primero esposadas y luego ejecutadas con disparos en la cabeza. A continuación, las Fuerzas Armadas estadounidenses bombardearon su casa, presuntamente para encubrir el incidente. Este tipo de ataques determinaron que el gobierno iraquí decidiera que ya no otorgaría inmunidad a los soldados estadounidenses en Irak.

La secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, consideró las acciones de Wikileaks como “un ataque contra la comunidad internacional”. Su fundador, Julian Assange, lleva casi un año sin poder salir de la embajada de Ecuador en Londres, tras haberle concedido asilo político el Gobierno de Rafael Correa. Ya anteriormente estuvo 18 meses bajo arresto domiciliario, después de haber sido perseguido por todo el mundo por las agencias de inteligencia de EE.UU. Assange y sus defensores temen que su traslado a Suecia facilite una supuesta demanda de extradición por parte de Washington, bajo los cargos de espionaje y alta traición que podrían conducir a la pena de muerte, tal como reclaman las fuerzas ultraconservadoras estadounidenses. Tanto sus abogados, como organizaciones de derechos humanos y el Gobierno de Ecuador están convencidos que el proceso por agresiones sexuales por el que Suecia exige su repatriación es solo una argucia para atender las exigencias de Estados Unidos, país donde terminaría extraditado.

De hecho ni Suecia ni el Reino Unido han garantizado a Ecuador que, una vez Julian Assange cumpla sus responsabilidades legales en Suecia, no fuese extraditado a Estados Unidos. Tampoco las autoridades suecas han aceptado tomarle declaración en la embajada de Ecuador en Londres, a pesar de que es una medida perfecta y legalmente posible. Todo ello ha llevado al Gobierno de Ecuador a considerar que “Assange no tendría un juicio justo, podría ser juzgado por tribunales especiales o militares, y no es inverosímil que se le aplique un trato cruel y degradante, y se le condene a cadena perpetua o a la pena capital, con lo cual no serían respetados sus derechos”.

El caso de Jeremy Hammond es probablemente el menos conocido. Se enfrentaba a más de 30 años de cárcel acusado de cargos por hackear el sistema informático de una compañía privada de seguridad e inteligencia llamada Strategic Forecasting, o Stratfor, pero aceptó declararse culpable de un cargo de hackeo informático a cambio de una reducción de pena. Según explica su propio sitio web, Stratfor se dedica a “inteligencia geopolítica, previsiones económicas, políticas y militares”. Sin embargo, después de que Hammond, con ayuda de otros colaboradores, filtrara cinco millones de correos electrónicos de los servidores de Stratfor a WikiLeaks, quedó en evidencia que la compañía se dedica ampliamente al espionaje de activistas a solicitud del sector empresarial.

Coca-Cola contrató a Stratfor para espiar al grupo PETA, Personas por el Trato Ético de los Animales. Dow Chemical contrató a Stratfor para espiar a los activistas que dejaron al descubierto la participación de Dow en el desastre químico de Bhopal, India, en 1984, que se estima tuvo un saldo de 8.000 muertos y miles de heridos. Está previsto que el 6 de septiembre se pronuncie la sentencia de Hammond, que se enfrenta ahora a una pena de hasta 10 años de prisión. Sus abogados solicitaron que se contemple el tiempo de reclusión que ya ha cumplido, 15 meses, algunos de los cuales fueron en aislamiento.

El abogado Michael Ratner, presidente emérito del Centro para los Derechos Constitucionales y abogado de WikiLeaks y su fundador, Julian Assange, dijo en la puerta del tribunal tras la comparecencia de Hammond: “Esto es consecuencia del martillo de hierro con el que el Gobierno está golpeando a la gente que deja al descubierto los secretos de las corporaciones y del Gobierno, en realidad, los secretos de un imperio”.

El caso más reciente es el de Edward Snowden, un subcontratado de la CIA y la NSA (Agencia de Seguridad Nacional) para sus servicios de espionaje informático que filtró a The Guardian y a The Washington Post los programas de vigilancia masiva de las comunicaciones por parte del Gobierno de EE UU. Lo sacado a la luz en la prensa fue la existencia de una orden emitida por la Administración de Obama que exigía a la compañía telefónica Verizon la entrega a la Agencia Nacional de Inteligencia (NSA) del registro de decenas de millones de llamadas de sus clientes.

The Guardian y The Washington Post desvelaron también la existencia del programa secreto de vigilancia PRISM, que autorizaba a la NSA y al FBI a acceder a los servidores de nueve de las empresas de Internet más importantes de EEUU, entre ellas Microsoft, Google, Facebook o Apple. Mediante esta práctica, instaurada en 2008, el Gobierno podía acceder a archivos, chats, audios, vídeos, correos electrónicos o fotografías de sus usuarios. También desvelaron una directiva de la Casa Blanca por la que el presidente ordena a sus agencias de inteligencia establecer una lista de posibles países susceptibles de ser ciberatacados por EE UU. Por último, The Guardian filtraba la existencia de otro programa que permite a la NSA clasificar los datos que recopila en función del origen de la información. Esta práctica está orientada al ciberespionaje en el exterior y sólo en el mes de marzo permitió recopilar 3.000 millones de datos de ordenadores en EEUU.

Snowden justificó así su decisión de filtrar la información a la prensa: “La NSA ha levantado una infraestructura que le permite interceptar prácticamente todo y capturar la inmensa mayoría de las comunicaciones humanas de manera automática y sin seleccionar los objetivos. Si, por ejemplo, yo quiero ver sus correos electrónicos o el teléfono de su mujer, lo único que necesito es usar métodos de interceptación, que me permiten obtener correos, contraseñas, historiales de teléfono, datos de tarjetas de crédito. No quiero vivir en una sociedad que hace ese tipo de cosas... No quiero vivir en un mundo en el que se graba todo lo digo y lo que hago. Es algo que no estoy dispuesto a defender ni con lo que quiera vivir”.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano de Ohio John Boehner, calificó a Snowden como un “traidor” y el Gobierno de Estados Unidos prepara cargos contra el informático, que se encuentra en paradero desconocido. El FBI ha comenzado a interrogar a familiares y allegados de Snowden y el excongresista republicano Ron Paul, entrevistado por el canal Fox Business, afirmó que el Gobierno estadounidense podría recurrir a un avión no tripulado (drone) para asesinarlo.

Daniel Ellsberg, el analista militar que en 1971 filtró los llamados Papeles del Pentágono sobre la guerra de Vietnam, se ha declarado “impresionado” por la actitud de Snowden, quien a su juicio ha prestado “un servicio incalculable” a los ciudadanos. Si hubiera conocido los programas secretos de la NSA, “habría hecho exactamente lo que ha hecho”, dijo el domingo por la noche a la CNN el responsable de filtrar los documentos que revelaron la auténtica situación de la guerra de Vietnam y lo que pensaba el Departamento de Defensa sobre ese conflicto. Por su parte, Assange dijo que Snowden es un “joven heroico” por revelar estos programas de espionaje cuya “supervisión y políticas son secretas”.

Un repaso a las informaciones difundidas por estas tres personas muestra que ni pusieron en peligro la seguridad de Estados Unidos, ni colaboraron con el terrorismo, ni actuaron por motivaciones antipatrióticas o de servicio a una país ajeno al suyo. Su delito fue dar a conocer a la opinión pública los crímenes y los atentados a las libertades de su Gobierno y de sus empresas colaboradoras. Cuando eso supone años de prisión y amenaza de pena de muerte es que quizás ya no se vive en una democracia.